Tras “finalizar” su intervención en Irán, Estados Unidos acentuó su avance sobre la Isla, con el anuncio de nuevas sanciones.

En un comunicado oficial, el secretario Marco Rubio anunció que la administración Trump “está tomando medidas decisivas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y privar al régimen comunista de Cuba y a sus fuerzas militares del acceso a activos ilícitos”. La la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo de 2026, especificó, impone sanciones “contra los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Las sanciones están dirigidas al Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), al que señalan como “una empresa paraguas controlada por los militares cubanos, es el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba. Controlando un estimado del 40 por ciento o más de la economía de la isla”; a su presidenta Ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, a quien responsabilizan de la gestión de “los activos ilícitos de GAESA”; y hacia Moa Nickel SA (MNSA), empresa conjunta entre Sherritt International Corporation y la estatal cubana La Compañía General de Níquel a la que acusan de haber “explotado los recursos naturales de Cuba en beneficio del régimen a expensas del pueblo cubano”, según el documento publicado en el sitio web del Departamento de Estado.
Estas medidas “son parte de la campaña integral de la Administración Trump para abordar las apremiantes amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba y para responsabilizar al régimen y a quienes le brindan apoyo material o financiero”, avanzó Rubio. “A solo 90 millas del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado la isla a la ruina y la ha subastado como plataforma para operaciones de inteligencia, militares y terroristas extranjeras. Se esperan designaciones adicionales en los próximos días y semanas”, adelantó.
La medida central consiste en la inmovilización de todos los bienes e intereses en propiedades de las entidades y personas designadas en la orden “que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses” los que serán “bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro”.
La medida no solo afecta a los señalados directamente, sino también a cualquier entidad en la que estos posean un 50% o más de participación, ya sea de forma directa o indirecta.
El presidente de Cuba, Díaz-Canel, criticó duramente las medidas de Washington a las que calificó de “ilegales” y las consideró como una “agresión unilateral”.
La Asamblea de Cuba también criticó estas disposiciones como una manera de “intensificar la guerra económica, cuyo propósito es recrudecer aún más el ilegal e inmoral castigo colectivo al pueblo cubano”. A ojos de los parlamentarios cubanos, esta medida contraviene “otra vez” la soberanía de la isla, “al tiempo que internacionaliza aún más y de forma extrema, el cerco al presionar y amenazar con sanciones secundarias adicionales a terceros para que no desarrollen operaciones financieras comerciales con Cuba”.
Luego, el Canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó la posición del Gobierno, respaldando el rechazo de la Asamblea cubana al paquete de sanciones de Trump:
“Apoyamos la Declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea de Cuba, que rechaza la Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos del 1 de mayo”, indicó Rodríguez, en una publicación en redes sociales.
El titular del Ministerio de Exteriores apeló de manera directa a la comunidad internacional en su mensaje, instando a los “parlamentarios del mundo” a “alzar sus voces para frenar la amenaza militar, el bloqueo económico y el cerco energético estadounidense contra el pueblo de Cuba”.
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