De desacreditar e intervenir cooperadoras escolares a darles responsabilidades que no les corresponden

En septiembre del año pasado, en medio de la primera ola de la pandemia, el gobierno porteño decidió intervenir la Cooperadora de la Escuela N°4 Álvarez Thomas, del Distrito Escolar 16, ubicada en el barrio de agronomía. Una cooperadora “modelo” que interpeló a la propia gestión de la ministra Soledad Acuña a cargo de la cartera educativa. La coope, conformada por las familias de la comunidad educativa de la escuela, administraba una pileta que erigió con fondos propios a principios del 1970 (autogestionaba un comedor para casi mil estudiantes) y hasta organizó actividades extracurriculares como talleres de radio, fotografía, teatro; actividades deportivas como artes marciales, fútbol y básquet.

Hasta la intervención, contaba con un fondo de inversión de $ 24,5 millones, monto que utilizaba como garantía para sus trabajadores y trabajadoras y, que, además, tenía como objetivo ser utilizado para la construcción de un gimnasio propio. Hasta el mes de septiembre había entregado decenas de computadoras a estudiantes de la escuela que fueron conferidas por terceros.

A modo de ejemplo, estas son algunas de las actividades que realizan las Cooperadoras Escolares para para suplir la falta del Estado en cientos de escuelas porteñas, pero una cosa muy distinta es que las familias de la comunidad educativa se hagan cargo de una situación sanitaria en medio de una pandemia; responsabilidad que debe recaer sólo sobre la gestión del gobierno local.

La semana pasada se conoció que el Ministerio de Educación porteño iba a dejar de suministrar elementos básicos contra el COVID a las escuelas públicas, el argumento utilizado fue la falta de presupuesto. Horas más tarde, la cartera que conduce Soledad Acuña, difundió por varios medios de comunicación que iba a invertir 120 millones de pesos para la compra de insumos. Pero aclaró que la adquisición de los materiales quedará a cargo de las cooperadoras. “Se propicia acompañar a las comunidades educativas, a través de las Asociaciones cooperadoras mediante una asignación, para en caso de ser necesario, poder solventar gastos exclusivos y urgentes, relacionados a los elementos de protección personal y otros elementos necesarios debidamente justificados, en éste contexto de emergencia sanitaria, a fin de garantizar el desarrollo de las actividades educativas de manera presencial en el marco del Protocolo de Inicio de Clases Presenciales”, detalla el gobierno en la Resolución 2021-114-GCABA-SSGEFYAR, que dio creación al “Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia Sanitaria”.

“Sin lugar a dudas este no es un trabajo que deban llevar adelante las familias que integran las Cooperadoras Escolares. Es más, ni siquiera Soledad Acuña debería hacerse cargo porque la trasciende, esto lo tiene que ejecutar el ministerio de Salud de la Ciudad porque es un situación sanitaria en medio de una emergencia epidemiológica, no estamos hablando de temas pedagógicos, son sanitarios”, analiza en diálogo con Tiempo, la legisladora porteña Lorena Pokoik, que además tiene a su cargo la vicepresidencia de la Comisión de Educación de la legislatura porteña. “Es un verdadero acto de irresponsabilidad que en este contexto deleguen responsabilidades en familias y que las autoridades del gobierno porteño no se hagan cargo de sus funciones. Están ausentes haciendo política barata en un año electoral insistiendo con las presenciales, y se desligan de sus deberes de gestión encomendando sus responsabilidades a terceros”, termina Pokoik

Cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Educación porteño detallan que en CABA hay 837 escuelas públicas de gestión estatal que cuentan con una cooperadora. En principio el reparto de dinero será en base a la matrícula de cada edificio escolar, con montos que irán desde 200 a 330 pesos por cada estudiante por única vez en el año. En concreto: una escuela con 1.000 estudiantes recibirá 330 pesos por cada alumno por única vez en el año.

“La Ley de seguridad e higiene es muy clara, por un lado, es el empleador quien tiene que brindar todos los elementos necesarios para la correcta labor, y por el otro, quienes integramos las cooperadoras no somos empleados del gobierno de la Ciudad, somos familias con nuestros trabajos que brindamos voluntariamente nuestra labor a la cooperadora”, señala Osvaldo Rosato, presidente de la Cooperadora de la Escuela N° 8 DE 15 Jorge Ángel Boero. “Acá hay una intencionalidad de involucrar a las familias con el tema de las clases presenciales y hacernos partícipes de que nosotros tenemos que proveer junto a ellos para que las presenciales se lleven adelante, es como que aceptáramos de hecho que tiene que haber clases presenciales en un contexto de pandemia”

En el mismo sentido, coincide María Anastasia Meizoso, delegada de cooperadoras escolares de la Comuna 12: “Nosotros y nosotras tenemos un rol de acompañamiento, no somos quienes debemos garantizar la seguridad sanitaria en un marco de pandemia. Nos imponen de manera inconsulta y extorsiva, la responsabilidad civil de garantizar la seguridad sanitaria de las instituciones, los trabajadores y las familias de la comunidad educativa” y agrega, “con la intención de desligarse de su responsabilidad como funcionarios y enfrentarnos nuevamente a las comunidades”. La red de cooperadoras de CABA realizó un comunicado, donde manifiestan su rechazo a esta iniciativa del gobierno porteño, argumentando que esta situación “excede y no corresponde al rol del cooperador y de las cooperadoras garantizar la salud y los protocolos de bioseguridad en las escuelas, sobre todo en un contexto de emergencia sanitaria que pasa por su momento más delicado desde el inicio de la pandemia”.