La situación es grave y exige una respuesta urgente en todo el continente a favor de Cuba. La política de Trump contra la isla y Milei subido al tren de la agresión.

Días después, el 27 de mayo, el sitio estadounidense Politico publicó una nota según la cual el Pentágono lleva meses posicionando las tropas, los buques y los aviones necesarios para darle a Trump una opción militar rápida contra Cuba, a la espera de su luz verde. La nota precisa que las acciones evaluadas van desde una operación de extracción del tipo de la que usaron contra Maduro hasta ataques que abarcan, textualmente, “desde un único ataque aéreo destinado a asustar al régimen para arrancarle concesiones hasta una invasión terrestre destinada a desarraigarlo”.
Al día siguiente, el 28 de mayo, Axios informó que el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) realizó en las últimas semanas un ejercicio de gabinete —un “tabletop”— para “prepararse para una acción militar en Cuba”. Dicho artículo cita a un alto funcionario: “Cuando el presidente diga adelante, estamos listos para cualquier cosa”.
Los medios de comunicación estadounidenses discuten abiertamente los distintos escenarios de una agresión militar, y ponen de relieve que ahora solamente depende de Donald Trump decidir el tipo de ataque militar y su fecha de inicio. El mismo Donald Trump que, el 3 de enero de 2026, luego de perpetrar un ataque terrorista contra Venezuela y secuestrar a su presidente, Nicolás Maduro, declaró que “la Doctrina Monroe es importante, pero la hemos superado por mucho, por muchísimo (…) ahora la llaman la Doctrina Donroe”. La situación es grave y exige una respuesta urgente en todo el continente en defensa de Cuba.
La política de Trump contra Cuba tiene un nombre —“presión máxima”— y un contenido real: hambrear a un pueblo para forzar el colapso de su gobierno. Es la actualización literal del tristemente célebre Memorándum Mallory de 1960, cuando el funcionario del Departamento de Estado yanqui recomendaba “provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno” cubano.
En enero, tras el secuestro de Maduro, Washington cortó el petróleo venezolano que mantenía a flote la isla. El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró una “emergencia nacional” respecto de Cuba y amenazó con aranceles a cualquier país que le venda combustible. Corresponde la precisión: el bloqueo comercial y financiero que Cuba denuncia ante la ONU desde hace más de seis décadas es una cosa; lo nuevo —lo que el New York Times caracterizó como el primer bloqueo efectivo a la isla desde la Crisis de los Misiles de 1962— es la interceptación física de los petroleros que la abastecen. El resultado fueron apagones masivos, hospitales sin energía y vuelos suspendidos.
Hay otro hecho grave, que no puede pasar como una anécdota: la acusación judicial federal contra Raúl Castro, presentada por el Departamento de Justicia el 20 de mayo por el derribo de dos avionetas en 1996. Hay que leerla a la luz de lo que pasó en Venezuela: Washington usó como excusa una orden judicial de captura para justificar un ataque terrorista en el que mataron a decenas de personas con el objetivo de secuestrar a Maduro. La acusación contra Castro cumple exactamente esa función: fabricar el pretexto jurídico para una incursión militar dentro de Cuba. No lo decimos sólo nosotros: el congresista cubano-estadounidense Carlos Giménez celebró que la imputación le da a los Estados Unidos “la base legal para ir y sacar” a Castro de la isla. La sincronía no es accidental: la acusación se anunció el mismo día —el 20 de mayo— en que el portaaviones USS Nimitz arribó al Caribe. Se eligió, provocadoramente, una fecha cargada de simbolismo colonial: el 20 de mayo es el día en que el exilio gusano de Miami celebra la “independencia” de 1902, esa república mediatizada que nació bajo la Enmienda Platt, la misma que habilitó las intervenciones militares de Washington y el arriendo de la base de Guantánamo. Casualidad, ninguna.
