Un trámite más, un derecho menos: el CUD, la SUBE y otro ataque a las personas con discapacidad

El anuncio oficial sobre la obligatoriedad de registrar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la tarjeta SUBE para conservar la gratuidad en el transporte público urbano no es una medida de modernización tecnológica. En la práctica, es una nueva traba burocrática dentro de un plan sistemático orientado a desgastar, invisibilizar y quitarle derechos a personas que hoy se encuentran en un estado de abandono total.

Detrás de la falsa narrativa de la eficiencia digital, el gobierno de Javier Milei esconde un retroceso histórico sin precedentes, donde la salud y la vida de la gente fueron reducidas a un simple renglón de gasto a recortar en las planillas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Capital Humano.

La implementación de este sistema de transporte refleja la frialdad y la desconexión absoluta del gobierno nacional con la realidad de las personas con discapacidad, que ahora tienen que hacer un trámite extra simplemente para poder subirse a un colectivo. Mauro Stefanizzi, director ejecutivo de la Agencia de Discapacidad de Lomas de Zamora y presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, expone de manera directa la gravedad de la medida: «Si bien el gobierno lo vende como una modernización o con una mayor agilidad, la verdad que era un sistema que venía funcionando perfecto. Vos presentabas el Certificado Único de Discapacidad y, si usabas el transporte público, no había ningún problema. No había nada más ágil que eso, no había un sistema más moderno que ese».

En lugar de facilitar el acceso, el Estado impuso el miedo. La orden de comprar una tarjeta y asociarla al CUD con plazos perentorios provocó un colapso en las dependencias públicas. Stefanizzi relata la crudeza de lo que ocurre en las calles, con personas a las que se les agota la paciencia y el cuerpo: «Se están viendo en todos lados muchísimas filas, incluso en los puntos SUBE de Lomas, muchísima gente que viene a consultar. Gente que se le complica trasladarse porque tiene silla de ruedas, porque tiene un bastón, porque tiene algún apoyo técnico, y hace filas enormes por miedo a no poder seguir viajando en el colectivo».

El relato oficial

Frente al caos desatado, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación intentó despegarse del conflicto mediante un comunicado oficial desvinculado de la realidad. Desde la cartera aseguraron que las personas con discapacidad pueden continuar viajando sin costo en el transporte público mediante la presentación de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico, que mantiene plena vigencia. Según el gobierno nacional, las empresas de transporte y los conductores tienen la obligación de aceptar tanto el CUD físico como la acreditación mediante la SUBE. Sostienen que la vinculación es solo una alternativa adicional, no un reemplazo, y aclaran que no hay una fecha límite para realizar el trámite. ¿La solución que ofrece el Estado si un chofer incumple la norma? Que la persona afectada, en medio de su vulnerabilidad, realice una denuncia por los canales oficiales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Pero los comunicados redactados desde un escritorio no frenan el maltrato real arriba del colectivo. El Estado implementa una medida confusa, abandona a la gente a su suerte y luego le exige que, si es humillada y echada de una unidad, se encargue ella misma de iniciar un reclamo burocrático. A este escenario de desgaste físico se suma una desinformación masiva promovida por la propia negligencia oficial, que impacta directamente en líneas donde la medida nacional ni siquiera aplica.

Para echar luz sobre este punto clave y llevar claridad a los usuarios, Stefanizzi es categórico: «Lo que tiene que ver con las líneas 500, que son las municipales, y las líneas provinciales, sigue funcionando el Pase Libre Multimodal, que es el que otorga la provincia de Buenos Aires. Es un carnet blanco y eso alcanza para que la persona pueda viajar, no hace falta que asocie la SUBE».

Pánico y desinformación

Sin embargo, la confusión impulsada desde la Nación hace estragos en la calle. El director de la Agencia advierte sobre esta grave consecuencia: «Trae desinformación masiva que incluso los choferes replican, y le están exigiendo a personas de los municipios o que utilizan líneas de la provincia que también lo tienen que hacer». El resultado es que a los pasajeros los terminan bajando del colectivo sin motivo. «Esto genera pánico, genera estrés y genera un problema más a un colectivo que ya viene golpeado», sentencia Stefanizzi.

La quita sistemática de derechos se profundiza al analizar las omisiones del nuevo sistema en los medios de transporte donde sí aplica la SUBE. Las juntas médicas que emiten los CUD dictaminan en muchísimos casos que la persona debe viajar obligatoriamente con un acompañante. «Eso el gobierno nacional todavía no indicó cómo iba a suceder, porque la SUBE se asocia al CUD de la persona», denuncia Stefanizzi, dejando en evidencia que la normativa anula en la práctica el derecho al acompañamiento. Como resume el funcionario, no hay beneficios reales concretos; solamente trabas burocráticas, angustia, confusión y desinformación. Le siguen haciendo la vida imposible a gente que ya no da más.

