En el mes de los derechos de las mujeres y disidencias, la vicepresidenta contó en primera persona su reacción tras el atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre.
El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial a Argentina para abordar la violencia contra las mujeres. En la reunión se abordó el atentado sufrido por la vicepresidenta el 1 de septiembre del 2022.
La delegación estuvo encabezada por la presidenta del Comité de Expertas, Marcela Huaita Alegre, de Perú, acompañada por las Expertas Leila Linhares Barsted, de Brasil, Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica, y por la Secretaria Técnica del MESECVI, Luz Patricia Mejía Guerrero y la responsable de la comunicación, Tatiana Bensa. Acompañaron a la delegación la experta independiente del país, Susana Charotti.
“Recibí al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos”, posteó por la noche la titular del Senado en sus redes, donde también adjuntó el informe completo, para descargar.
“Vienen en una misión respecto de la violencia política sobre la mujer y violencia física. Le entregamos este informe sobre las violencias ejercidas contra mí y el intento de magnicidio y asesinato contra mí. Es muy difícil hablar de esto en primera persona pero las cosas sucedieron y no se pueden ocultar”, enfatizó la vicepresidenta.
En el informe que compartió se detallan las agresiones simbólicas expresadas en carteles y manifestaciones, el ataque a su despacho del Senado el 11 de marzo del año pasado y el intento de magnicidio del que ya se cumplieron seis meses este miércoles.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994, formalizando la definición de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, como una violación de sus derechos humanos. El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención.
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