Luego de los tres desmoronamientos con decenas de heridos y cuatro muertos que ocurrieron en un mes, el Parlamento porteño cuestiona al Ejecutivo sobre esta problemática.
Luego los tres derrumbes ocurridos en el último mes en la Ciudad, que se cobró la vida de cuatro personas y decenas de heridos, la legislatura porteña presentó un Pedido de Informes, para que el Ejecutivo local brinde información precisa sobre esta problemática que preocupa a miles de vecinos y vecinas.
De aprobarse en la legislatura, el Ejecutivo porteño informará, en el término de treinta días sobre los derrumbes ocurridos en el barrio de Caballito los días 8 de febrero y 6 de marzo, y el derrumbe ocurrido en el barrio de Palermo el pasado 1 de marzo.
“No es casual la cantidad de derrumbes que hay en la Ciudad, es el resultado de enormes construcciones que se hacen sin ningún tipo de control por parte del Estado. Son obras que los empresarios para producir una ganancia más acelerada, se llevan adelante sin medidas de control poniendo en riesgo la vida”, analiza en diálogo con Tiempo el legislador porteño Gabriel Solano del FIT, autor del Pedido de Informes.
Entre los fundamentos, el documento que exige informes al ejecutivo, asevera que el gobierno de la ciudad demoró días en atender a las familias afectadas y en explicar cómo continuaría la obra. A los 14 vecinos les ofrecieron quedarse en un hotel hacinados, sin plata, ropa ni comida.
Denuncian que para hacer los 2 subsuelos previstos para cocheras no hubo apuntalamiento y que se estaban afectando los pasillos del PH, ante lo que la constructora les respondió que no se preocuparan. Una situación que hace referencia al derrumbe ocurrido el 8 de febrero en una obra en construcción ubicada en la calle Pedro Goyena 551, que ocasionó la muerte de dos hermanos entre 75 y 80 años.
“La Agencia Gubernamental de Control (AGC) tiene la responsabilidad de inspeccionar esas obras y no se hace, lo mismo sucede con la justicia porteña. En el caso de Caballito se llegó al extremo que las denuncias realizadas por los vecinos, frente a las evidentes faltas de control, fueron desestimadas tanto por la AGC como por la justicia local”, agrega Solano.
El Pedido de Informes recuerda que la Agencia Gubernamental de Control es un organismo dependiente del ministerio de Justicia a cargo de Gabino Tapia. “Nosotros pensamos que el actuar de la AGC y la justicia, es una orientación general, que se lleva desde el GCBA, y que se ha profundizado con el Código Urbanístico que tendió a utilizar obras de mayor porte en el distrito, incrementando la capacidad constructiva sin que tengan esos controles por parte del Estado, ni la mejora de los servicios”, termina.
El Pedido de Informes presentado en la Legislatura, solicita los permisos de obra correspondientes y las empresas encargadas de las construcciones que se derrumbaron: las de Pedro Goyena 551, Costa Rica 5100 y Río de Janeiro 274. Además requiere que indique fecha de inicio para dichas obras y estado de avance al momento del derrumbe en cada caso; como también la fecha de la última inspección realizada por la Agencia Gubernamental de Control previa a los derrumbes en cada caso.
Solano, además, pide que el Ejecutivo porteño informe en cada caso, si se habían realizado denuncias previas a los derrumbes sobre dichas obras y el curso de las mismas. Y que informe, en el caso de la obra ubicada en Pedro Goyena 551, por qué no se atendió las advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo sobre las irregularidades en la obra y la integridad estructural de la misma y de las viviendas linderas.
Entre otras cuestiones, el documento indaga sobre el procedimiento a seguir luego de los derrumbes en cada obra y si se han realizado nuevos informes sobre la situación estructural; y la solución que se le ha otorgado a las familias que han quedado sin vivienda en el caso de Pedro Goyena 551 y frente a la destrucción provocada por el derrumbe en Río de Janeiro 274.
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jajjaja. YA sabemos que las respuestas, SI las dan, será dibujo y bicicleta. LO único q les importa son los verdes dólares. NO importan las vidas NI siquiera construcciones históricas. Mientras que todos los involucrados NO paguen (años en prisión y también MUUUUUCHO $$$$$$$) harán lo que quieran. Y acá NO son solo los constructores, todo funcionario público q miró para otro lado, por sobre todo, de la justicia que NO lo frenó. Los muertos, muertos están. Los "vivos" que NO puedan serlo más.