Denuncian que en complicidad con Ciudad un ente religioso quiere desalojar 93 familias de Pompeya

Hace diez años que Walter y sus dos hijos viven en la casa 14 de la Colonia Obrera y ahora teme perder su vivienda y quedar en la calle. La Colonia es un barrio de apenas una manzana y está situado a pocas cuadras del Riachuelo. Fue construido hace 112 años con el objetivo de dar cobijo a familias de trabajadores por la Sociedad de San Vicente de Paul, una corporación “benéfica” internacional de laicos católicos que nació hace más de 150 años. Las y los vecinos fueron desalojados a “cuentagotas” bajo diferentes argumentos y denuncian que, el desalojo podría llegar a las casi cien familias que habitan el lugar. Este miércoles Walter y sus hijos tienen orden de desalojo.

“Nuestro barrio se ubica entre cuatro calles y las tierras son del Gobierno de la Ciudad. Supuestamente la sociedad no puede desalojar gente pero parece que nada los va a detener”, cuenta a Tiempo Walter, vecino del barrio. La sociedad católica argumenta que es muy caro mantener ese barrio y las familias le dicen que dejen ese barrio en manos de ellos. “Nosotros seguimos pagando el contrato con ellos, y hasta nos dijeron que nos van a renovar el contrato. Pasó un mes y medio, no nos llamaron y más tarde nos dijeron que no nos iban a renovar el contrato”, agrega Walter.

La sociedad religiosa realizó esta modalidad con varias familias que habitaban el barrio. “El año pasado desalojaron a una señora que tenía una hija con discapacidad. La desalojaron y perdió todas sus pertenencias. Hay cuatro familias que están en la misma situación que yo y que tampoco les van a renovar el contrato”, suma. En el barrio hay más de 20 niños, 40 adultos mayores y 12 personas con discapacidad.

Colonia Obrera fue construido en 1912, cuenta con Protección Histórica y alberga a 93 familias, y es administrado por la Sociedad San Vicente de Paul,, una entidad religiosa que obtuvo en 1909 el usufructo del lugar cuando la Ciudad de Buenos Aires era una comuna vecinal. A partir de ese momento, la corporación laica, alquiló las viviendas a diferentes familias.

“En este lugar se vienen dando desalojos a cuenta gotas y esta sociedad religiosa viene lucrando con los alquileres de las familias desde hace más de cien años. Esta gente decide a dedo a quién les da el contrato y a quién no ¿Cómo puede ser que el GCBA le dé una entidad religiosa el usufructo para que administre los alquileres de las viviendas?”, cuestiona la referente social Gigi Krein, de Consejerías de Viviendas, una agrupación que da asistencia a familias en peligro de desalojo.

Malas condiciones y falta de mantenimiento

Las familias que alquilan denuncian que la falta de mantenimiento y condiciones habitacionales del complejo es evidente. Existe un descuido total de los espacios comunes del mismo, e incluso graves faltas en términos de higiene y salubridad. En la última tormenta, el agua en ciertas zonas alcanzó el medio metro, y pueden verse charcos por deficiencias de mantenimiento, lo cual genera un peligro para toda la población en la epidemia histórica de dengue que estamos atravesando. Cabe destacar que el barrio «Colonia Obrera» está alcanzado por la normativa de *Área de Protección Histórica* de CABA,y debido a la falta de mantenimiento de la SSVP se está incumpliendo gravemente con la protección del patrimonio histórico y arquitectónico de la Ciudad.

El reclamo de vecinos de la Colonia

Ante el inminente desalojo de una casa de la Colonia este miércoles 3 de Abril, como vecinos y vecinas de Colonia Obrera reclamamos que el responsable de fondo de esta situación es el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri, y de la Dirección Gral. de Administración de Bienes Inmuebles a cargo de Rosendo Luis Tarsetti. Los responsabilizamos tanto a ellos como al ministro de seguridad Waldo Wolff, por la integridad de las familias habitantes de la Colonia.

Sumado al ajuste feroz y una política represiva sin freno de mano del gobierno nacional, vivimos una crisis inquilina sin precedentes, con alquileres impagables, bajísima oferta y la negativa casi total a alquiler a familias con niños y mascotas. Un desalojo hoy implica calle efectiva. Y a quien le cabe garantizar el derecho a la vivienda digna es al estado, no a entidades religiosas que se hacen llamar benéficas y se llenan los bolsillos a costa de las familias trabajadoras.