Denuncian a Cambiemos por el desvío de más de $ 300 millones en el INTI

Fueron cuatro años de gestión de Javier Ibáñez al frente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El polémico funcionario desarrolló una gestión al interior del organismo acorde al desmantelamiento del tejido industrial, resultado de la política económica del gobierno anterior, y que se tradujo en un derrumbe de la actividad  industrial del 13% durante esos cuatro años.

En ese lapso se acumularon, según un informe presentado por la Junta Interna de ATE INTI, que representa sindicalmente a los trabajadores del instituto, 613 bajas de trabajadores científico técnicos.

Los representantes gremiales denunciaron que mientras se producía ese vaciamiento de sus recursos humanos, las autoridades construyeron un organismo paralelo con el propósito de desviar parte del presupuesto en favor de empresas amigas. Así, crearon oficinas de finanzas y de obras hacia las cuales llegaron a orientar $ 300.274.000 en contratación de obras y servicios innecesarios, y de empresas creadas a tal fin.

La denuncia, según explicaron a Tiempo los delegados, está radicada en el Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py, con expediente CFP 4692/2020. Los denunciantes aseguran que las autoridades, en particular Javier Ibáñez, Mariano Zlatanoff y Ernesto Luna, promovieron un nuevo organigrama con una sobrerrepresentación de cargos gerenciales en desmedro de «funciones de certificación y control, líneas de trabajo, desmantelamiento de los centros de investigación, tercerización de funciones y abandono de áreas de investigación».

Para desviar el dinero, las autoridades «crearon una oficina paralela de compras desviando el trabajo que tenía la oficina original». Desde ese lugar impedían la intervención de los trabajadores de carrera en la inspección y seguimiento de casos.

La misma política habrían promovido a través de la dirección de Inspección de Obras. La denuncia de los trabajadores abarca también a los gerentes de legales y del departamento de auditoria por complicidad con las autoridades.

De la veintena de funcionarios que los trabajadores señalan como cómplices de los negociados, cerca de la mitad mantiene sus cargos en la actual gestión. La otrora jefa de compras, Leila Giani, ejerce ahora en una secretaría estratégica del Ministerio de Obras Públicas. Lo mismo ocurre con el sensible equipo de auditores internos liderado por Mariano Landoni, que persiste en su cargo al igual que Eduardo Rago, jefe del departamento contable legal. En el primer caso, su esposa, Mercedes Rivolta, «sostén político del funcionario (…), fue funcionaria en el Ministerio de Modernización en la gestión de Cambiemos y, ahora, se encuentra en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia junto a Gustavo Béliz».

Los denunciantes aseguran que 40 de las 52 contrataciones denunciadas se realizaron por vía directa y por un monto de 130.360.241 pesos. Así se contrató seguridad privada, se compraron muebles, consultorías, cursos de coaching, sala de videoconferencias, servicios de catering, compras de cajas navideñas, remodelación de edificios, compras de artículos de arte, alquileres de carpas para eventos, escritorios virtuales y hasta un «Masterplan».

Otro mecanismo fue el de la compulsa abreviada por monto mediante la cual inducían contrataciones a empresas «del riñón». Con ese mecanismo, por ejemplo, se alquilaron carritos de golf por seis meses para desplazarse por el predio. Mediante «licitaciones públicas abreviadas» se concedió un contrato millonario para tareas de recambio de las subestaciones eléctricas a una empresa que solo ostentaba antecedentes en tareas de limpieza.

Otra forma fue la creación de la «Fundación Saber», cuyo tesorero era Mariano Zlatanoff, a la vez director Administrativo de INTI y a la que se le transfirieron bajo la modalidad de «convenios de cooperación» 21.773.875 pesos.

Por último, mediante una disposición firmada por Ibáñez, se habilitó un mecanismo de «pago directo de facturas» que involucran más de 500 pagos evitando los procedimientos legales.

Los delegados anunciaron a Tiempo que el viernes último las autoridades informaron que dos de las personas denunciadas, Ileana Sannuto y Mariana Gómez, han sido desvinculadas del Instituto pero que, a la vez, ratificaron a todo el equipo de auditores internos.