Le exigen a la administración porteña que "garantice asistencia habitacional efectiva y adecuada" a las 300 familias afectadas y que realice un relevamiento efectivo de las necesidades. Y sostienen que la información brindada por la gestión de Jorge Macri "no da cuenta del total de sujetos afectados, ni discrimina cuántos de todos ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad".
La resolución cautelar fue dictada por el Juez Francisco Javier Ferrer , titular del Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 23 , en el marco de la causa impulsada por el Observastorio del Derecho a la Ciudad junto a otros vecinos.
El 3 de marzo, entre las 04.30 y las 4.45 de la madrugada, se produjo el «colapso estructural súbito, masivo y total» de la losa portante del patio central en el Sector 2 del mencionado complejo, ubicado en la calle Mafalda al 907. La estructura colapsó hacia el subsuelo: destruyó unos 65 vehículos.
Si bien no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, el GCBA procedió al corte de suministros y ordenó la evacuación preventiva de unas 300 familias, afectando a más de 700 personas.
Ante esta situación, Jonatan Emanuel Baldiviezo, presidente de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, y el doctor Marcos Zelaya presentaron una acción de amparo colectivo. La demanda solicitó el dictado de una medida cautelar y precautelar para exigir al GCBA «la inmediata provisión, la asignación logística y el pago integral de habitaciones de hotel» u hospedajes similares para las familias evacuadas , argumentando que muchas se encontraban «en situación de calle».
El GCBA informó haber desplegado operativos de asistencia a través de sus distintas áreas de actuación. En ese sentido, señaló que 44 grupos familiares, que representarían un total de 120 personas, fueron trasladados y alojados en establecimientos hoteleros gestionados en el marco del operativo de asistencia y 224 personas optaron por relocalizarse por medios propios, ya sea en domicilios de familiares, allegados u otras alternativas habitacionales.
El Tribunal sostuvo que «la información acompañada no da cuenta del total de sujetos afectados, ni discrimina cuántos de todos ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad, de manera que pueda conocerse qué pasó con quienes no se relocalizaron por sus medios o no pertenecen a los grupos familiares asistidos. Asimismo, tampoco se cuenta con información respecto de la estabilidad de la asistencia provista a los 44 grupos familiares, en los términos de la Observación General 4 antes citada. Idéntico déficit en materia de información sobre la estabilidad de la relocalización afecta a las 224 personas que habrían optado transitoriamente por utilizar medios propios».
Fundamentando su decisión en el derecho a una vivienda digna consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el magistrado resolvió, en los términos del art. 186 del CCAyT:
Baldiviezo sostuvo que «la medida precautelar mantendrá su vigencia hasta que el juzgado cuente con la información requerida y se dicte la decisión definitiva sobre la procedencia de la medida cautelar. Esta resolución marca un precedente inmediato sobre las obligaciones estatales de garantizar parámetros internacionales de habitabilidad ante emergencias y desastres estructurales que provocan vulnerabilidad habitacional súbita».
Mientras tanto, otra pata judicial sigue el camino de la investigación por los responsables. Según las primeras inspecciones, una losa de aproximadamente 50 por 70 metros cedió abruptamente en el subsuelo, lo que provocó el hundimiento parcial del estacionamiento y un amplio boquete en el patio central del complejo.
La Constructora Sudamericana (Cosud), responsable de los sectores 1, 2 y 10 del complejo Estación Buenos Aires, emitió un comunicado en el que aseguró haber activado de inmediato los protocolos de emergencia e iniciado las investigaciones correspondientes para establecer las causas del derrumbe.
La empresa, con actividad desde 1970 y participación en proyectos emblemáticos del país, afirmó estar “a total disposición de las autoridades competentes”, incluyendo Bomberos de la Ciudad y Defensa Civil, y expresó su colaboración en todas las pericias técnicas requeridas.
Las autoridades trabajan junto a ingenieros estructurales para determinar si el colapso se debió a una falla estructural, filtraciones de agua, errores de cálculo, problemas de ejecución o una combinación de factores.
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