La iniciativa se comenzará a analizar en una reunión de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la cámara baja que se realizará a las 18 y estará presidida por los legisladores del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky. Podés ver aquí la transmisión en vivo de la reunión.
Según se informó, asistirán como invitados a la reunión conjunta informativa, virtual y remota José Schulman, de la Liga DDHH; Néstor Miguez, de la APDH; Paola García Rey, de Amnisty; Raquel Witis, de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte: Victoria Darraidou, del CELS; Diana Cohen, de la Usina de Justicia, y Daniel Isaias Suizer, de la Red por la Libertad.
El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.
El proyecto establece pautas de acción frente a las denuncias “con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz”.
Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.
La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.
Según el proyecto, se entiende por violencia institucional “todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas”.
De acuerdo a la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a “toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias”.
Asimismo, el proyecto establece que las víctimas de violencia institucional “tienen derecho a una reparación plena y efectiva que comprenda medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima”.
También podrán solicitar “acompañamiento psicosocial por parte del Estado” y dispone que cada “jurisdicción deberá instrumentar los mecanismos y protocolos específicos para brindar dicha asistencia”.
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