Desde la CPM aseguran que los policías bonaerenses espían a militantes de las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en forma sistemática.
Ambos organismos señalan la continuidad de estas prácticas de vigilancia ilícita, “que ya fueron denunciadas durante la gestión del gobierno anterior y persisten en la actualidad”, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en entrevista con Tiempo. Siguió relatando que esto continúa “pese a las reiteradas demandas y causas en trámite ante la Justicia Federal y Provincial”.
“Así mismo también remitimos notas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional. Lo hicimos en el marco de la Ley 25.520 y a las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Legislatura provincial”, remarcó el secretario ejecutivo. Siguió relatando que a todos “se les requirió la conformación de la hoy inactiva Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de las Políticas de Prevención del Delito, Seguridad, Criminalística, Criminología e Inteligencia creada mediante la Ley 12.068 en el contexto de la reforma policial que se inició en 1997”, argumentó.
“Las organizaciones de familiares de víctimas de la violencia estatal y de ex detenidos son otro de los blancos elegidos por los policías”, apuntó el abogado del organismo. “Nosotros intervenimos como querellantes en las causas que investigan las tareas de inteligencia ilegal en la masacre de Monte y de Germán Gómez, un joven que fue encontrado muerto en la comisaría de Alejandro Korn”, agregó.
“También espiaron en las movilizaciones de familiares y víctimas de la brutalidad policial en partido bonaerense de Avellaneda y durante el juicio realizó en la Universidad Nacional de la Matanza por el crimen de Lucas Verón, un joven de 18 años que fue asesinado por dos efectivos policiales en ese municipio”, denunció el secretario ejecutivo.
“En todos los casos, el accionar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es el mismo o parecido”, aseveró el letrado. Porque lo hacen sin orden judicial “ni razón que lo amerite, las y los uniformados toman fotografías y registros audiovisuales de las personas que participan de las actividades para luego identificarlos y armarles causas o violentarlas”, dijo.
“Lo hacen en autos particulares, vestidos como civiles y utilizan drones”, apuntó el secretario ejecutivo. Algunas veces las mismas autoridades policiales “han reconocido expresamente que ellos solo cumplen órdenes de sus superiores”, aseguró.
“Todas estas conductas denunciadas van en contra de las facultades policiales reglamentadas en la Ley 13.982 y contribuyen a una invasión de ámbito de privacidad de quienes participan en estos encuentros públicos”, se quejó el abogado. Explicó que accionan de esta manera para “hostigar y amedrentar a las personas que participan en estas actividades y se organizan para realizar reclamos de justicia por distintos motivos”.
Cabe destacar que la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohíbe a las fuerzas de seguridad obtener información por inteligencia, también almacenar datos sobre personas por su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política. Por adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales y otras acciones que estén enmarcadas en el libre ejercicio constitucional.
Según informó la Comisión Provincial por la Memoria, “en los últimos años diversas investigaciones judiciales en el fuero federal han dejado al descubierto un sistema de vigilancia ilegal permanente”. También que esto tuvo su epicentro “en la provincia de Buenos Aires y como principal objetivo reunir información sobre las ideologías políticas de los manifestantes, esto fue comunicado al ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak, ahondando en la gravedad del asunto”.
“En todas las notas que presentamos pedimos que se instrumenten los mecanismos institucionales necesarios para que se investigue estos hechos en forma imparcial”, subrayó García. Para que dicten la prohibición absoluta “de realizar actividades de inteligencia ilegal sobre las organizaciones sociales y políticas, porque estas prácticas atentan contra el sistema democrático establecido”, concluyó.
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