Debieron restituir a una jueza incómoda para Larreta que había sido apartada en la cuarentena

Una jueza de la Ciudad de Buenos Aires denunció que fue excluida de un turno judicial en una “suerte de censura” por sus fallos, que habitualmente disgustan al Poder Ejecutivo porteño. Su protesta forzó una apresurada marcha atrás y la decisión de que ejerza plenamente sus funciones aún en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia.

Se trata de la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Elena Liberatori, quien –bajo la excusa de ser población de riesgo pues es mayor de 60 años de edad- había sido virtualmente apartada de sus funciones mientras durara la pandemia por el coronavirus.

Liberatori dispuso en el marco del estallido de contagios de Covid-19 en la Villa 1.11.14 la conformación de una “Mesa Territorial” que garantizara la participación de los vecinos en la distribución de alimentos y ayuda social ante la crisis sanitaria.

La magistrada hizo lugar a un pedido del sacerdote Juan Isasmendi, de la Parroquia Madre del Pueblo. La medida otorga a una representación de los vecinos de la Villa ante el Comité de Crisis creado por la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Por la correlación de turnos judiciales, Liberatori tenía asignadas funciones para principios de julio, pero fue excluida por una decisión de Mariana Díaz, presidenta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal, en cumplimiento de una normativa dispuesta por el Consejo de la Magistratura para los jueces que integren los sectores de riesgo ante el coronavirus.

Liberatori entendió que se trató de una excusa para sacarla del medio y prevenir el dictado de fallos que irritaran al Ejecutivo local, ante el epicentro de contagios de Covid-19 en el área metropolitana que incluye Capital y Gran Buenos Aires.

“Esta presentación tiene por objeto denunciar una conducta institucional deliberadamente ajena a las previsiones constitucionales, merced a la cual se procura privar a la suscripta del ejercicio regular de sus funciones jurisdiccionales como magistrada. (…) Se requerirá inmediatamente el cese de la conducta constitucionalmente lesiva de sus funciones jurisdiccionales”, reclamó mediante una presentación ante la presidencia de la Cámara, su superior jerárquico.

“Es evidente que a través de este mecanismo absolutamente extraño a cualquier mínima aquiescencia normativa constitucional y legal se oculta una suerte de censura funcional, un solapado cercenamiento de la función institucional de los jueces de esta judicatura, y un esquema sancionatorio encubierto que resulta intolerable en la dinámica jurisdiccional local”, insistió Liberatori.

La magistrada pareció entender que detrás de la exclusión de los turnos, so pretexto de su pertenencia a un grupo etario de riesgo, se ocultaba una maniobra de fórum shopping (elección artificial de los jueces que van a intervenir –o no- en determinados expedientes).

“No se trata aquí de ejercer la función judicial con propósitos de circular por las calles ni de auspiciar eventos sociales que puedan irrumpir negativamente sobre la salud propia y de terceros. Es en cambio el sostenimiento incondicionado del estado constitucional de derecho, de la función jurisdiccional sin injerencias de ningún tipo y el leal acatamiento de la Constitución y las leyes. Lo que se pretende, en cambio, es la institución de una práctica autoritaria, reñida con la Constitución, y de atisbos inconciliables con el ejercicio de la magistratura”, denunció Liberatori.

La tensión no es nueva. A mediados de abril pasado, el periodista Werner Pertot, en un artículo publicado en Página 12, advirtió que “el Poder Judicial porteño se vio envuelto en una nueva polémica que incluye la sospecha de nuevo un paraguas judicial para Horacio Rodríguez Larreta. El Consejo de la Magistratura porteño dispuso que las causas serán tramitadas por los jueces que estén de turno, sin sortearse mientras dure la pandemia. Esto genera que un mismo tribunal acumule durante una semana todos los expedientes que van llegando. Veintidós jueces -entre ellos, tres camaristas- enviaron una carta al Consejo cuestionando este sistema. A ellos se sumaron 33 secretarios de juzgado. Pero la decisión se mantiene. Por la distribución de los juzgados y por la parálisis judicial a la que esto podría llevar, algunos ven un beneficio para el jefe de Gobierno en la falta de control judicial por las medidas que tome durante la pandemia”.

La Camarista Mariana Díaz aceptó finalmente que Liberatori asumiera su turno judicial, pero rechazó las razones argumentadas para aquella fallida exclusión:  “para asignarle intencionalidad persecutoria a la decisión en función de la que, a los magistrados integrantes de grupos de riesgo, como regla, se les encomienda la realización de tareas remotas y no presenciales, sería necesario postular que todos los consejeros incluidos los representantes de los magistrados obraron o dejaron obrar con la finalidad de perjudicar a un grupo en particular o directamente a la presentante”.

La respuesta se hizo cargo de dos expresiones, “finalidad persecutoria” e “intencionalidad persecutoria”, que nunca habían sido invocadas en el reclamo de la jueza Liberatori.