En una audiencia pública convocada por la Comisión Contra la Violencia Institucional de la legislatura, revelaron que además existe complicidad del gremio Sutecba.

Muchos de ellos fueron despedidos por adherir a medidas de fuerza; hubo varios casos de persecución sindical en distintos hospital porteños; situaciones de violencia laboral contra las enfermeras por parte de autoridades del hospital; y traslados a otros hospitales como represalia. Aseguran que estos, y otros hechos de violencia laboral, son silenciados a diario en los hospitales públicos porteños, y muchos de sus trabajadores y trabajadoras son víctimas hasta de insultos y ataques físicos.
Por tal motivo, este miércoles se realizó una audiencia pública en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, convocada por el diputado del Frente de Izquierda (FIT), Gabriel Solano, que preside la Comisión Contra la Violencia institucional. Participaron delegaciones del Hospital Argerich, del Güemes, y de la maternidad Sardá. También estuvieron presentes trabajadores y trabajadoras Del Hospital Méndez, del Neuropsiquiátrico Moyano, y de los hospitales Durán, Fernández, Santojanni, Ramos Mejía, y Casa Cuna..
Erika Lubenfeld, Licenciada en Enfermería del Hospital Gutiérrez, señala a Tiempo que “nos encontramos por debajo de la línea de pobreza como consecuencia de no ser reconocidos como profesionales de la salud, esa es la primera violencia laboral que sufrimos. Pero hoy en día estamos en una situación de sobrecarga laboral porque faltan enfermeros en todos lados”. Además, durante la jornada, denunciaron que las autoridades hospitalarias realizan evaluaciones de desempeño arbitrarias sin criterio y que ponen en peligro la continuidad laboral de las y los enfermeros. Afirman que este es un mecanismo del gobierno porteño para justificar despidos, persecución y hostigamiento. “Al no renovarles los contratos a muchos enfermeros que fueron contratados durante la pandemia, hoy los hospitales están colapsados. Eso hace por ejemplo que haya enfermeros que no se puedan tomar francos, vacaciones, etc.”, agrega Lubenfeld.
Enfermeros de varios hospital porteños señalaron que en los últimos meses se profundizó la persecución sindical contra quienes adherían a medidas de fuerza. “El nivel de precarización es total. Las horas extras o los módulos como se conocen en el sistema de salud público de la Ciudad se pagan 160 pesos cada hora, mientras en la salud privada se abona al 50% o al 100%. Obviamente los trabajadores no quieren hacer los módulos y entonces son presionados”, explica a Tiempo el legislador porteño Gabriel Solano. “Mientras las autoridades obligan a que los enfermeros y enfermeras realicen estos módulos porque hay falta de personal, por otro siguen despidiendo a trabajadores del sector que fueron contratados durante la pandemia y otros enfermeros directamente se van a clínicas privadas porque pagan más”, remata.
Luego de las exposiciones, resolvieron darle continuidad a las iniciativas que ya se vienen llevando adelante; realizar un relevamiento en distintos sectores hospitalarios de enfermeros y cantidad de pacientes; exigir a las autoridades la equiparación del pago de horas extras encubiertas que realizan los enfermeros, y que el estado no las reconoce como tal, con el régimen del empleo privado; elaborar un proyecto de régimen jubilatorio especial a los 55 años; y realizar tres Pedidos de Informes sobre diferentes temas, entre los que se encuentra la presencia de asbesto en hospitales.
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