Denuncian el hallazgo de un joven ahogado en una comunidad terapéutica

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó de la presentación de un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías N° 5 del partido bonaerense de Morón en favor de las personas alojadas en la comunidad terapéutica Centro Soltar, ubicada en la localidad de Udaondo, distrito Ituzaingó. Lo hicieron cuando encontraron el cuerpo sin vida de Santiago Tobías Hellman Suárez, de 17 años.

El joven santafecino apareció ahogado el pasado 25 de enero y el hecho fue alertado por el periodista Pablo Galfré, quien desde hace muchos años investiga y escribe sobre estos dispositivos a los que él considera “lugares clandestinos de detención”.

“Hubo violaciones a los Derechos Humanos en forma constante, los obligan a la sobremedicación, no respetan el tratamiento integral acorde a la Ley de Salud Mental, usan espacios de aislamiento extremo como castigo, que es una técnica de tortura”, denunció Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. ”Detectamos condiciones edilicias muy precarias, donde también ocurren varias irregularidades tratamentales y administrativas que son habituales en estos lugares que muchas veces funcionan sin estar registrados legalmente”, agregó.

A pesar de todo esto, desde el mecanismo local de prevención de la tortura señalaron que el inicio de la intervención e investigación sobre la comunidad terapéutica en cuestión tardó mucho y que recién comenzó el pasado 6 de febrero. También detallaron que había casi una decena de jóvenes menores de edad oriundos de Santa Fe y adultos de Misiones y San Luis.

Salud Mental y Niñez

“Nuestro programa de Salud Mental y Niñez relevó a las personas alojadas en esta comunidad terapéutica y todas ellas padecían vulneración de sus derechos en forma constante”, subrayó el secretario ejecutivo. Explicó que las características son de “libertad, salud física, psíquica, educación y alimentación”.

Cabe destacar que durante la inspección se examinaron las historias clínicas y libros de actas del establecimiento. También entrevistaron en forma confidencial a las personas usuarias del lugar, se relevaron las condiciones materiales y edilicias del lugar que son totalmente precarias.

“Incumplían las Leyes de Salud Mental en forma sistemática, también la promoción y protección de derechos de la niñez y del paciente”, denunció el secretario ejecutivo. Continuó señalando que “registramos irregularidades en cuanto a la legalidad de las internaciones, un régimen de vida muy restrictivo, sometimiento a aislamiento extremo, condiciones de alojamiento de riesgo y mucha falta de higiene”.

Precariedad institucional

“En esta comunidad terapéutica muchos son menores de edad, y casi todos oriundos de otras provincias”, observó el abogado. Las derivaciones se hicieron desde la Secretaría de Niñez de Santa Fe y el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA) de San Luis: “Nos informaron los mismos responsables de estas instituciones que funcionan hace unos cinco años sin habilitación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires”, remarcó.

Desde el organismo aseguraron a este diario que pese a las iniciativas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, como así también del Registro Único Provincial de Establecimientos de Salud (RUPES) -que incluye comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas privadas- aún continúa la desidia y distintas irregularidades. Muchos de estos lugares ni siquiera están registrados, no cumplen con la normativa vigente y violan los derechos de las personas allí cautivas.

Lógica disciplinaria

“Abordan la problemática de los consumos -por los que llegan las personas a esos lugares- desde una lógica disciplinaria a través de distintas modalidades de castigos”, denunció García. Puntualizó que “no se adecuan de ningún modo a lo estipulado por la Ley de Salud Mental, esto resulta muy grave”.

“Es muy injusto que los jóvenes estén tan lejos de su casa -ahondó el funcionario- vigilados las 24 horas, sin acceso a la educación, sin comunicarse con sus familiares, sometidos a aislamiento extremo, malos tratos y violencia psicológica”, señaló el secretario ejecutivo. Además, en esta comunidad terapéutica tanto “adultos y menores de edad se encuentran alojados juntos, sin ningún tipo de separación o diferenciación en cuanto a los espacios que usan para la convivencia”.

 “Tampoco hay administración de ningún profesional de enfermería. Ese trabajo lo hacen los mismos operadores del lugar. En las entrevistas que hicimos a los usuarios del lugar, surgió que la aplicación de sedantes inyectables se realiza de forma violenta”, aseguró el abogado a este diario. Descubrieron que había signos de “sobremedicación en los entrevistados, como somnolencia, salivación excesiva, enlentecimiento del discurso y movimientos”.

“Por todo esto que describo, presentamos un habeas corpus ante el Juzgado de Garantías N°5 de Morón: solicitamos que se designen peritos expertos para evaluar las diferentes áreas comprometidas del establecimiento”, repasó el secretario. Detalló que lo dice en relación a la “salud en función del abordaje y tratamiento; ingenieros, arquitectos en función de las condiciones edilicias; expertos en seguridad e higiene y trabajador social para confeccionar un informe socio-ambiental en forma urgente”.

El habeas corpus

“Cuando ocurrió el fallecimiento del joven en la comunidad terapéutica Centro Soltar -el pasado 25 de enero- se realizó la presentación administrativa, la oficina de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud inspeccionó el lugar y dispuso la clausura provisoria”, explicó García. También contó que en ese momento “indicó que se realice una serie de modificaciones dejando disponible una vía institucional para que se habiliten formalmente como corresponde, pero hasta el momento sigue todo igual”.

“Nosotros inspeccionamos el lugar una semana después de todo esto”, recordó el secretario ejecutivo. Finalizó asegurando que si bien se dispusieron algunas refacciones, “no consideraron la palabra de las personas allí alojadas para identificar vulneraciones de derechos de todo tipo que sufre a diario”.