"Creemos que seguir buscando sus cuerpos es un acto de justicia y que esta admisión legitima nuestro deseo de Justicia", celebró la familiar de una víctima.
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En esa búsqueda, el Poder Judicial Federal lleva décadas instruyendo la causa “Enterramientos clandestinos”, actualmente bajo la órbita del juez federal 3 Miguel Hugo Vaca Narvaja, integrante de una familia diezmada por el terrorismo estatal. Sellado el pacto de silencio de los genocidas y ante el inexorable paso del tiempo, acompañado de la falta de respuestas, el 11 de abril familiares de detenidos-desaparecidos se presentaron en ese expediente para ser admitidos como querellantes. Y lo lograron: este martes 20 de mayo fueron formalizados como tales 26 personas.
Una de ellas Soledad García, educadora, militante y referente de los Derechos Humanos de Córdoba. “Esta aceptación de familiares de desaparecidos que pasaron por La Perla la celebramos como un acto de justicia. Nosotros creemos que seguir buscando sus cuerpos es un acto de justicia, y que esta admisión legitima nuestro deseo de Justicia”, consideró.
García señaló que la búsqueda “debe ser exhaustiva” y en ese sentido cifró esperanzas en los esfuerzos a realizar por “la Provincia, la Justicia, la Universidad y todos aquellos que quieran y puedan articular para que se profundice esa búsqueda”. Consciente de que la tarea demandará “recursos materiales y humanos”, la resolución “nos genera mucha expectativa porque a los 26 querellantes sumamos más personas que se quieren agregar a la querella”.
“No podemos como sociedad seguir con personas doblemente desaparecidas, porque no solo los desaparecieron sino porque desaparecieron sus cuerpos” cerró García, y criticó los beneficios a los represores condenados, “a quienes les exigimos que hablen, que alguien rompa ese pacto de silencio”.
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La resolución del magistrado explicita el aval del Ministerio Público Fiscal a las y los peticionantes y formaliza a Ramiro Fresneda como letrado apoderado. Hermano del ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Martín Fresneda, y querellante en juicios por delitos de lesa humanidad en Córdoba y otras provincias, el abogado señaló a Tiempo Argentino que “la pertinencia de la solicitud de ser tenidos como querellantes radica en que hasta tanto no se conozca el paradero de las personas desaparecidas, es decir, no se ubiquen los lugares de enterramientos clandestinos e identifiquen los cuerpos de nuestros familiares, el delito de desaparición forzada de persona se sigue cometiendo”.
Fresneda, que no disimula la conformidad con la resolución judicial, citó además el antecedente histórico “Aguiar de Lapacó Carmen s/ recurso extraordinario”. Aquel pedido de pruebas de la dirigente de DD.HH. en la causa por la desaparición de su hija se chocó con una primera resolución negativa que “conculcaba sus derechos al duelo, a la verdad y al respeto por los cuerpos”.
De hecho, aquella vez el Procurador General de la Nación Nicolás Becerra declaró procedente un recurso extraordinario ya que es obligación del Estado respetar los Derechos Humanos, asegurar la búsqueda y lograr la verdad material, y el caso terminó llegando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La solución amistosa fundada en el respeto de los derechos consagrados en la Convención Americana que zanjó el tema fue citada por Fresneda, quien destaca que “el objetivo central de este colectivo de familiares es participar plenamente en la búsqueda de sus desaparecidos”.
Entre los respaldos a la medida que se conocieron esta semana destaca el de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, el organismo que 24 de marzo organiza la multitudinaria marcha en la capital provincial y movilizaciones en sus nodos del interior.
La Mesa “apoya y respalda a los flamantes querellantes, se pone a disposición para aportar a la continuidad y la profundización de la investigación, en el entendimiento que los juicios de lesa humanidad significan un aporte invaluable a una democracia que tiene una especial deuda pendiente referente a dónde están los desaparecidos”. El organismo coincide en que “en tanto no demos con el paradero del cuerpo de los desaparecidos, el delito se continúa cometiendo todos los días (…) Delito que podría cesar por la sola voluntad de los perpetradores. No la tienen. Los buscaremos nosotros. No solo a nuestros familiares sino a todos los desaparecidos de Córdoba”. “Para construir un futuro mejor Córdoba debe dejar de ser un cementerio de cuerpos insepultos”, finalizaron.
El próximo marzo se conmemorará medio siglo del Golpe genocida, y volverán a levantarse las banderas históricas, esas que preguntan “¿Dónde están?”.
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