De Lázzari le respondió a Vidal y enumeró las causas armadas en la Provincia

El presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari difundió un comunicado en el que respondió a la gobernadora María Eugenia Vidal y enumeró tres casos a los que había hecho referencia ante más de un centenar de jueces, en las que habló de «causas armadas, inteligencia paraestatal y métodos contrarios al estado de derecho>». Aunque no dio nombres, evidenció que uno de los casos era el del fiscal Juan Bidone, procesado por el juez Alejo Ramos Padilla por “asociación ilícita y abuso de autoridad”, en el marco de la red de espionaje debelada por el falso abogado Marcelo D’Alessio.

El magistrado respondió con un comunicado emitido por el Máximo Tribunal luego de las declaraciones televisivas que la gobernadora realizó el domingo por la noche en las que intentó acusarlo de complicidad por no denunciar los casos. Para los jueces, la mandataria calificó “ligeramente” al presidente del cuerpo. En el comunicado difundido este lunes apuntó a esa presión. En principio aclaró que de Lázzari habló ante “más de cien jueces penales» el 28 de junio pasado en las V Jornadas de la Red de Jueces Penales Bonaerenses. “Entre otras cuestiones, el expositor alertó a los magistrados presentes en torno a lo que denominó ‘abuso del proceso penal’”, explicaron.

“Con esa finalidad, advirtió que comenzaban a registrarse situaciones conflictivas en el ámbito provincial, a semejanza de lo que públicamente es conocido en la órbita federal, en donde se está sustanciando una trascendente causa ante el Juzgado Federal de Dolores, con intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y del Tribunal de Casación Penal”, completó la Corte, en referencia a la causa que lleva adelante el juez Ramos Padilla sobre espionaje y extorsión.

El comunicado aclaró que de Lázzari no había particularizado “los casos registrados en sede provincial por la reserva que impone el estado de las respectivas actuaciones”. Sin embargo, explicaron que “ante expresiones que ligeramente califican su actitud, deja constancia ahora que entre otras situaciones estaba haciendo referencia al caso del Fiscal de Mercedes imputado de brindar ilegalmente información a un procesado, lo que ha motivado su suspensión por la Suprema Corte y su juzgamiento en sede penal”. La referencia a Bidone, quien admitió haber compartido información de investigaciones con D’Alessio, es evidente.

De todas formas el comunicado no ventila nombres. Pero refirieron a otros dos casos: “La existencia de denuncias efectuadas por un magistrado del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, las que inmediatamente de recibidas por el Presidente fueron puestas en conocimiento del destinatario natural de las mismas que es el Ministerio Público, mediante oficio dirigido a la Procuración General. De igual modo, al caso de un Agente Fiscal al que se le atribuye el armado de una causa, con testigos falsos y la colaboración de abogados, cuyo juzgamiento por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados tiene fecha de debate oral para el próximo 26 de agosto.

La tensión con el Ejecutivo comenzó la semana pasada cuando trascendieron los dichos de de Lázzari que advirtió que lejos de ocurrir sólo en Comodoro Py las irregularidades que describía también se presentaban “en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”. Se trataban de hechos graves. Habló de sobre causas armadas, abuso de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, señaló factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas. “Llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante”, describió el magistrado.

Esa denuncia desató la tensión con María Eugenia Vidal, que en el marco de su raid televisivo de campaña dijo en el programa Debo decir, que emite el canal América y conduce Luis Novaresio, que “cuando uno es responsable de un poder y sabe que hay un delito -persecución o armado de causas son delitos- está obligado a denunciarlo. Si no uno es cómplice y es un delito”. Y lo apuró: “si el presidente de la Suprema Corte cree que hay causas armadas y que hay persecuciones está obligado a denunciarlo. Y él lo sabe como nadie. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial”.