Cuando el Estado renuncia al control policial

El 8 de mayo de 1987, la Policía Bonaerense fusiló a tres amigos que estaban tomando una cerveza en una esquina de Ingeniero Budge. Inmediatamente, se intentó encubrir el accionar de los efectivos, pero amigos y familiares de Agustín Olivera, Óscar Aredes y Roberto Argañaraz se organizaron para pedir justicia. Este caso, como el de Walter Bulacio en 1991, representaron emblemas de la lucha contra la violencia policial y abrieron el camino para discutir los excesos de las fuerzas de seguridad.

En 2012, el Congreso de la Nación instituyó por ley al 8 de mayo como el Día Nacional de la lucha contra la Violencia Institucional, en conmemoración de la Masacre de Budge. Esta decisión llegó luego de que la demanda fuera instalada por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional que lideraba el Movimiento Evita. La Campaña nucleaba a diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. En los meses y años siguientes, diversas reparticiones estatales, nacionales y provinciales, y de los tres poderes, crearon áreas dedicadas a luchar contra la violencia ejercida por el propio Estado.

Hoy el escenario es completamente adverso. Distintas medidas y gestos de gobierno muestran que no hay ninguna intención en investigar y prevenir la violencia institucional. Por el contrario, se instala un escenario que desconoce los límites para el uso de la fuerza y respalda sin límites la actuación policial.

El Estado sigue sin producir de manera sistemática los datos necesarios para cuantificar y evaluar el problema. En la década del ’90, cuando el CELS tomó la violencia policial como parte de su agenda, organizó un programa de análisis, litigio e investigación sobre el problema. En ese entonces, creó también una base de datos que sistematiza los heridos y muertos por el uso de la fuerza policial. Este fue un factor determinante para leer estos casos como prácticas habilitadas por antiguos reglamentos policiales, formas rutinarias de vigilancia y control. También, para ver la complicidad del Poder Judicial.

A 30 años de su creación, la base de datos de violencia policial del CELS sigue siendo un instrumento clave que permite conocer de manera sostenida en el tiempo las características que adquiere la dimensión letal de la violencia policial. Los datos de la base señalan que en 2025, el 77% de las muertes causadas por policías ocurrieron cuando los efectivos estaban fuera de servicio. En estos casos actúan sin planificación ni límites. Este escenario hoy no se presenta como un problema a prevenir en las agendas de gobierno.

Otras formas menos letales, pero constante de violencia institucional la vemos en policías y fuerzas de seguridad desatadas en la represión de la protesta social y en el hostigamiento a vendedores ambulantes y personas en situación de calle, bajo el lema de «control y orden».

Estas prácticas son avaladas por las autoridades. El año pasado, el gobierno nacional decidió modificar por decreto las leyes orgánicas de todas las policías, fuerzas de seguridad federales y el Sistema Penitenciario Federal. A la Policía Federal le otorgó más poder para realizar detenciones sin control judicial. Las detenciones sin orden judicial son escenario privilegiado para la comisión de abusos. Y en ningún caso se establecieron mecanismos que tiendan a transparentar o generar procesos de rendición de cuentas sobre las intervenciones de las fuerzas.

Patricia Bullrich, en su rol de ministra de Seguridad, derogó en el año 2024 una resolución que prohibía al Ministerio de Seguridad asistir jurídicamente a integrantes de las fuerzas federales involucrados en hechos de graves violaciones a los derechos humanos. Un año después, Guerrero, el efectivo de la Gendarmería que casi termina con la vida del fotorreportero Pablo Grillo, cuenta con la representación legal de abogados especialmente dispuestos por el Ministerio de Seguridad en su defensa. En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad dio un paso más y directamente creó una oficina que provee asistencia letrada a policías. En la actualidad reciben apoyo jurídico de ese ministerio los policías de la Ciudad responsables de las muertes de Gabriel González y Victor Vargas, asesinados en casos que el sistema de justicia investiga como homicidios agravados por pertenecer a una fuerza de seguridad.

 El respaldo institucional en la defensa de policías investigados por hechos de violencia aumenta la disparidad de recursos que en general sufren las víctimas de estos hechos o sus familiares cuando tienen que enfrentar un proceso penal.

En el Poder Judicial, el panorama no es mejor y tampoco hay evidencias de un trabajo para evitar la impunidad. Entre 2022 y 2025, la Procuraduría de Violencia Institucional de la Nación archivó el 71% de las investigaciones iniciadas por violencia institucional. En el caso de la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional de la Ciudad de Buenos Aires en el período 2020-2025 el porcentaje es del 92 por ciento.

La ausencia de controles y el respaldo institucional a la arbitrariedad no son omisiones accidentales, son decisiones políticas. Ante un gobierno que se niega a limitar y sancionar el uso ilegal de la fuerza y promueve la violencia estatal, la persistencia de una base de datos que releva y analiza la violencia policial es un elemento central para visibilizar el problema y ayudar a contrarrestar los nuevos aires autoritarios.