Son un subcomisario y cuatro agentes que estaban de guardia el 15 de noviembre cuando se produjo el incendio que causó nueve muertes. La resolución la tomó Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.
La decisión de Asuntos Internos se produjo en el marco de una investigación sumarial que intenta determinar la conducta disciplinaria de los efectivos y las responsabilidades que condujeron a la masacre, que superó a la ocurrida en 2017 en Pergamino donde murieron siete detenidos.
La medida fue dictada con carácter cautelar y afecta al subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón, y el oficial Eric Alexander Blanco, según informó en un comunicado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
La decisión del ministerio que conduce Cristian Ritondo llegó seis días después de la movilización de familiares y vecinos de las nueve víctimas a las puertas de la Comisaría donde exigieron justicia, y a casi tres semanas del incendio en el sector de calabozos que alojaba a 27 personas pese a que había sido clausurado por orden del Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora.
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La muerte de Ariel Corvera, de 25 años, ocurrida el martes 27 de noviembre en el hospital de Ezeiza, donde estaba internado, elevó a nueve los fallecidos. La misma madrugada del incendio Jeremías Rodríguez (19), Jorge Ramírez (30), Eduardo Ocampo (60) y Juan Lavarda (59) murieron en el calabozo. Luego lo siguieron Juan Carlos Fernández, de 31 años y padre de cuatro hijos, Walter Barrios (21), Elías Soto (20) y Miguel Ángel Sánchez (31).
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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocina a los familiares de las víctimas, que fueron aceptados como particulares damnificados por el juzgado de garantías Nº 2 de Lomas de Zamora descentralizado en Esteban Echeverría, a cargo del juez Javier Maffucci Moore.
El organismo provincial reclama desde el día de la masacre una investigación que establezca las responsabilidades materiales y funcionales. “Las nueve víctimas, sus familias y todas las personas que padecen cotidianamente las condiciones de encierro en la provincia de Buenos Aires exigen justicia”, indicaron en un comunicado.
Por eso, consideraron que la resolución de Asuntos Internos “significa un avance importante que pone a la actuación policial en el centro del debate sobre las responsabilidades” por las muertes y que además es un reconocimiento del Estado provincial que “abre la posibilidad de indagar sobre las condiciones materiales previas en que se encontraba esta dependencia policial que, a pesar de haber sido clausurada por la justicia, seguía alojando detenidos”.
El 15 de diciembre próximo, cuando se cumpla un mes de la masacre los familiares y la CPM realizarán un acto en la plaza de Esteban Echeverría a partir de la 17 para exigir justicia por las víctimas.
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