Denuncian ejecuciones sumarias de la policía mexicana

Crudo informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ese país por una matanza de 22 civiles en el municipio de Tanhuato en 2015

Ciudad de México

La denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mexicana de que la Policía Federal ejecutó de forma arbitraria a 22 civiles en el occidental municipio de Tanhuato en 2015 pone de nuevo en la mira a las fuerzas de seguridad, marcadas ya por los casos Ayotzinapa y Tlatlaya.

El informe de la CNDH sobre lo ocurrido el 22 de mayo de 2015 en el rancho del Sol, en el estado de Michoacán, que dejó un saldo de 43 muertos, revela que por parte de los policías hubo uso excesivo de la fuerza que acabó con la vida de civiles, así como tortura, manipulación de evidencias y falsedad en las informaciones.

En una rueda de prensa sobre el resultado de la investigación, el titular de la Comisión, Luis Raúl González, afirmó que hubo 22 ejecuciones arbitrarias de civiles, refirió EFE. Pese a que no recibieron disparos a corta distancia -todos a más de 90 centímetros-, se puede hablar de ejecuciones arbitrarias porque las víctimas «presentaban una posición de desventaja respecto a sus agresores», indicó Ismael Eslava, primer visitador general de la CNDH.

Además, cuatro personas murieron por el «uso excesivo de la fuerza»: una que recibió un disparo que partió del helicóptero que llegó al lugar como refuerzo; dos que estaban escondidas detrás de unas palmeras sin armas, y otra más que falleció en el incendio que se produjo al interior de una bodega.

Respecto de otros 15 cadáveres con señales de arma de fuego, la CNDH «no pudo establecer técnicamente las circunstancias del deceso y el grado de participación en el enfrentamiento armado», dijo González. El recuento de víctimas mortales lo completan un policía federal y otro civil que muestra signos de haber sufrido un atropellamiento.

Los resultados de la investigación de la CNDH traen a la memoria casos como el de Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron a manos de militares en el central Estado de México, o el de Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron y fueron presuntamente asesinados por miembros del crimen organizado con la complicidad de policías.

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