Denuncian una escalada de violencia laboral y políticas anti sindicales en la Auditoria General de la Nación

La Junta Interna de ATE de la Auditoría General de la Nación (AGN) acaba de emitir un comunicado en el que denuncian una escalada de violencia laboral en el organismo que, presidido por Jesús Rodríguez, tiene como función auditar el funcionamiento y las cuentas de los distintos organismos del Estado nacional. El titular de la AGN, tal como lo determina la legislación vigente, es designado por la primera minoría en el Congreso de la Nación y, a la vez, encabeza el Colegio que está integrado por siete auditores con presencia de referentes designados tanto por el oficialismo como por la oposición. 

El sindicato asegura que, ya desde principio de este año, cuando las autoridades definieron poner fin al régimen de teletrabajo, comenzó una escalada de persecución interna y violencia laboral que llevó a que, en palabras de Osvaldo Sidoli su secretario general, “alrededor del 10% del personal se encuentra con licencia psiquiátrica, médica o directamente sin goce de haberes por las presiones y sanciones permanentes que sufren”.

El dirigente confió que “yo mismo, con los años de experiencia y el respaldo gremial con el que cuento, a principio de año me enfermé por una sanción que me pusieron por un supuesto error a partir de la cual me quitaron un cargo de jefatura”. La situación, aseguran, es asfixiante. Desde el retorno a la presencialidad y en contradicción con lo que ocurría antes de la Pandemia, abundan los sumarios, las sanciones y las suspensiones por períodos de 30 días sin goce de haberes: “un compañera presentó un día tarde los papeles para la licencia por Covid y, en represalia, la suspendieron durante un mes. No hay graduación alguna entre el hecho y la pena que resulta completamente desmedida y con el solo propósito de regimentar”, se lamenta Sidoli.

Pero además el procedimiento sumarial, denuncia el dirigente de ATE, “se sustancia con un régimen particular en la AGN donde no te notifican las pruebas, te citan a declarar sin dejarte ver el expediente y ahí ya te ponen la pena en forma unilateral”.

Con todo, el comunicado es la respuesta del gremio a lo que consideran “la gota que rebalsó el vaso”. Es que, días atrás, el Colegio de Auditores dio a conocer una disposición que excluye la representación gremial en el Comité contra la Violencia Laboral creado en 2018 y que resultaba el único ámbito formal del cual participan los representantes de los trabajadores.

Por eso, el comunicado titula “Nunca dejan de sorprendernos para peor”. En el texto denuncian que miembros del Colegio catalogaron públicamente a los empleados de la auditoría como “vagos e incapaces”. La descalificación, según pudo saber Tiempo, vino del inefable Javier Fernández que persiste en ese organismo desde el 2001 y, si bien sustenta su representación en el bloque del peronismo mantiene vínculos estrechos con elementos del radicalismo y los servicios de inteligencia como Darío Richarte. Un perfil similar al de quien supo ser su socio en el directorio del grupo 23 Sergio Szploski con quien en conjunto vaciaron a Tiempo Argentino en su época comercial dejando en la calle y sin indemnización a dos centenares de trabajadores a partir de un complejo entramado de testaferros.

El mencionado Comité contra la Violencia Laboral en la AGN, señalan “tuvo un protagonismo pedagógico, fue recomendado en cursos como el de la ley Micaela y encuentros realizados con trabajadores que permitió reflexionar sobre como erradicar prácticas de violencia laboral. Estas nuevas prácticas fueron vistas como parte de una nueva cultura democrática en la AGN” De allí participaban, según el texto de la disposición que le dio origen, dos representantes por el sindicato mayoritario (APOC) y uno para cada uno de los sindicatos restantes (ATE y UPCN).

En alguna medida el Comité de Violencia había servido como ámbito de representación de los gremios en reemplazo de la Comisión permanente de Carrera creada en 2008 para discutir un convenio propio, la paritaria, la carrera admisnitrativa y los concursos pero que las autoridades nunca sustanciaron.

Desde ATE señalan que “han sido los gremios quienes impulsaron el Comité, aportaron a su reglamentación, participaron en la atención de casos para favorecer la resolución de conflictos. También propusieron, consensuada entre sus integrantes, la realización de una encuesta y su respectivo informe que se presente como línea base para partir de un primer trabajo que permita delinear políticas que favorezca a un ambiente laboral sano”.

Para Sidoli “la auditoría ningunea a los gremios, no tenemos convenio colectivo y todo se decide en forma unilateral. El comité de Violencia también lo resolvieron ellos en forma unilateral. Tanto su implementación como, ahora, la decisión de excluir a los sindicatos”.

Lo curioso es que, el 20 de octubre de este año, hace poco más de un mes, con motivo de la celebración de los 30 años del organismo, los representantes de los trabajadores fueron invitados a participar como oradores de un acto celebrado en el propio organismo. Allí, Jesús Rodríguez, señaló en referencia a los gremios que “imaginar un mecanismo que no los incluyera o no los contemplara, constituiría un pecado de soberbia o de ignorancia inadmisible”. Semanas después el organismo que lidera dispuso su exclusión unilateral por la que ahora ATE se declaró en estado de alerta y movilización y evalúa realizar asambleas la semana que viene donde planifican adoptar medidas de fuerza y acciones legales.

Ante el giro operado por las autoridades, el titular de ATE especuló que “allí se trataron muchos temas de violencia laboral pero en general alcanzaban el cargo de gerente. Debió haber alguna denuncia contra algún auditor y, por eso, decidieron volar la representación gremial. Este es un organismo feudal conducido por siete señores”.

Desde APOC si bien confirmaron la decisión de las autoridades prefirieron, por el momento, mantener en reserva su posición.