Desde la Comisión Provincial por la Memoria avisaron que en la Provincia hay 45 mil personas detenidas en comisarías donde hay cupo para 21 mil.
Ante este panorama, la CPM reiteró en un comunicado su «preocupación por la insistencia en políticas de encarcelamiento, hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención» de las personas detenidas en comisarías bonaerenses y solicitó a la Suprema Corte y la Procuración General que «no convalide estas graves violaciones de derechos humanos».
Además, la CPM repudió las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien aseguró que prefiere que los delincuentes «estén adentro, aunque estén apretados», ya que con esos dichos «naturalizó la violencia del Estado y avaló la comisión permanente de delitos en los que incurre».
Según detalló la comisión, en la actualidad existen 457 comisarías de las que 331 se encuentran inhabilitadas por el Estado para alojar detenidos. «Sin embargo, 129 alojan personas en condiciones de hacinamiento y precariedad extrema».
«Frente a este cuadro, algunos pocos jueces disponen sentencias de clausura que son desobedecidas de manera reiterada por el ministro de Seguridad», según precisaron en un comunicado.
Asimismo denunciaron que «al mes de abril la provincia llegó al récord de 45.000 personas detenidas: 39.394 en cárceles y alcaidías, 3.727 en comisarías y 1.814 con monitoreo electrónico».
«Todas estas personas se alojan en 21.000 plazas (20.000 en el servicio penitenciario y 1.000 en comisarías) que no cumplen con estándares mínimos de respeto a los derechos humanos», indicaron y detallaron que «dos de cada tres personas alojadas en comisarías duermen en el piso y la mayoría no cuenta con colchones».
Por último, la CPM aseguró que «el sistema de encierro está colapsado; la vulneración de derechos es sistemática y se producen muertes evitables cada día» y sostuvo que las políticas punitivistas han sido «la única respuesta del Estado para atender los problemas de seguridad».
«Estas políticas encarcelan masivamente a los pobres pero no atacan las redes del delito organizado y no resuelven el problema de la inseguridad», concluyó el comunicado.
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