Cristina, Lula y otros casos de recientes proscripciones en la región

Además del que debe transitar Cristina Fernández de Kirchner y el de Luiz Inácio Lula da Silva, otros líderes sudamericanos también sufrieron los efectos de sendos lawfare.  Algunos de ellos son los siguientes:

Rafael Correa

Un tribunal de Ecuador declaró el 7 abril de 2020 al expresidente Rafael Correa (2007 a 2017), culpable de un delito de corrupción y lo condenó, en primera instancia, a ocho años de cárcel por la causa que fuera conocida como «caso sobornos 2012-2016». El exvicepresidente Jorge Glas, que como Correa fue considerado culpable de ser instigador de un delito de cohecho pasivo agravado, también fue condenado a ocho años de prisión. 

El «caso sobornos» trata de una “trama de corrupción montada” -según los jueces-, bajo el gobierno de Correa y que involucraba a empresas nacionales e internacionales, en un caso similar al de la brasileña Odebrecht. Lo acusaron a Correa, de recibir pagos para financiar el movimiento político del exmandatario, Alianza País, a cambio de adjudicar contratos millonarios. También de malversación de recursos en el caso de reconstrucción de la costera de la provincia de Manabí, tras el terremoto de 2016.

Rafael Correa está exiliado en Bélgica, desde entonces y no pudo regresar a su país, ni ser candidato en las últimas elecciones realizadas en Ecuador.

Gustavo Petro

El 9 diciembre 2013, Gustavo Petro fue destituido de su cargo de alcalde de Bogotá, y consecuentemente fue inhabilitado de poder aspirar a cargos públicos por un período de 15 años. La causa está vinculada a supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana ordenada por Petro en diciembre del año 2012. La amenaza de una sanción pendía sobre la cabeza del alcalde desde hacía casi un año: fue ordenada por el Procurador General de la República, Alejandro Ordóñez.

Finalmente Petro fue habilitado y exculpado de la proscripción cuatro años después.  El 15 de noviembre de 2017, el Consejo de Estado revocó la decisión de la Procuraduría por considerar que no había utilizado criterios técnicos adecuados para tomar la decisión de destitución.

Ya había sido candidato presidencial en 2010 y en 2018. Finalmente, Gustavo Petro asumió como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2022.

AMLO

El desafuero de Andrés Manuel López Obrador se llevó a cabo en 2004 y 2005, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Las causas que lo provocaron fueron acusaciones de haber cometido irregularidades financieras y de haber violado leyes electorales. Vastos sectores políticos y de la población consideraron que la maniobra fue armada por el presidente Vicente Fox, con el propósito de “tratar de impedir que López Obrador fuera candidato presidencial en las elecciones del 2006. En el proceso, el Fiscal General de la República solicitó el desafuero de AMLO y lo elevó ante el Congreso de la nación.

A fines de abril de ese 2005, el propio congreso nacional, en concordancia con el Supremo Tribunal Federal decidió que López Obrador no debía procesado penalmente y que el desafuero era improcedente.

Finalmente AMLO llegó a la presidencia de la república de México desde 1° de diciembre de 2018 y allí permaneció hasta el 30 de septiembre de 2024, cuando asumió su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.

Otros casos

Tal vez menos notorios y más relacionados con el golpismo, aunque igual de evidentes, se pueden detallar otros casos de persecuciones. Por ejemplo, el del paraguayo Fernando Lugo, quien fuera derrocado en 2012 por un golpe parlamentario para restituir en el poder al Partido Colorado, tradicionalmente conservador y cómplice de las más tistes dictaduras del país.

Similar es el caso del peruano Pedro Castillo, destituido y encarcelado en diciembre de 2022, sin llegar a cumplir ni un año y medio de los cinco de su período: el Congreso de su país lo destituyó luego del anuncio de disolución de la Cámara y la instauración de un «gobierno de excepción».

Otra víctima de golpismo fue Evo Morales, quien fuera un revolucionario presidente de Bolivia, desde el 22 de enero de 2006 al 10 de noviembre de 2019, nada menos que trece años, cuando fue destituido por las fuerzas armadas de su país y la derecha más reaccionaria. Evo debió exiliarse y tampoco pudo presentarse en las elecciones de 2020, cuando retornó al poder el Movimiento al Socialismo, de la mano de Luis Arce. Tampoco podrá presentarse a las que se realizará en agosto próximo para renovar autoridades nacionales.

Más lejos en el tiempo, pero parecido en las formas, fue el golpe que en 2009, sufrió el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, destituido mediante una asonada parlamentaria avalado por la Corte Suprema de Justicia. No sólo eso: resultó expulsado del país, aunque luego reingresó y se refugió en la embajada de Brasil. Tuvo que exiliarse durante años.