Denuncian a los jueces que votaron la aplicación del 2×1 a represores

Los jueces de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron denunciados penalmente por “prevaricato” luego del fallo del Máximo Tribunal que con sus votos habilitó el cómputo doble de los días de detención sin sentencia firme para el represor Luis Muiña y que, en los hechos, significó el cumplimiento total de su pena. La denuncia fue presentada por el exlegislador Marcelo Parrilli, de amplia trayectoria como abogado en temas de derechos humanos, quien consideró que los magistrados dictaron “resoluciones contrarias a la ley” que pueden fundarse en su “fuerte vinculación al gobierno nacional”. El fallo, que aplica solamente al caso citado, abre la puerta a que más de 200 represores soliciten un recurso semejante, lo que para el denunciante pondría en riesgo el Estado de Derecho.

La denuncia plantea la inconsistencia del fallo de los supremos puesto que reconocen la validez de una ley “que no estaba vigente ni cuando se produjeron los hechos por los cuales Muiña fue juzgado, ni cuando Muiña fue detenido (1 de octubre de 2007), ni cuando fue juzgado, ni cuando fue condenado, para resolver una cuestión de indudable importancia institucional en el plano nacional e internacional”. Por tanto, añade, “se convierte en una maniobra que va más allá de un criterio interpretativo propio de su función de jueces para hacerlos incursionar, con su proceder, en el campo del ilícito previsto en la figura reprochada” (prevaricato).

Parrilli expresa que esta decisión de los jueces está “en línea con la política oficial del gobierno enunciada por sus máximas autoridades” y menciona como ejemplos la puesta en duda del número de desaparecidos por parte del presidente Mauricio Macri junto a su alusión al concepto de “guerra sucia” que busca eludir la definición de “terrorismo de Estado”; las reuniones que el ministro de Justicia, Germán Garavano, mantuvo con familiares de represores y civiles vinculados a delitos de lesa humanidad; y la instrucción de que el Estado deje de ser querellante en causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura, enviada por el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

En ese marco, menciona, la posición de los magistrados está motivada por su vinculación al Poder Ejecutivo Nacional puesto que Rosatti y Rosenkrantz son jueces que pretendió nombrar Macri por decreto “obviando las vías constitucionales pertinentes”; mientras que Highton de Nolasco mantiene su cargo por una medida cautelar (legalmente debió haberse jubilado al cumplir los 75 años) que el gobierno decidió no apelar.

La denuncia fue sorteada y cayó en el juzgado federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas.