"Estamos reorganizando el sistema de salud", dijo el titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones, sin alusión al recorte de $63.000 millones sobre su área en el Presupuesto 2026.

“Todo lo que hacemos tiene un mismo sentido: ordenar el sistema, cuidar los recursos y garantizar que el sistema de salud esté al servicio de los argentinos”, dijo Lugones en un video oficial difundido el 12 de mayo. En las últimas horas, volvió a insistir con la responsabilidad de las provincias, siempre con la idea de que al Ministerio de Salud de la Nación sólo le corresponde un rol de “rectoría”.
“Estamos reorganizando el sistema de salud para que los recursos vayan a los pacientes, las prestaciones y los equipos de salud. Con planificación, compras más eficientes y una administración más transparente estamos fortaleciendo un sistema que durante años funcionó con parches, desorden y falta de previsión”, posteó Lugones en las últimas horas.
Luego, difundió un documento del Consejo Federal de Salud (COFESA) e insistió sobre el rol de ‘rectoría’ de su Ministerio y la responsabilidad de las provincias. “La Nación va a continuar garantizando recursos estratégicos, como las vacunas del Calendario Nacional, y acompañando a las jurisdicciones en los procesos vinculados a los medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos. Las provincias y la Ciudad tienen a su cargo la gestión de la atención en sus territorios y conocen las necesidades de sus poblaciones. Para cuidar la salud de todos los argentinos, cada nivel del Estado tiene que cumplir su responsabilidad”, planteó.
Sobre ese encuentro, el subsecretario de Salud de Misiones, Daniel Mattivi, dijo que “uno de los temas más candentes fue la medicación de alto costo y la medicación oncológica. Era una preocupación compartida por todos los ministros del país”. Según explicó, a FM 89.3, Lugones se comprometió a normalizar la entrega de insumos y tratamientos a partir del próximo mes –confirmando así las problemáticas vigentes-.
“Con respecto a la medicación de alto costo y la medicación oncológica, se están realizando modificaciones y el compromiso del ministro fue que a partir del mes de junio estaría normalizándose la entrega de dichos insumos”, aseguró el funcionario misionero.
“Tuvimos una mesa de discusión tensa de más de dos horas”, describió por su parte el Ministro de Salud de Corrientes, Emilio Lanari. “Nos dijeron que la información de faltante de medicamentos por el ajuste en salud no es real. Se hacen ajustes progresivos, pero eso no va a impactar en la entrega de medicamentos oncológicos (…) Hay cambios en el plan Remediar, por ejemplo. Y algunos medicamentos van a faltar. La Provincia está saliendo a comprar medicamentos con fondos propios”, afirmó a la prensa local.
A modo de respuesta ante las alarmas que encendieron los recortes publicados en el Boletín Oficial, Lugones compartió en redes: “Para 2026 proyectamos un aumento del 66% en el presupuesto destinado a medicamentos oncológicos y de alto costo, con un 27% más de pacientes asistidos. En vacunas, se prevé destinar más de USD 244 millones para garantizar la continuidad del Calendario Nacional de Vacunación”.
Todo esto, mientras la modificación del Presupuesto por parte del Gobierno implica 5.000 millones menos para el Programa 65 –de prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer- y 500 menos para vacunas, en medio de reclamos de distintas jurisdicciones por insuficiencia de dosis.
“Es una situación muy difícil y muy crítica. (…) A veces la salud no se ve hasta el momento en que uno lo necesita. Cuando un paciente se queda sin medicación, eso tiene potencialmente un riesgo internación y de mortalidad y mortalidad, como hemos visto con enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Al cerrarse el programa Remediar, que es algo increíble, además de los perjuicios que produce ahora por no contar con la medicación hay perjuicios a largo plazo. Cortar la medicación un año puede dejar ciega a una persona. No es algo simple”, explicó Martín Pedersoli, director del Hospital San Martín de La Plata, en diálogo con El Destape Radio.
“Los recortes se ven plasmados en insumos, investigación y tratamientos de cáncer, programas de HIV, hepatitis, tuberculosis, salud sexual y reproductiva. Esto se suma a la situación crítica de los trabajadores en relación a lo salarial, a las condiciones de trabajo que tienen que paliar todo lo que el gobierno no pone a disposición, a las condiciones de precarización y de despido”, enumeró Cintia Gambuti, integrante de Fesprosa y de la CTAA Rosario, en el marco de una conferencia de prensa en las escalinatas de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, en la previa de la marcha de este miércoles.
“Jibarizan el sistema de salud pública hasta lograr su desarticulación operativa. 63,000 millones de pesos de recortes en salud por parte del gobierno nacional, según la resolución 20/2026. Afecta los programas de lucha contra el cáncer, vacunas, adquisición de medicamentos, insumos y tecnología médica. Esta decisión se suma a los permanentes recortes en PAMI, el cierre del plan remediar y la desarticulación del programa de cardiopatías congénitas. Los recortes impactan negativamente en los indicadores sanitarios y en la calidad de vida de las personas”, cuestionó el pediatra Oscar Trotta, directivo del Hospital SAMIC René Favaloro y exdirectivo del Garrahan. “Por eso marchamos, porque frente a políticas de enfermedad, abandono y muerte hacemos escuchar nuestro grito de resistencia, solidaridad y vida”, planteó.
En tanto, un día antes de la marcha se conoció un revés judicial para Lugones. El juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación (mediante el programa Incluir Salud) “normalizar” los pagos por prestaciones en discapacidad “de manera urgente”.
El fallo surge como respuesta a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales.
“La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad”, señala el texto, según consignó La Nación.
Una de las situaciones particulares que se menciona en el escrito es la del cottolengo Don Orione, que debió afrontar una deuda de $41 millones en intereses por aportes y contribuciones impagos a raíz del atraso en los cobros estatales.
Transportistas, terapistas, centros de día y diversos prestadores vienen denunciando demoras en los pagos de Incluir Salud y Pami que ponen en riesgo el funcionamiento del sistema, ya de por sí golpeado por la desactualización del Nomenclador y los incumplimientos de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
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