Falta explicar la pieza con la que pretenden fabricar el casus belli. El 17 de mayo, Axios publicó, sobre la base de supuesta inteligencia clasificada filtrada por un alto funcionario, que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y discutido planes para usarlos contra la base de Guantánamo, buques estadounidenses e incluso Key West, en Florida. El propio Axios reconoció que esa información “podría convertirse en un pretexto para una acción militar”. Es la misma maquinaria imperialista que inventó las “armas de destrucción masiva” de Irak. El canciller cubano Bruno Rodríguez lo denunció con todas las letras: Estados Unidos “construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar”.
Mientras el Comando Sur planifica el ataque, Milei se subió personalmente al tren de la agresión. El 6 de mayo, en la Conferencia Global del Instituto Milken, en Beverly Hills —su cuarto viaje a los Estados Unidos en lo que va del año—, declaró ante empresarios y banqueros: “Esperamos que esto pronto alcance a nuestras amadas Cuba y Venezuela —que tanto han sufrido—, para que el modelo de la libertad llegue incluso a los últimos vestigios del comunismo en el continente”.
Milei pronunció ese deseo de que “el modelo de la libertad” llegue a Cuba pocos días después de que Trump asegurara que “tomará el control” de la isla “casi de inmediato”. No es solamente un discurso ideológico. Ya antes, respecto de Venezuela, Milei había dejado en claro su orientación política: sostuvo que a una eventual acción estadounidense no la llamaría “invasión” sino “liberación”, y que Washington contaría con su apoyo militar si lo necesitaba. Esa es la palabra clave, y lo resume todo: para Milei, una agresión imperialista es un acto de “liberación”.
Pero Milei no se quedó en las palabras. El 17 de abril firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 264/2026, sin someterlo a votación en el Congreso, habilitando el ingreso de personal y medios militares de los Estados Unidos para el ejercicio combinado “Daga Atlántica” (“Atlantic Dagger”), que se está desarrollando desde el 21 de abril, hasta el 12 de junio. Es decir: mientras escribo estas líneas, hay tropas de operaciones especiales estadounidenses operando en suelo argentino. Sumémosle el ejercicio naval PASSEX, en la Zona Económica Exclusiva argentina, con el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, y la visita personal de Milei al Nimitz el 30 de abril. El mismo USS Nimitz que hoy amenaza a Cuba.
Veamos las características del ejercicio, porque importan. La Casa Rosada lo definió como “el más importante de los últimos 25 años”. Lo conduce, del lado argentino, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, y del lado yanqui el Comando de Operaciones Especiales Sur (SOCSOUTH), que depende directamente del SOUTHCOM, el mismo comando que planifica la acción sobre Cuba. Se realiza en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar de Córdoba, la VII Brigada Aérea de Moreno y la Base de Infantería de Marina Baterías. El propio Ministerio de Defensa informó que el ejercicio “consolida el alistamiento, la interoperabilidad y la integración operativa de nuestras Fuerzas de Operaciones Especiales, fortaleciendo el trabajo conjunto con los Estados Unidos y el intercambio de capacidades en escenarios tácticos reales”. Y, según consignó la revista especializada Zona Militar, en la Base Baterías, junto a los boinas verdes (Green Berets) estadounidenses, se realizaron prácticas de combate urbano, tiro y atención de heridos en zona de operaciones.
Hagámonos entonces la pregunta que el oficialismo no quiere que se haga: ¿adiestramiento de rutina, o ensayo de las capacidades exactas —infiltración, combate urbano, desembarco anfibio, golpe de extracción— que se necesitan para una agresión a Cuba? La respuesta no la inventamos nosotros. El propio decreto reconoce que participar del ejercicio sirve para “estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en futuras operaciones multinacionales”, y valora que “la experiencia acumulada por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América en operaciones combinadas en contextos de combate constituye un recurso invaluable”. Está escrito, con todas las letras, en el Boletín Oficial.
