Por el derrumbe salarial los docentes de todos los niveles lanzan paros y planes de lucha

El 24 de febrero debían comenzar las clases en 12 provincias, pero un paro de todos los gremios de la educación postergó el inicio 24 horas. El 5 de marzo se sumarían el resto de las provincias, pero, en nombre de una apertura del diálogo, los gremios de la CGT dejaron sin efecto una medida ya resuelta.

La Ctera (CTA-T) no había fijado una medida de fuerza para esa fecha pero rechazó la propuesta de llevar el mínimo garantizado para el maestro de grado a $ 500 mil desde los $ 420 mil vigentes desde julio.

El 5 de marzo, sin embargo, sí pararon el sindicato porteño Ademys (CTA-A) y los sindicatos de base de CTERA de Santa Cruz, Córdoba, Chubut, Tierra del Fuego y San Juan. Además, se sumaron una decena de seccionales de Suteba (provincia de Buenos Aires).

La Ctera resolvió una nueva “jornada nacional de lucha” para el 13 de marzo que, presentada de esa forma, asumirá la forma de paros en algunas provincias, movilizaciones y protestas en otras en función de las negociaciones en cada distrito.

Esto a pesar del empantanamiento de la negociación nacional y en la que también se discute la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que el actual gobierno recortó drásticamente afectando el equivalente a entre un 12% y un 14% del salario.

Ajuste histórico

Un informe de Ctera destaca que, por la ausencia de presupuesto, el gobierno redujo el gasto público un 22,7%. Para educación y cultura el recorte llega al 41,6%, que contrasta con la suba nominal del 305% para Inteligencia.

A la vez, las transferencias del Tesoro a las provincias por educación se redujeron un 28%. Por esos motivos, en 2024, las partidas de educación y cultura representaron apenas el 0,88% del PBI, casi la mitad del 1,66% al que habían llegado en 2015 o el 1,42% de 2023.

Ya para marzo de 2024, el salario real promedio de los docentes había caído un 7% en tres meses y un 35% con relación a diciembre de 2015.

La propuesta del gobierno para el haber mínimo implica una suba del 100% cuando, entre noviembre de 2023 y enero de 2025, la inflación acumuló un 179%. Se trata de una caída del poder de compra del 28 por ciento.

Profesores expectantes

Aquí es donde entra de lleno el conflicto de los docentes universitarios. El salario mínimo docente establece una garantía salarial para la categoría de ayudante con dedicación semi exclusiva.

La liberación de los fondos para funcionamiento y el cumplimiento de esa correlación es lo que se conquistó con la extraordinaria movilización docente y estudiantil que, con ocupaciones, paros y marchas, logró que el gobierno concediera en 2024 lo que, en realidad, establece la ley.

Esa norma afecta en forma disímil porque alcanza a los profesores de menor categoría y antigüedad que, dependiendo la evolución de la paritaria propia, puede alcanzar entre el 40 y el 70% del total.

Por eso la paritaria docente nacional resulta crucial para los universitarios que ya definieron un paro de 48 horas para el 17 y 18 de marzo y el comienzo de un plan de lucha.

Si se omite esa garantía, el básico del ayudante con dedicación simple (10 horas) se ubica en $ 178.701 brutos para febrero, que resultan de un incremento de 64 puntos porcentuales menos que la inflación acumulada desde noviembre de 2023 y que redundan en una caída del poder adquisitivo del 23% en 14  meses.

Si se analizara la evolución desde diciembre de 2016, la caída llega al 39%. Dicho de otra forma, durante 2024, los profesores perdieron el equivalente a tres salarios y, en ocho años, cinco salarios anuales.

Dirigentes de las federaciones coincidieron en la necesidad de una fuerte medida de fuerza y el pronóstico de un nuevo cuatrimestre con conflictos y dificultades académicas. Aseguran que se está produciendo un vaciamiento de las universidades por la renuncia de los docentes que se reorientan al nivel medio o, incluso, a otros oficios.

Luis Tiscornia, secretario General de Conadu Histórica (CTA-A), señaló a Tiempo que “la situación salarial es gravísima. No hay paritarias convocadas y el gobierno resuelve por decreto aplicar los incrementos de los estatales. Un 1,5% en enero y un 1,2% en febrero, claramente por debajo de la inflación. Alrededor del 50% de la planta docente está por debajo de la línea de pobreza. El cargo inicial con jornada completa está en 820 mil pesos en virtud de la garantía salarial, pero sigue en la pobreza”.

Carlos De Feo, secretario general de Conadu (CTA-T), por su parte, señaló que “la garantía antes era más importante. Como se dejó de actualizar, muchos docentes la fueron superando. Las universidades desarmaron los cargos exclusivos que llegaron a representar el 20% del sistema y ahora no superan el 10%”. El dirigente graficó que “a muchos no les conviene porque por los gastos de ir, por ejemplo, hasta Moreno, ya no les sirve y terminan renunciando. La mitad de los consejeros de la facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata están en licencia sin goce de sueldo porque no les conviene dar clases. Esto repercute en el sistema universitario y la calidad educativa. Incluso en el mantenimiento de carreras. La Universidad de Quilmes tuvo que cerrar materias”.

De Feo recordó que “la primera marcha universitaria (de abril de 2024) permitió una recuperación de los gastos de funcionamiento. Fue por la unidad de toda la comunidad universitaria y el apoyo externo. Pero los rectores empezaron a tirar para atrás. Por eso pasamos el primer semestre sin mejoras salariales. En el segundo, con paros y la segunda marcha, conseguimos recuperar la garantía y una mejora de seis puntos por encima de la inflación. Pero fue como darle una aspirina a un enfermo terminal”.

Antonio Roselló, paritario nacional de Conadu Histórica y dirigente de la opositora lista Multicolor, señaló que “exigimos un inmediato incremento del 35%, su indexación bimestral y un programa de recomposición para llegar a lo que ganamos en diciembre de 2015, cuyo desfase supera el 70 por ciento. Se están produciendo renuncias masivas. Un ayudante con dos cursos de hasta 100 alumnos cada uno, con 20 horas, cobra $ 420 mil, debajo de la indigencia. No han sido satisfechos nuestros reclamos que fueron acompañados por millones en las marchas del 23 de abril y del 2 de octubre. Por eso retomamos el plan de lucha y comenzamos con un paro de 48 horas”.  «