Los beneficios de Shell, la gigante mundial del petróleo y el gas, por el contrato de compra de gas a Chile, más que duplicarían las cifras que se dieron a conocer en mayo pasado y se aproximarían a los 95 millones de dólares.
Así se desprende de un informe de los diputados nacionales del Frente para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, dado a conocer días atrás. Los legisladores aseguraron que la operación comercial, no sólo genera un ingreso extra para Shell por el mayor precio del gas respecto de los demás posibles proveedores, tanto locales como internacionales, sino que, además, permite a una subsidiaria boliviana vender el gas que no envía a la Argentina a un precio mayor a otros clientes.
Así, Shell sería beneficiada por las decisiones del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien fue el jefe de la filial argentina hasta mediados de 2015 y posee acciones de Royal Dutch Shell, la casa matriz, por un valor superior a los 16 millones de pesos.
Los diputados presentaron el informe como parte de una ampliación de una denuncia previa, realizada en mayo, en la que pidieron que se investigue la violación de la ley de Ética Pública (25.188) por parte de Aranguren y que recayó en el Juzgado Federal 9, a cargo de Luis Rodríguez. El fiscal federal Carlos Stornelli resolvió el 3 de junio imputar al ministro de Energía y Minería y determinó una serie de medidas probatorias, incluido el allanamiento de oficinas de la cartera de Energía y de YPF.
Para llegar a ese supuesto beneficio de Shell por 95 millones de dólares los diputados realizan dos cuentas distintas. La primera es la que surge de la diferencia de precio que existe entre el gas importado desde Chile y el de otras fuentes. Son dos contratos por la provisión de 362 millones de metros cúbicos de gas natural entre el 17 de mayo y el 15 de agosto a un valor total de U$S 95,9 millones.
Esos 362 millones de metros cúbicos de gas tienen valores sensiblemente más bajos con otros proveedores. Así, si se tratase de gas natural licuado (GNL) que se desembarca en Bahía Blanca, el precio habría sido de U$S 75 millones. Si la compra se hubiese hecho a Bolivia, el costo habría alcanzado a los U$S 41,6 millones. Y, por último, si la compra se hubiese realizado a los productores locales de Neuquén, el precio habría alcanzado a U$S 28 millones.
Royal Dutch Shell participa en la venta de gas a Argentina desde Chile por dos vías. La primera, una empresa suya, BG, provee el gas que se inyecta en el caño de Gas Andes (desemboca en Mendoza). La segunda, como socia de Engie, la empresa que entrega el gas en el Norandino (va a Salta).
El gas que ingresa a la Argentina por estos contratos suma en promedio 4 millones de metros cúbicos diarios, lo que equivale a un 2,6% del consumo nacional.
Doñate y Tailhade aseguran que Shell tiene un segundo ingreso extra. Y es que el gas que Argentina le compra a Bolivia proviene de un bloque llamado Caipipendi, explotado por Repsol, BG (subsidiaria de Shell) y Pan American Energy (60% de BP y 40% de Bridas).
Según las planillas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, la Argentina recibió durante junio un promedio de 17,11 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, con picos diarios de 21,2 millones y valles de 11,07 millones.
El ministro boliviano del área, Luis Sánchez, aseguró que «estamos predispuestos, en algún momento, a que ellos (por la Argentina) puedan aumentar volúmenes mayores de contratos, y nosotros estamos en capacidad de abastecer el mercado y lo haremos».
Sánchez también aclaró que su gobierno nunca recibió un pedido del argentino para incrementar los volúmenes de entrega de gas. De haber llegado la solicitud, se habría iniciado un proceso para analizar si ese pedido era realizable.
El tema es que Sánchez aseguró que en Bolivia hay compradores privados de gas que están dispuestos a pagar hasta 8 dólares la unidad de medida (millón de BTU), mientras que la Argentina abona sólo U$S 3,2.
Según los diputados, el ministro Aranguren libera a los operadores del bloque Caipipendi de la posibilidad de entregar más gas a la Argentina a un precio bajo, de forma tal de poder ubicar ese fluido a los privados dispuestos a poner los ocho dólares.
Esa cuenta, aseguran los legisladores, agregaría 53 millones de dólares más a las arcas de Shell.
El ministro Aranguren ha asegurado que Bolivia avisó que entregaría a la Argentina menos gas que el contratado y que carecía de posibilidad de incrementar sus envíos. En ese escenario, se resolvió comprar el gas más caro a Chile. El ministro Sánchez dice lo contrario. La diferencia está en manos de la Justicia. «
Tarifazo en la provincia de Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires se dieron dos fallos opuestos respecto de los tarifazos de electricidad y gas.
El martes pasado, el Tribunal Oral Criminal Nº 5 de Lomas de Zamora determinó suspender el tarifazo del gas ante el reclamo de un usuario de Metrogas. «El tarifazo de gas está suspendido en todo el departamento judicial de Lomas de Zamora, que implican los partidos de Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Ezeiza y Esteban Echeverría. No hay que pagar el gas con aumento», dijo en una entrevista radial el abogado Facundo Ferro que representó al usuario que pidió la suspensión. Sobre las medidas a tomar por los usuarios, Ferro explicó que «la gente tendrá que dirigirse a las empresas con una nota pidiendo que se refacture el servicio».
En cambio, el jueves pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata suspendió un fallo previo que impedía aplicar los aumentos tarifarios a las empresas de energía eléctrica del interior de la provincia de Buenos Aires. Así, Edelap (Empresa Distribuidora de Energía La Plata SA), Edesa ( Empresa Distribuidora de Energía Sur SA), Edeasa (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica SA) y Eden SA (Empresa Distribuidora de Energía Norte SA) podrán mantener la factura con aumento de las tarifas.
Ambos fallos están a la espera de la decisión de fondo que determine si el aumento es legítimo.
CONTRA EL AJUSTE
Convocados por la Coordinadora Sindical Clasista, más de 2500 dirigentes gremiales resolvieron iniciativas para unificar las luchas «contra el ajuste de Macri y los gobernadores».
