Mientras avanza la causa, la vida de 300 personas transcurre desde el 3 de marzo entre hoteles, mudanzas y desinformación. Hablan de miedo, caos y también de advertencias desoídas.

“La mayoría de las personas evacuadas estamos en hoteles. Estoy en el de Las Américas. Pero nos están por mover a otro. Nos dividieron en distintos grupos pero todos tenemos reservas hasta el lunes. Después, no sabemos. En el hotel nos dicen que tienen muchas habitaciones reservadas para el Lollapalooza y en lugar de mover a esas personas nos mueven a nosotros. El significado de la palabra ‘revictimización’ no lo tienen muy a mano”, cuestiona Fer Albornoz, uno de los vecinos afectados.
Tras la madrugada del derrumbe, con el paso de los días, a la preocupación por sus viviendas las familias tuvieron que sumarle los reclamos por acceder a habitaciones de hoteles en buenas condiciones y con estadías fijas por tiempo indeterminado hasta que se defina qué pasará con el complejo edilicio. Por el momento, no lo consiguieron.
“Entre las principales demandas se destacaron las condiciones de los hoteles a los que fueron derivadas las personas evacuadas, así como también la provisión de alimentos, vestimenta, movilidad para que los niños y niñas puedan asistir a la escuela y la situación de sus mascotas”, informó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad tras un relevamiento entre damnificados.
Ante la consulta de Tiempo, desde el Ministerio de Desarrollo Humano del gobierno de Jorge Macri respondieron que “a veces en situaciones de urgencia, cuando se consiguen hoteles, se llevan familias un día para que no estén en la calle pero tal vez ese hotel ya tenía comprometidas habitaciones para los próximos días y por lo general prioriza a clientes con reserva. Puede pasar que por cuestiones del hotel haya que reubicar personas”. Aseguraron que “no van a quedar sin hospedaje, la decisión es acompañarlas hasta que se resuelva el problema de fondo”.
No se sabe cuándo será eso. “Cuando ingresé tenía 27 años y era monotributista. En su momento fue entre un orgullo y un milagro, siendo joven, poder tener casa propia. De repente, eso está teñido de total incertidumbre porque no sabemos cuándo vamos a poder ingresar. Las respuestas van desde una semana hasta dos años. O nunca”, lamenta Juan Bautista Canavesi Sosa, evacuado tras el derrumbe.
“Depende con quién hablemos la respuesta es diferente. Desde el Gobierno de la Ciudad, en dos reuniones donde se mostraron híper positivos, dijeron que supuestamente la próxima semana volvemos. La constructora habla de uno o dos meses, como mínimo. El estudio de Fernando Burlando (que representa a más de 150 de las familias afectadas) habla de años, uno o dos. Nosotros ni un promedio podemos sacar con eso”, resume Albornoz.
El gobierno porteño aclaró que “la responsabilidad de alojar a las personas es de la empresa constructora mientras realiza trabajos encomendados por la Justicia para que los edificios puedan volver a ser habitables”. Son 322 las personas que optaron por permanecer en hoteles.
El informe técnico elaborado por la Oficina de Inspecciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad dio cuenta de desprendimientos de recubrimiento en columnas, deformaciones visibles en las vigas, fisuras verticales y horizontales en paredes externas, filtraciones y manchas de humedad, entre otras falencias.
Las filtraciones eran motivo de reclamo desde hacía tiempo. Según declaró el administrador del sector afectado ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, hubo advertencias sobre el tema desde 2022 tanto al Banco Hipotecario como a la empresa Cosud, hoy investigada por estrago culposo.
El complejo de cuatro torres clausuradas forma parte del emprendimiento Estación Buenos Aires, desarrollado en el marco de un programa nacional y atravesado por distintas gestiones. “Este ProCreAr es el más grande del país, estamos hablando de casi un barrio dentro de un barrio donde van a vivir 2500 familias”, decía en 2018 el ministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio. Luego, las viviendas fueron asignadas bajo la presidencia de Alberto Fernández. El gobierno porteño intervino a través del Instituto de la Vivienda y el Banco Ciudad. La empresa a cargo del sector afectado –y de otras torres- es Constructora Sudamericana (Cosud).
“Puede haber habido una confluencia de factores: una construcción no acorde al peso de ese estacionamiento, filtraciones que bajan la fortaleza de la estructura. También hay que evaluar las vibraciones producidas por recitales en Huracán: pueden haber ayudado a que las grietas se incrementaran. Un cúmulo de causas. Cuál tuvo más importancia lo tiene que determinar la Justicia”, expone Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que lideraron un amparo colectivo para que Ciudad dé detalles de la obra, los controles y también cubra a todos los damnificados. “No fue repentino –remarca-. Las filtraciones se vienen denunciando. Había muchas irregularidades que ameritaban que el Estado y la empresa prestaran atención”.
