Defensa de la Competencia investigará aumentos de precios por abuso de posición dominante

La Secretaría de Comercio instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a iniciar investigaciones por presuntas prácticas antimonopólicas a empresas productoras o comercializadoras de artículos de consumo masivo que hayan aumentado sus precios en lo que va de 2022 por efecto de su posición dominante en el mercado.

La decisión se publicó este martes en el Boletín Oficial e irrumpe en medio de negociaciones con el sector privado de cara a una nueva lista de productos que el gobierno bautizó como Precios Justos.

De hecho la publicación a través de la Resolución 68/22 que firma el secretario Matías Tombolini aparece en un momento de tensión con las empresas del sector, que en el off rechazan la iniciativa.

Las compañías del sector normalmente son reticentes a la fiscalización de los precios por parte del Estado por definición. El malestar se pronuncia por hace menos de un mes suscribieron la actualización de Precios Cuidados.

Aunque en el inicio de la conversaciones por el nuevo programa de precios, el gobierno informó que se prestaba a negociar con «entre 20 y 30 empresas», varias semanas después el apoyo empresarial es bastante menor.

La instrucción a la CNDC es en principio un mensaje a las corporaciones que participan de esas conversaciones, resta ver qué efecto puede surtir en la práctica, especialmente después de que el lobby de las alimenticias y otras compañías de consumo masivo empiece a mover sus fichas.

En octubre Economía Minorista midió una suba de los alimentos del 7,3%. El aumento fue del 6,24% para Consumidores Libres. En la quinta semana del mes, el CESO registró un aumento del 1,3% de su Indice de Precios de Supermercados (IPS-CESO).

Pero también hay que prestarle atención al propio soporte interno del gobierno. Ayer en una entrevista con El Destape, el ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó la intención de lanzar el programa y aseguró que la aplicación Mi Argentina se utilizaría para el control ciudadano de los precios minoristas, algo que rápidamente desmintió la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete.