Denuncian que el gobierno de Gerardo Morales infiltró un policía en un medio alternativo

Ezequiel asistía a reuniones y movilizaciones, tomaba apuntes en un cuaderno, no le gustaba salir en las fotos, casi nunca se sacaba la gorra con la excusa de la timidez. Recién ahora, después de tres años de hacerse pasar por un comunicador popular de Radio Pueblo, un medio alternativo de Alto Comedero, en Jujuy, se supo que Ezequiel es, en realidad, Rodrigo Ezequiel Rosales, un policía en actividad que se infiltró con la única misión de obtener información sobre cualquier expresión de la organización en el campo popular contraria al gobierno de Gerardo Morales–partidos políticos, movimientos sociales, vecinos autoconvocados– para luego ser usada en el armado de causas judiciales. “Es un atentado contra la libertad de expresión, contra la democracia y contra la libertad de comunicación de los pueblos”, remarcan desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

El último viernes, integrantes de Radio Pueblo y de la biblioteca popular Niños Pájaros se presentaron ante la Unidad Fiscal Federal de Jujuy para formalizar una denuncia por espionaje ilegal contra el agente Rosales. En la presentación, los comunicadores y militantes sociales explicaron que, a mediados de 2018, Rosales, por entonces apenas Ezequiel, se inscribió en uno de los talleres gratuitos de comunicación, que mostró entusiasmo y compromiso con la causa popular y que en 2019 se le ofreció sumarse al staff fijo de Radio Pueblo.

“Pensábamos que era un chico de barrio interesado en las causas sociales y en la comunicación, siempre veíamos su compromiso, iba a las movilizaciones, acompañaba los reclamos y la lucha de los trabajadores, de las organizaciones sociales, de grupos de autoconvocados, por eso lo empezamos a sumar a las reuniones”, recuerda Roberto Aragón, comunicador de Radio Pueblo y antiguo compañero del policía encubierto.

En aquellas reuniones, Rosales tuvo acceso a información de actividades políticas, de logística, de decisiones, de consulta y de análisis de la situación. Visto en retrospectiva, pudo haber sido quien “entregó” a dos compañeras de Niños Pájaros. Se trata de la docente Ana Julia Ramos y la periodista Marisol Velázquez, imputadas por presuntas amenazas realizadas contra el gobernador Morales, en el marco de una causa por pintadas y grafitis que aparecieron en el centro de Jujuy durante los festejos por el 20 de junio. “Es toda una operación montada sin ninguna prueba. El fiscal se deja llevar por las filmaciones de una cámara de seguridad, pero nosotros demostramos que una de las compañeras estaba con Covid sin salir de su casa, y la otra estaba festejando el Día del Padre con su familia. La investigación de esa causa corrió por cuenta de la misma policía que te está infiltrando. Es mucho”, se lamenta Aragón.

“Sentimos que hemos perdido la inocencia”

En octubre, una mujer se presentó en la sede de Radio Pueblo como ex pareja de Ezequiel. Relató que fue víctima de violencia por parte de él y dejó en claro que ese joven tímido y comprometido con las luchas sociales tenía un lado oscuro. Por protocolo, Ezequiel fue desvinculado de inmediato, pero la máscara se terminaría de caer al mes siguiente cuando un vecino reveló la verdadera actividad. “Nos dijo que era policía; empezamos a hacer averiguaciones y a atar cabos. Así encontramos en el Boletín Oficial de Jujuy su nombramiento como policía y que su primer nombre era Rodrigo. También descubrimos que nos había dado un número de documento falso cuando le hicimos el carnet de prensa” recuerda Aragón.

Este martes, en tanto, se realizará una conferencia de prensa en la sede jujeña del INADI para denunciar el caso y exigir explicaciones a las autoridades. Desde la RNMA aclaran que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica sistemática. “Como medio de comunicación, tenemos acceso a información; creemos que eso estaban buscando, valerse de las herramientas de la comunicación para sacar información, datos organizativos de otros espacios, de los reclamos, de las medidas de lucha, del ejercicio del derecho a la protesta”, dice Aragón y agrega: ““Es un atentado contra la libertad de expresión, contra la democracia y contra la libertad de comunicación de los pueblos, pero también es una desilusión, sentimos que hemos perdido la inocencia. Queremos que se sepa lo que está ocurriendo en Jujuy para que todo el campo popular esté atento”.