“A mí me salvó ella”, dice Miriam señalando a Kikina. Vive sola en un departamento del tercer piso del sector dos y no escuchó el estruendo del derrumbe. Pero sí los gritos de su vecina, que se desesperó por alertar a todos para que salieran. Kikina Aguilera es paciente oncológica. Terminó la quimioterapia hace 20 días y está por empezar rayos. En medio del caos habitacional, entre la casa de una amiga y un hotel, tenía un turno médico. La Defensoría le había tomado los datos para que la empresa le garantizara transporte. El vehículo nunca llegó.
Las historias son tantas como vecinas y vecinos afectados. Teresa Alfaro tiene un hijo con discapacidad y cuenta con horror cómo fue bajar con él –un joven de 1,90 metros de altura, con autismo- siete pisos por escalera a oscuras. La evacuación improvisada incluyó caídas y dejó moretones todavía visibles. Yordis Rangel, de 20 años, se siente privilegiado porque su vivienda no está en el sector del colapso. Pero sí el negocio que sostiene a su familia: una fiambrería que ya tuvo que tirar toda la mercadería. Desconoce cuándo va a poder volver a encender las máquinas. No tiene claro qué hará a futuro, no tenía en mente un plan B.
Este sábado hicieron un «abrazo» reclamando justicia, en Astor Piazzolla y Montesquieu. «Que los responsables se hagan cargo», exigieron. También pidieron «volver a casa». Aunque saben que quedaron marcas. Alguien cuenta que sufre pesadillas desde aquella madrugada. Una mujer dice que se despierta todas las noches a las 4.30, hora del derrumbe. Otra, que cuando le permitan regresar le dará miedo volver a entrar.
Hay ataques de pánico y preocupaciones que exceden a las cuatro torres del sector 2: el miedo a más derrumbes se expandió a todo el complejo Estación Buenos Aires.
La investigación judicial está en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, que pidió un informe a Bomberos de la Ciudad y en los primeros días ordenó el apuntalamiento del lugar. Hasta la semana pasada no habían sido llamados a declarar las y los vecinos, pero sí el administrador del sector de cuatro edificios afectados. Según trascendió, dio cuenta de al menos siete reclamos por filtraciones por los que no hubo respuesta de parte de la constructora Cosud, salvo un acuerdo de palabra que no se cumplió.
Desde la Fiscalía indicaron a Tiempo: «No se va a disponer ningún ingreso por el momento, es una cuestión que debe ser habilitada y autorizada por el GCBA, en función de los trabajos que ellos ordenaron de apuntalamiento por cuestiones de seguridad.
El predio está clausurado por el GCBA. Aún no está elevado el informe técnico con el resultado de esas tareas».
Vecinos y vecinas esperaban los resultados sobre la habitabilidad del lugar que debe determinar la Justicia. “‘Habitabilidad’ no solamente es que estén apuntalados los edificios sino que vuelvan los servicios que hoy están cortados. Yo tengo arritmia cardiaca, hay muchas personas con discapacidad. Si no vuelve la electricidad no podemos volver por falta de ascensor”, anticipó el vecino Fer Albornoz.
Melisa Guevara es vecina del piso 11 de una de las cuatro torres evacuadas tras el derrumbe. Comparte su casa con su marido, una nena de cinco años y un bebé de cinco meses. Llora cuando cuenta que su niña le dice todos los días que quiere volver a su casa y no sabe qué prometerle.
“Nos arrancaron de nuestra casa al grito de ‘¡se derrumba!’. Imagínate lo que fue eso para los niños”, relata. En un primer momento se alojó en la casa de su mamá, luego aceptó el hotel que le asignó el Gobierno de la Ciudad, pero consideró que no cumplía las condiciones mínimas para permanecer allí con criaturas. Finalmente su abuela se mudó con otro familiar para dejarles su departamento. “Desde esa madrugada mis hijos durmieron en un montón de camas diferentes. Pero nuestro centro de vida está en nuestro barrio. Mi hija va a un colegio cerca, hace actividades cerca. La logística se complicó un montón”, lamenta.
“Solicité asistencia psicológica para mi familia, pero fue nula. Me llamaron y me dijeron ‘te entiendo’. Yo estoy con asistencia particular. No hace bien psicológicamente vivir en la incertidumbre y no nos informan nada. Mi hija de cinco años me dice todo el tiempo ‘quiero volver a mi casa’. Se me parte el corazón de no poder decirle si vamos a volver o no. Era su lugar, con sus juguetes, sus amigos. Es muy triste. Los chicos no pueden vivir cinco días en un hotel, cinco días en otro. Necesitan una rutina, un hogar”.
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