Los fundamentos de la derogación pueden discutirse, pero los resultados e impactos de la nueva ley no podrían evaluarse hoy con solvente rigurosidad, a sólo dos meses de su implantación. Lo cierto es que el decreto derogador requerirá, tarde o temprano, una ratificación parlamentaria.
Ese proceso debe iniciarse con la aprobación en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, cuya responsabilidad es precisamente regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo.
Esa Comisión tiene que conformarse con 16 miembros, entre diputados y senadores. El bloque de Unión por la Patria tendrá la mayor cantidad de integrantes y a otros bloques les corresponderá una representación minoritaria. El oficialismo de la Libertad Avanza no contará con más de 2 o 3 miembros, sobre 16.
En consecuencia, el decreto que deroga todas esas leyes, incluida la Ley de Alquileres, está asentado legalmente en arenas movedizas. El gobierno lo sabe, la oposición lo sabe y el “mercado inmobiliario” lo sabrá en pocas horas. También tomarán nota potenciales inversores.
En lugar de afrontar un debate en el Congreso, el nuevo gobierno elige la acción directa del decreto para derogar leyes.
El Presidente de la Nación acaba de abrir un camino riesgoso que, de no mediar un milagro, lo conducirá hacia la inseguridad jurídica.
El autor es Director del Instituto Consenso Federal.
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