Denuncia por la venta del edificio del INTA y faltante de dólares

En medio de un proceso de reestructuración, conflictos laborales y denuncias por venta de bienes públicos que atraviesa al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Justicia recibió una denuncia penal por presuntas irregularidades en la venta de un inmueble del organismo y por el destino de los fondos obtenidos en esa operación. La presentación fue realizada por el Coordinador Nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), Nahuel Levaggi, junto al diputado nacional de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade y la Asociación del Personal del INTA (APINTA).

La denuncia alcanza al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, a la vicepresidenta María Beatriz Giraudo y a otros integrantes del directorio del organismo, así como al ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz. En la presentación se los acusa por los posibles delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El caso se vincula con la venta del edificio ubicado en Cerviño 3101, en el barrio porteño de Palermo, propiedad del INTA, que fue subastado el 23 de diciembre de 2024 por 18,5 millones de dólares. Según se detalla en la denuncia, la operación fue impulsada por la AABE pese a que el inmueble no estaba desafectado de su uso y sin que el Consejo Directivo del INTA, único órgano con atribuciones para decidir sobre el patrimonio de la institución, hubiera adoptado formalmente la decisión de venderlo.

Además, de acuerdo con la normativa vigente y con lo establecido por el propio Consejo Directivo del organismo, el 70% del dinero obtenido en la subasta debía regresar al INTA. Esto equivale a 12.950.000 dólares que debían incorporarse al patrimonio del instituto para fortalecer sus capacidades de investigación, desarrollo tecnológico y extensión rural. Sin embargo, a más de un año de concretada la venta, esos recursos no fueron transferidos al organismo y no existe información pública sobre su destino.

El episodio se produce en un contexto de fuertes tensiones alrededor del futuro del INTA. Durante el último año trabajadores, científicos y organizaciones rurales denunciaron un proceso de reestructuración que incluye reducción de personal, cierre de agencias de extensión y la posible venta de tierras y activos del organismo, lo que genera preocupación sobre el debilitamiento de una institución clave para la investigación y el desarrollo agropecuario en el país.

En paralelo, distintos sectores también alertaron sobre cambios institucionales impulsados por el Gobierno que podrían alterar la estructura histórica del organismo y concentrar decisiones en el Consejo Directivo, en un proceso que algunos trabajadores calificaron como una “intervención encubierta”.

Desde la UTT señalaron que la operación implica un fuerte perjuicio para el patrimonio público y para una institución estratégica para el desarrollo agropecuario del país. El INTA cumple un rol central en la investigación aplicada, la innovación tecnológica y la generación de conocimiento para el sector productivo, incluyendo a la agricultura familiar, campesina e indígena.

En ese marco, la denuncia judicial busca que se investiguen las responsabilidades en la operación de venta del inmueble de Palermo y que se esclarezca el destino de los casi 13 millones de dólares que, según la normativa vigente, debían volver al patrimonio del INTA. También solicita que se adopten medidas para preservar pruebas y que se cite a declaración indagatoria a los funcionarios involucrados. «