Denunciaron a las empresas por no presentar sus estructuras de costos

La representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso, acusó en la audiencia pública que trata el tarifazo del gas que las empresas no aclararon en sus presentaciones las estructuras de los costos de producción, ni de transporte ni de distribución del recurso.

La denuncia de Grosso estuvo a tono con la de sus pares de los principales distritos del país cuestionaron en duros términos la intención oficial de legitimar un nuevo cuadro de valores con aumentos del 200% para el servicio.

Tras una mañana en la que los discursos oscilaron entre la contemplación de las subas y la defensa lisa y llana, el presidente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, rompió la monotonía con un discurso fuertemente crítico del gobierno y, en particular, del ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Amor inició su presentación con una defensa de los tres principios que expresó la Corte Suprema de Justicia en el fallo que suspendió las resoluciones del ministerio a cargo de Aranguren: “progresividad, proporcionalidad y razonabilidad”.

En ese sentido defendió la progresividad por entender que era necesario un cambio de las tarifas pero denunció que la propuesta del gobierno no tenía ni proporcionalidad ni razonabilidad. También alertó que la quita de los subsidios va a evolucionar a razón de un 30% por cada semestre con lo cual para el año que viene se puede esperar una quita del 62%.

Para moderar el efecto de semejante incremento en el bolsillo de los argentinos en actividad (el gobierno maneja a priori una pauta salarial del 17% para el año que viene) y en los jubilados, Amor propuso atar los incrementos de las tarifas a la suba salarial y a la de los haberes de los jubilados.

A su vez, el defensor porteño reclamó el establecimiento de una tarifa social única y automática. A propósito, demandó que “no puede haber diferencia en la tarifa social según el servicio: si una persona es vulnerable para un servicio, es vulnerable también para los otros”, una intervención que arrancó un aplauso en un auditorio mayormente partidario del aumento en los términos que plantea el Ministerio.

Amor reclamó también una tarifa social con mecanismos de acceso sencillos y prácticos y criticó las demoras que denuncian a diario las personas que realizan el trámite. A la par, propuso la constitución de una mesa de trabajo que integre a Aranguren, a su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y a los defensores del pueblo de todo el país para discutir un cuadro tarifario social único y una tarifa especial para los centros de jubilados, clubes de barrio, centros de salud y otras instituciones similares.

A tono, solicitó que se cree registro simple para que estas instituciones puedan acceder las tarifa social.

El referente porteño pidió también una tarifa diferenciada para las pymes para frenar la pérdida de puestos de trabajo. Asimismo, pidió que se declara a la prestación de los servicios energéticos como derecho humano.

Finalmente, Amor se refirió al tema de la tarifa dolarizada, y pidió que el Estado se haga cargo de la diferencia dineraria que afecta al consumidor en caso de devaluación.

Luego llegó el turno de la representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso, quien criticó que en las exposiciones de la mañana los empresarios comparasen recurrentemente la tarifa del gas con la tarifa de la televisión por cable. “No son comparables porque se trata de un servicio esencial contra uno prescindible”, señaló Grosso, quien planteó que en todo caso habría que calcular los gastos esenciales de una familia y ver cuánto se incrementan en relación con el tarifazo del gas.

La referente nacional advirtió por otra parte que las empresas (sin especificar a cuáles se refería) están incluyendo en sus planes de inversiones obras que ya habían incluido en otros planes que habían presentado en 2005 o 2006.

También reclamó que no haya criterios restrictivos para la tarifa social como el de tener un auto de menos de 15 años de antigüedad. En ese orden, reclamó que para la revisión de octubre se llegue con información completa y correcta en tiempo y forma. Grosso lamentó en ese contexto que en las presentaciones de las empresas no figuren las estructuras de costos ni de la producción, ni del transporte ni de la distribución.

El tercero de los oradores y representante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, criticó también el requisito de tener un auto de más de 15 años para acceder a la tarifa social. Además reclamó ese beneficio para clubes de barrio e instituciones de jubilados y señaló que los organismos reguladores no cumplieron con su misión porque no controlaron las inversiones de las empresas.