Esta nueva exigencia para viajar no es un hecho aislado; es una política deliberada que se implementa en un contexto de asfixia total al derecho a la movilidad tras la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia. Al liberar a las empresas de la obligación de garantizar los cupos gratuitos para personas con discapacidad, amparándose en la desprotección legal decretada por el gobierno nacional, el resultado ha sido devastador: miles de pacientes del interior del país quedaron tirados en estos dos años, imposibilitados de viajar a las capitales provinciales o a Buenos Aires para asistir a turnos médicos complejos, cirugías programadas o tratamientos de rehabilitación que directamente no existen en sus pueblos.

El ajuste más cruel

El recorte más brutal de estos 24 meses se ejecuta en el sistema de salud y las prestaciones básicas. En medio de los desesperados reclamos del sector por una pérdida frente a los costos que supera el 40% en el período 2024-2025, el gobierno nacional decidió unilateralmente a través de la reciente Resolución 1297/2026 otorgar un mísero aumento arancelario del 2,10%. Esta burla, que apenas sigue a la inflación de mayo, se impone en abierta violación a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. A pesar de que el Congreso rechazó el veto de Javier Milei y la Justicia exigió la implementación de esta norma para regularizar el desfasaje, el Estado sigue sin cumplirla.

Con este desfinanciamiento crónico del programa Incluir Salud y las obras sociales, los centros de día, las escuelas de educación especial y las clínicas de rehabilitación enfrentan una quiebra masiva. Instituciones históricas cierran sus puertas o reducen sus jornadas porque el Estado no paga, interrumpiendo de forma abrupta terapias cognitivas, de lenguaje y de motricidad. Le están robando el desarrollo y la autonomía a miles de chicos y adultos.

En paralelo, la licuación de los ingresos empujó a los profesionales del sector a la precariedad absoluta. Los acompañantes terapéuticos y los prestadores particulares perciben honorarios de miseria que se liquidan con meses de retraso, obligándolos a abandonar sus puestos. Esta desidia rompe los vínculos terapéuticos y pedagógicos que tardaron años en construirse, dejando a las familias completamente solas. Ante la ausencia total de un Estado que garantice derechos, las madres y los padres deben asumir tareas de cuidado permanente que destruyen su propia salud y su economía familiar.

El vaciamiento sanitario también impacta de forma criminal en las farmacias a través del freno en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). La suspensión prolongada y los retrasos extremos en la entrega de medicamentos de alta complejidad y drogas oncológicas han dejado desprotegidas a personas con enfermedades graves. La interrupción del suministro de medicamentos biológicos o tratamientos contra el cáncer no es un error de gestión: es una condena a muerte para la gente que no tiene el dinero para comprar terapias que cotizan en dólares.

La estrategia de ajuste consolidó su impacto más perverso con la baja masiva de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez. Bajo la excusa del ordenamiento fiscal, el gobierno nacional suspendió miles de pensiones de manera arbitraria, dejando sin su único plato de comida a personas que no pueden insertarse en el mercado laboral. La pérdida de la pensión significa empujar a la gente a la miseria más absoluta y excluirla de un plumazo del programa Incluir Salud, arrancándoles la cobertura médica en el mismo acto administrativo.

La supresión de derechos llega al límite de quitarle a los chicos la posibilidad de ir a la escuela mediante la eliminación de los subsidios para el transporte especial. Los transportistas que trasladan a los nenes a las escuelas especiales y a los centros de terapia tuvieron que parar ante la imposibilidad de pagar el combustible. Hoy, las madres y los padres se ven obligados a cargar a sus hijos en brazos en transportes públicos no adaptados o, directamente, a encerrarlos en sus casas, privándolos del derecho básico a aprender y a socializar.

Esta crueldad no responde a una falta de fondos, sino a una decisión política implantada desde su asunción. Mientras el Ministerio de Economía festeja el superávit fiscal, el costo real de esa meta se paga con el abandono cotidiano de familias que hoy deben suplicar por un remedio, un traslado o una terapia. Para el gobierno nacional, las personas con discapacidad pasaron a ser un gasto prescindible. Sin embargo, no son simples renglones en una planilla a recortar; son vidas que el Estado decidió, sistemáticamente, dejar a la deriva.