Por órdenes de la justicia provincial, cinco familias indígenas fueron desalojadas en un operativo violento y desmedido. La comunidad se encuentra en situación de calle, despojada de sus bienes y animales, mientras que algunos de ellos fueron detenidos aunque liberados luego del desalojo. Morales les había derogado la personería jurídica por decreto en 2021.
La comunidad de Guerrero obtuvo la personería jurídica que otorga el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2008. No obstante ésta fue derogada por un decreto del exgobernador Gerardo Morales en febrero de 2021.
Según publicó Tierra Viva, el organismo nacional también había aprobado la carpeta técnica con la cartografía del territorio de ocupación actual, tradicional y público. Detrás del desalojo, como denunciantes, está la familia Jenefes Quevedo, parte del poder político y empresarial de la provincia.
Más de cien efectivos policiales de la provincia ingresaron al territorio comunitario para desalojar a las familias campesinas y originarias kollas por orden de la jueza jujeña Lis Vadecantos Bernal, del juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial. La policía montada ingresó al territorio para provocar terror entre animales y familias.
“¡No quiero que me saquen a mi abuela!”, fueron las palabras de una adolescente al momento del desalojo. El video que comenzó conocerse en redes sociales muestran a la policía jujeña, levantando a la señora Clemencia Farfán de 99 años y en silla de ruedas, a quien expulsaron de la casa donde vivió toda su vida.
“¡No me quiero ir! De esto vivimos nosotros ¿qué vamos a hacer?”, repetía llorando Alicia Bustamante, mientras pedía por sus animales. “Guillermo Jenefes dio la orden, nos están desalojando y la jueza Lis Valdecantos (Bernal) es cómplice de todo lo que nos están haciendo”, denunció una mujer que filmaba el hecho.
Pablo Quipildor, parte de la comunidad, permanecía detenido sobre la caja de una camioneta policial, esposado con los brazos hacia atrás. También estaban Máxima Bustamante (presidenta de su comunidad), Nélida Bustamante; Jorge, Santiago e Ivana Cruz. Fueron trasladados en esas camionetas y luego demorados por algunas horas en la Comisaría de la localidad de Reyes.
Luego del desalojo, la comunidad Guerrero, publicó un video en el que contaron que sus casas estaban siendo demolidas. “Nosotros tenemos el cementerio ancestral y quieren ir a demoler nuestro cementerio. Quieren ir a sacar a nuestros difuntos, a nuestros difuntos ancestros de ese cementerio. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. No hay ninguna ley que pueda con eso”.
“Cuando murió mi abuelo, Carlos Bustamante, (Guillermo) Jenefes nos pidió que firmemos un permiso para poder enterrarlo en nuestro territorio”, rememoró Lorena de Cruz a Revista Cítrica. “Nosotros nos negamos, porque era aceptar que él era el dueño. Decidimos enterrarlo igual en la comunidad. Nuestro abuelo está acá y ahora parece que nos dieron 72 horas para sacarlo de nuestro territorio (donde fue el desalojo)”, señaló.
La comunidad denunció que Jenefes “es dueño del poder de todo Jujuy” y por lo tanto, “compra jueces, compra diputados, hasta el mismísimo gobernador de la provincia”. Y solicitó apoyo y solidaridad por parte de toda la sociedad. “Todo nos secuestraron. Exijo, por favor, les pido por favor que difundan este vídeo. Necesitamos apoyo, necesitamos colaboración, necesitamos solidaridad de todos, por favor”, concluyó.
El conflicto territorial de los Jenefes Quevedo contra la comunidad del pueblo kolla de Guerrero lo inició Juan Jenefes, hijo de Guillermo Jenefes, empresario de medios, ex vicegobernador y ex Convencional Constituyente de la Reforma de 2023. Jenefes hijo ocupa en la actualidad una banca como diputado provincial por el PJ jujeño. “Varias versiones dan cuenta de que ellos (por la familia Jenefes) querían darle las dos hectáreas a las y los comuneros, pero cuando vieron que reclamaban por más de 1.000 hectáreas, comenzó el conflicto”, advirtió a Tierra Viva Mariana Mamaní, periodista jujeña que acompaña a la comunidad.
Juan Jenefes Quevedo inició las acciones judiciales en 2017, año en el que el derogado Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) aprobó la cartografía del relevamiento territorial indígena que realizó el INAI a favor de esa comunidad.
Según trascendió, el documento oficial confirma la superposición entre el territorio indígena y diversos catastros atribuidos a la poderosa familia de la élite jujeña. El plano cartográfico data de octubre de 2017 y el INAI lo formalizó por medio de la resolución 62 el 5 de marzo de 2018 (según consta en el Boletín Oficial de la Nación).
Cabe mencionar que el exgobernador Gerardo Morales, por medio del decreto 2696, anuló en febrero de 2021 la personería jurídica de la comunidad kolla de Guerrero y dejó sin efecto el relevamiento territorial indígena. En consonancia con la gestión libertaria, la querella de Jenefes Quevedo, por medio de su abogada Leonor Palomares se refiere a la comunidad como que “No son aborígenes, son usurpadores”.
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