Por todo esto venimos exigiendo el juicio político a Milei. El primer proyecto lo presenté y lo firmé el 6 de febrero de 2026, por su apoyo al ataque terrorista de Trump contra Venezuela y por comprometerse a colaborar militarmente con futuras agresiones de Trump contra América Latina. El 31 de marzo presentamos una ampliación —firmada por Pablo Todero, Gabriela Pedrali, Jorge Neri Araujo Hernández, Andrea Freites, Ana María Ianni, Nancy Sand, Sabrina Selva y Juan Carlos Molina— por involucrar a la Argentina en la guerra de Trump e Israel contra Irán sin pasar por el Congreso y por sumar al país al Escudo de las Américas y a la Conferencia Anticárteles, en un intento de subordinar a las Fuerzas Armadas argentinas al Pentágono. El 11 de mayo presentamos otra ampliación —sumando las firmas de Hilda Aguirre y Lorena Pokoik— por profundizar su alineamiento con Trump e Israel en la guerra contra Irán, por iniciar los ejercicios Daga Atlántica y PASSEX sin la aprobación del Congreso, y por el riesgo de que Milei se sume a una agresión militar contra Cuba.
Y estamos preparando una ampliación más, por una decisión de extrema gravedad: la entrega de la vigilancia del Mar Argentino a la IV Flota de los Estados Unidos. El 18 de mayo, la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina anunció en sus redes: “Más fuertes juntos. Más seguros juntos. Estados Unidos y Argentina están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur”. La Carta de Intención, firmada en la Base Aeronaval Comandante Espora por el almirante Juan Carlos Romay por la Armada Argentina y el contraalmirante Sardiello por las Fuerzas Navales del Comando Sur y la IV Flota, encuadra durante cinco años nuestra vigilancia marítima en un programa de los Estados Unidos. Que sea la Embajada y el Comando Sur —y no el Ministerio de Defensa argentino— quienes anuncian qué se hace en el Mar Argentino dice todo. El Mar Argentino no es un “bien común global”: es un espacio soberano que la Argentina tiene la obligación de custodiar. Y la misma IV Flota que ahora patrulla nuestro mar es la que amenaza a Cuba en el Caribe. Como se ve, las causales para un juicio político contra Milei se acumulan cotidianamente.
La acción legislativa es necesaria pero no alcanza. La cuestión de fondo está relacionada con la necesidad de una estrategia continental. Tres países tienen hoy un peso decisivo: México, Colombia y Brasil. En la cumbre “En Defensa de la Democracia” de Barcelona, en el marco del GPM, en abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso a los asistentes adoptar una declaración que condene cualquier intervención militar en Cuba. Lula, en esa misma cumbre, exigió el fin del bloqueo a Cuba y sentenció que “ningún presidente, por más grande que sea su país, tiene derecho a imponer reglas a otro”. Gustavo Petro, por su parte, declaró: “No estoy de acuerdo con una agresión militar contra Cuba, porque eso sería una agresión militar contra América Latina. Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse”.
Sobre esa base hay que avanzar. Planteamos la necesidad de una coordinación continental en defensa de Cuba en todos los planos -político, diplomático y social- y, si llega a producirse una agresión militar, también de coordinación militar defensiva entre México, Colombia y Brasil. Que quede claro el carácter de lo que proponemos: se trata de una tarea estrictamente defensiva, que vuelva impagable para el imperialismo el costo de invadir a un pueblo hermano. Un ataque a Cuba no puede encontrar a América Latina dividida y de rodillas; tiene que encontrarla unida y de pie.
Y en los países cuyos gobiernos integran el Escudo de las Américas -entre ellos la Argentina de Milei-, la tarea es otra: la movilización política y social contra el involucramiento de esos países en cualquier agresión contra Cuba, y por el juicio político y el pedido de renuncia a todos los presidentes pro-guerra que entregan la soberanía y suman a sus Estados a la maquinaria bélica de Trump.
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