Denuncian que el larretismo impulsa una Ley de Cooperadoras que restringe la participación de las familias

Pasaron 120 días desde que el oficialismo porteño suspendió el debate sobre proyectos de ley en materia educativa. Lo hizo paralizando el funcionamiento de la comisión de Educación que, desde el 5 de julio, no volvió a convocar a sus integrantes ni a referentes del sector. La presidenta de éste órgano, Manuela Thourte (UCR Evolución – Juntos por el Cambio), es quien debió arbitrar los medios necesarios para que el poder legislativo reciba y escuche a estudiantes, referentes educativos y legisladores y legisladoras, en medio de la crisis que atraviesa el sector en la Ciudad de Buenos Aires.

Recién este viernes, y tras la aprobación del Presupuesto 2023 donde Educación tiene la participación económica más baja de la historia en el distrito, Thourte convocó a la comisión de Educación en el Salón San Martín de la Legislatura. El objetivo del encuentro era tratar tres proyectos de Ley del oficialismo, que pretende aprobar el jueves próximo: la Ley que crea el «Programa Educativo de Acompañamiento y/o Aceleración para niño/as y adolescentes con Altas Capacidades Intelectuales»; la Ley de becas para estudios de carreras estratégicas de educación superior no universitaria; y la Ley de Cooperadoras Escolares de la diputada Marina Kienast, de Republicanos Unidos, que trabaja coordinadamente con Juntos por el Cambio.

Este último proyecto es un viejo reclamo de la comunidad educativa, pero la ministra de Educación, Soledad Acuña, presentó su propia Ley de Cooperadoras, ignorando las reivindicaciones de miles de familias que integran estos espacios: «Lo que está planteando el proyecto es que para ser miembro de una cooperadora escolar no hay que tener participación político partidaria, esto gravísimo», exclama la legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco.

La diputada se refiere al artículo 16 de ese proyecto que establece: «Ningún miembro de la Comisión Directiva podrá utilizar la Cooperadora Escolar para promover actividades comerciales, acciones político partidarias o ajenas a las funciones propias de las Cooperadoras o cualquiera que implique conflicto de intereses. La persona responsable de la promoción de dichas acciones será pasible de remoción».

La referenta de Somos Barrio de Pie CABA asegura que esta iniciativa «va de la mano con el protocolo anti tomas donde se persiguen a los estudiantes, a lo que está realizando contra los padres por acompañar y cuidar a los estudiantes, que ya están siendo perseguidos incluso en términos de su patrimonio», explicó. Al mismo tiempo, el artículo 40 del mismo proyecto ordena: «Las autoridades de las Cooperadoras Escolares intervenidas que hayan sido removidas no podrán ser reelectas». Otro punto que restringe aún más la participación de las familias en las cooperadoras es el artículo 18: «No podrán participar simultáneamente de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas de una Cooperadora Escolar cónyuges y parientes y afines, hasta en segundo grado de otro miembro electo. Los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas no podrán haber sido miembros de la Comisión Directiva en el período anterior». Velasco afirma que «evidentemente, la ministra Acuña sigue avanzando sobre los actores de la comunidad educativa, sobre estudiantes, sobre docentes, sobre las familias, y hoy sobre las propias cooperadoras».

El pasado 13 de mayo, Tiempo publicó un informe donde advertía sobre esta situación: Tras modificar el estatuto docente, el Gobierno de la Ciudad va por la Ley de Cooperadoras. El ministerio de Educación porteño envió un mensaje de WhatsApp con tres o cuatro preguntas para comenzar una supuesta discusión sobre el proyecto de Ley de Cooperadoras Escolares. Utilizó la misma modalidad implementada para abordar la modificación del estatuto docente que, en menos de 6 semanas desde su ingreso por comisiones, logró sanción en la Legislatura sólo con los votos del oficialismo. Las preguntas enviadas por la cartera educativa rozan con el desconocimiento de que ya existe una norma nacional o intentan ignorarla por completo: «¿Cuál creés que es el rol de la cooperadora en la escuela? ¿Qué nueva función te gustaría que reciba la cooperadora con la ley? ¿Considerás necesaria la Ley de Cooperadoras? y ¿Qué temas no pueden faltar?», contiene el cuestionario enviado.

«Este proyecto es muy limitativo cuando todos sabemos que es muy difícil hoy en día conformar una cooperadora. Nosotros estamos pidiendo mayor participación y el oficialismo hace todo lo contrario», analizó en diálogo con Tiempo Pablo Cesaroni, vicepresidente de la Cooperadora del Normal 7 y titular de la organización Cooperadores en Movimiento. Cesaroni considera que los que redactaron el proyecto de Ley de Cooperadoras Escolares «desconocen el funcionamiento interno de las mismas, nos preguntamos por qué compusieron una iniciativa que en vez de ser inclusiva excluye a las familias y dificulta la participación de la comunidad educativa».

La falta de legislación sobre las cooperadoras escolares en CABA determina muchas arbitrariedades por parte del ejecutivo porteño, que van en detrimento de un funcionamiento ágil de las asociaciones cooperadoras. Esto ocurre pese a que hace diez años ya existe una legislación nacional sobre el tema. Desde la comunidad educativa, aseguran que durante muchos años el gobierno de la Ciudad emitió resoluciones para volcarlas en una normativa general que va cambiando según los deseos de la gestión de Larreta, pero sin participación de las cooperadoras escolares. Consideran que con este proyecto de ley el ministerio de Educación de la Ciudad va a tener un control riguroso sobre las cooperadoras, cuando deberían tener mayor autonomía y libertad.