Daniel Awada, el cuñado del presidente, vinculado con la mafia de los contenedores

Abraham Awada falleció a los 90 años: fue un empresario libanés naturalizado argentino. Su esposa, Elsa Esther Baker de Awada ya cumplió los 80 y es más conocida como Pomi. Tuvieron su primer auto en los años ’60, al ganarlo en una rifa de barrio. Pero luego, el matrimonio fue el fundador de la marca de indumentaria femenina Awada, aunque el clan familiar, un verdadero matriarcado, giró durante décadas en torno a ella.

Tuvieron cinco hijos. Maria Juliana, la cuarta, es la actual esposa del presidente de la Nación, lo que le otorgó al apellido, un significado político que no tenía antes, aun cuando siempre se mantuvo cercano al poder. Leila es hermana menor de la primera dama: artista plástica, se la considera la más divertida de la familia. Claudia Zoraida, por el contrario, es mayor que la primera dama y cultiva el bajo perfil. Alejandro, el tercero de los cinco, un reconocido actor que, además, desde un principio fijó claramente sus diferencias ideológicas con clan familiar y, en particular con Juliana y su marido, al punto de que se rehusó a asistir al casamiento de ellos.

El mayor de los cinco es Daniel, el preferido de Pomi, un exitoso empresario que fundó las marcas de ropa Cheeky y Como Quieres que te Quiera. También es el implicado en una denuncia que publicó el diario Perfil el pasado fin de semana.

Según esa investigación, hace casi un año, más puntualmente el 24 de mayo del año pasado, funcionarios de la Aduana requisaron dos contenedores que habían ingresado a la Argentina, provenientes de China, a nombre de Diolcor SA, “una firma apócrifa utilizada por la mafia de los contenedores para el contrabando de textiles”. Llevaban las siglas EISU 185168-5 y FSCU 496146-9 y contenían 12.802 kilos de prendas. Traían distintos modelos de “camperas para niños”, “conjuntos astronauta”, “camperas para dama y para niños”.

Unos meses después se registró otra maniobra con un tercer contenedor, el que llevaba la sigla EITU 118458-6, que ingresó a puerto a nombre a Jualber Textil SA. Se trata de otra firma cuestionada, que según la publicación de Perfil, encima, usufructuaba un certificado de la AFIP, de eximición de abonar el IVA por la ropa importada, que se labró durante la gestión de Ricardo Echegaray. “Ambas firmas truchas conducen a la empresa Vaiatex, una importadora que trabaja para Awada y otras grandes marcas”, revela, como así también que el nexo es Eduardo Llamera, “un despachante que pertenece a Vaiatex y figura como el responsable de la Licencia No Automática de Cheek SA –la razón social de Cheeky– para importar”. Esa relación data de al menos 2011, aunque “Vaiatex tendría que figurar como la importadora, pero no figura”, según reconocieron partícipes de la maniobra. Sí, figuran las firmas truchas, lo que probaría el objetivo: “ocultar a los verdaderos destinatarios finales de la ropa”.

Todos los contenedores estaban atestados de ropa de las marcas de las empresas del cuñado presidencial. Pero ni una ni otra firma tiene ni una importación registrada en el sistema de Aduana.

El hilo conductor

Diolcor y Jualber Textil son empresas vinculadas entre sí y una prueba de ello es que fueron inscriptas en la AFIP el mismo día, el 23 de abril de 2015, como “vendedoras de telas y prendas de vestir”. Los titulares de la primera de ella son Bruno José Diolosa y Gladis Correa. Los de la otra, Alberto Reinaldo Juárez y Cirilo Ramón Ocampo. Otra coincidencia: ambos, Diolosa y Juárez son de Tucumán; ambos, Correa y Ocampo, tienen domicilio registrado en Pilar. Según Perfíl, Vaiatex habría creado decenas de firmas como Diolcor y Jualber para contrabandear textiles desde China. “Con complicidad de funcionarios, pago de sobornos y la falsificación de documentación, crearon un circuito que liberaba los canales de control, desde que el contenedor ingresaba al país hasta que el camión salía con la carga del puerto”-

En abril de 2016, la despachante Lucía Matilde Aprea reclamó diez contenedores de Diolcor y Jualber Textil. Como la respuesta oficial fue negativa, la firma de Awada, se presentó el 22 de julio ante la Dirección de Investigaciones de la Aduana para requerir la entrega de uno de los contenedores, de Jualber Textil, aunque dos más estaban atestados con mercadería con su marca, importadas de China. Los contenedores que no reclamaron están entre los que aguardan ser pasados al dominio del Ministerio de Desarrollo Social.

En el texto de la nota también se pregunta: ¿Si no se trata de contrabando, por qué Awada ocultó que traía ropa confeccionada con etiquetas de Cheeky hecha en China? ¿Por qué su importadora sí utilizó el circuito de contrabando para traer la ropa? Sencillamente, para burlar los controles y exigencias que Guillermo Moreno impuso a las importaciones durante su paso por la Secretaría de Comercio Interior. Aunque mientras Moreno exigía, la AFIP establecía sugestivos privilegios.

De todos modos, en Cheeky SA aseguran que la firma “no tiene ni ha tenido relaciones comerciales con Jualber Textil SA ni con la Diolcor SA y aseguran que sí, en el pasado, utilizaron el sistema de “trader”, lo cual es de práctica en el comercio internacional y en “atención a las fuertes restricciones y al manejo discrecional de las autorizaciones para importar”. Lo que no responden es porqué Jualber Textil registra importaciones desde el 5 de noviembre de 2015, esto es, dos semanas antes de que Mauricio Macri se asegurara el sillón presidencial, en la segunda vuelta.