La conclusión se desprende de un informe del Consejo de la Magistratura. Los números que desnudan la doble vara judicial.
Fuentes cercanas a la exmandataria aseguraron a Tiempo que su equipo de abogados volverá a hacer un pedido de morigeración de las condiciones de detención.
El informe del Consejo de la Magistratura, elaborado a partir de pedidos de Acceso a la Información Pública, expone un escenario de controles limitados sobre personas detenidas bajo prisión domiciliaria en causas federales; especialmente, en delitos de lesa humanidad y narcotráfico.
El pedido ante el Consejo de la Magistratura lo llevaron adelante el diputado y los consejeros y diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde y el consejero César Antonio Grau.
Sobre un total de 2.513 detenidos con prisión domiciliaria, sólo el 23,96% de los casos con información disponible utiliza tobillera electrónica, porcentaje que desciende al 19,54% si se toma el universo total informado. Además, apenas el 1,76% de los detenidos registra restricciones de visitas, lo que implica que el 98,24% puede recibir visitas sin limitaciones específicas.
En el caso de los detenidos por narcotráfico, el informe señala que las restricciones son aún más bajas. De 1.280 personas con prisión domiciliaria por este tipo de delitos, sólo en 8 casos —equivalentes al 0,86%— se reportaron restricciones en el régimen de visitas. A su vez, el 42,73% de los detenidos cuenta con permisos de salida, tanto habituales como especiales, incluyendo autorizaciones para trabajar, estudiar, tratamientos médicos o actividades familiares.
Respecto de los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, el documento sostiene que únicamente el 44,12% utiliza tobillera electrónica. Además, el 84,38% de los casos relevados no presenta restricciones de visitas y el 56,25% posee permisos de salida; principalmente, por razones médicas o caminatas autorizadas.
El informe concluye que, incluso en delitos de alta sensibilidad institucional y social, predominan esquemas de control reducidos y amplios márgenes de circulación y contacto externo para los detenidos bajo modalidad domiciliaria.
El endurecimiento de las condiciones de arresto domiciliario de Cristina Kirchner ocurrió en noviembre de 2025 y fue dictado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de ejecutar la condena por la causa Vialidad. La restricción específica afectó al régimen de visitas impuso un tope horario de dos horas por encuentro, se prohibió la presencia de más de tres personas de forma simultánea en la vivienda, y las visitas generales quedaron limitadas a un máximo de dos veces por semana.
El TOF 2 empeoró las reglas luego de que la expresidenta recibiera en su domicilio a nueve economistas. Los jueces, que interpretaron esta acción como una provocación, son quienes ejercen el control del cumplimiento de la pena: Jorge Gorini (juez de ejecución directa en la causa), Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
A inicios de este año, la defensa de la expresidenta había formalmente ante la Cámara Federal de Casación Penal (el tribunal superior encargado de auditar al TOF 2), que se habilitara la feria judicial para revisar y dar marcha atrás con estos límites horarios y de cantidad de visitas, pero la Cámara respondió de forma negativa a y mantuvo vigentes todas las restricciones impuestas por el TOF 2.
Los jueces de la Sala IV que firmaron el fallo de rechazo definitivo fueron Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Además de limitarle el régimen de visitas y el ingreso al domicilio, al advertir que podrían revocarle la modalidad, se le prohibió “alterar la tranquilidad del vecindario o dar discursos públicos”. Además, el tribunal, cuyas decisiones son revisadas periódicamente por la Cámara Federal de Casación Penal, exige revisiones de sus condiciones cada tres meses.
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