Según la entidad sindical internacional, desde que asumió el gobierno el país cayó dos categoría y comparte con otros diez países las peores condiciones laborales del planeta. La CGT debatirá en la OIT.
Según la propia organización liderada por su secretario general belga Luc Triangle se trata de “la 13.ª edición del Índice Global de los Derechos de la CSI, el único estudio anual exhaustivo a escala mundial, centrado en la vulneración de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”.
En su preámbulo el informe indica que allí se “pone de relieve los retos cada vez mayores a los que se enfrenta el movimiento sindical mundial” en un contexto de, sostiene, crecientes “políticas regresivas de gobiernos y empresas”.
En esa línea destaca a escala global “un aumento de cinco puntos porcentuales en las violaciones de la libertad de expresión y de reunión” en apenas un año así como un “aumento drástico en las cifras de arrestos y detenciones de trabajadores y sus representantes”.
Del mismo modo, asegura que los trabajadores enfrentan “un golpe de Estado de los multimillonarios contra la democracia– financiada por los ricos y llevada adelante por líderes autoritarios y de extrema derecha”. En el propio resumen que oficia de introducción destacan que “la creciente influencia de la extrema derecha está poniendo en peligro a trabajadores y sindicatos en países como Argentina y Francia, dos de los cuatro países que bajan de categoría en 2026”.
Por eso, más adelante, asegura que “los 10 peores países para los trabajadores en 2026 han sido: Argentina, Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Türkiye”.
El estudio destaca que el agravamiento de los derechos laborales y sindicales consolidó una situación en la cual, durante 2025, “en el 87% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga; en el 80% el derecho a la negociación colectiva; en el 75% se ha excluido a los trabajadores del derecho a establecer o afiliarse a un sindicato”. Además, puntualiza, “en el 75% de los países se ha impedido el registro de sindicatos, en el 72% los trabajadores carecen de acceso a la justicia o tienen un acceso restringido y en el 50% se ha restringido la libertad de expresión y de reunión”.
Con todo, el informe que analiza el desempeño de los derechos laborales en todo el globo, se detiene en particular en lo que ocurrió en la Argentina que es mencionada 24 veces en el estudio. Es que los derechos laborales en el país, según la CIS, se deterioraron a una escala tal que la derrumbaron a la categoría 5 (derechos no garantizados) cuando hace tan solo un año se ubicaba en la categoría 4 (violación sistemática de derechos) y hace dos en la 3 (violación regular de derechos).
Lo curioso es que, acá nomás, del otro lado del Río de la Plata, los trabajadores de Uruguay escalaron desde la categoría 2 (violación repetida) a la 1 (violación esporádica) que comparte con Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Noruega y Suecia. Además, se encuentra entre los únicos tres países del mundo, junto con Botswana y Reino Unido (ambas pasaron del 3 al 2) que mejoraron su categoría en el último año.
El estudio destaca que “la calificación de Argentina ha empeorado por segundo año consecutivo, situándose en la categoría 5, el peor nivel alcanzado en el Índice por este país sudamericano”. Para la CIS “representa un descenso brusco y sin precedentes de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años: un retroceso que pasa de la existencia de violaciones regulares de los derechos a una situación en la que los trabajadores no tienen garantizados sus derechos”. A la hora de explicar la situación el informe indica que “desde su llegada al poder en 2023, el presidente de extrema derecha Javier Milei ha encabezado un programa radicalmente antisindical, socavando derechos básicos de los trabajadores, libertades civiles y la actividad sindical”. Es por eso que, continúa más abajo, “Argentina ha pasado a formar parte de la lista de los 10 peores países del mundo para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”.
En detalle denuncia que el gobierno impuso normativas que indican que “durante los conflictos de negociación colectiva se impondrán niveles obligatorios de servicios mínimos, y las autoridades podrán definir dichos niveles y aplicar sanciones por incumplimiento” y que “trabajadores y sindicalistas se enfrentan a abusos sistemáticos y a una reducción del espacio cívico”.
Además recoge hechos puntuales como la que ocurrió en agosto de 2025 cuando “la policía detuvo a Federico Giuliani, secretario general de la sección cordobesa de la Asociación de Trabajadores del Estado – Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (ATE-CTA A), junto a otros 14 manifestantes”. Tras su puesta en libertad, destacan “Giuliani huyó del país en calidad de refugiado político”. Por otro lado resaltan que “en varias oficinas sindicales, incluida la sede del sindicato de trabajadores del vidrio, se produjeron infiltraciones y actos de vandalismo”.
Pero, además destacan que al igual que en otros países como Costa Rica y El Salvador “en Argentina las autoridades han interferido en los asuntos sindicales”.
El documento servirá de respaldo a escala mundial a las denuncias que la conducción de la CGT y de las CTA presentarán en el cónclave laboral que se desarrolla en Ginebra. El 5 de junio está pautado que presente su informe y descargo el secretario de relaciones internacionales de la CGT Gerardo Martínez.
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