La jueza que interviene declaró la inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley 13.482 sobre los niños, niñas y adolescentes. Esta norma organiza las funciones policiales en la forma de proceder y de limitar la libertad de las personas por averiguación de identidad.
Este organismo presentó el escrito en el Juzgado de Garantías del Joven, a cargo de la doctora Mariana Gulminelli. La actual resolución es sobre cuatro policías imputados -tres de ellos permanecen detenidos- que torturaron a los jóvenes. Además, el fallo dispone la aplicación de otras medidas que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“Los jóvenes fueron detenidos y trasladados en un patrullero a un descampado donde los golpearon, también los amenazaron y finalmente les hicieron un simulacro de fusilamiento”, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario de la CPM, a Tiempo. Recordó que este terrible hecho de violencia institucional sucedió a principios de octubre del corriente año en Mar del Plata”.
“Cuatro son los policías que cometieron los hechos, dos hombres y dos mujeres, todos ellos cumplen funciones en la comisaría 6°, están imputados en una causa por privación ilegítima de la libertad agravada y torturas”, detalló el secretario.
“Nosotros aplicamos medidas de apoyo y acompañamiento a los familiares de los jóvenes, entre ellas, presentamos un habeas corpus preventivo para prevenir la vulneración de derechos y garantías de las víctimas”, contó García. Siguió relatando que la justicia hizo lugar al pedido y “dispuso distintas medidas que buscan garantizar las normas básicas de intervención policial cuando se trata de situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes”.
La jueza Mariana Gulminelli declaró la inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley 13.482 sobre los niños, niñas y adolescentes. Esta norma organiza las funciones policiales en la forma de proceder y de limitar la libertad de las personas por averiguación de identidad.
En su fallo ordenó a la Jefatura Departamental que implante el cese de cualquier restricción de la libertad de las personas alcanzadas por la acción de habeas corpus, que se comprometa y garantice que los agentes a su cargo cumplan estrictamente con las pautas de actuación policial respecto de niños, niñas y adolescentes como corresponde.
“La resolución indica al Ministro de Seguridad que instrumente -en toda la jurisdicción- mecanismos de formación, capacitación y difusión entre el personal policial en materia de intervención con niñas, niños y adolescentes que resultes ser presunto infractores de la Ley Penal,” subrayó García. Siguió relatando que la jueza también dispuso que lo mismo sea fomentado y comunicado “en la Dirección de Niñez y Juventud de la Municipalidad de General Pueyrredón y al Servicio zonal de promoción y protección de los derechos del niño a adoptar medidas que protejan la salud de los jóvenes involucrados”, agregó.
“En la investigación penal la Comisión figura como particular damnificado institucional ante el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de Rosa Frende”, detalló el abogado. Finalizó asegurando que “venimos denunciando la práctica de violencia sistemática y las torturas cometidas por la Policía Bonaerense”.
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