Desconfianza de los jueces ante la postergación del traspaso de juzgados a la Ciudad

La mayoría de los jueces penales de la Justicia Nacional desconfían de la promesa del ministro Germán Garavano sobre una “postergación” del traspaso de juzgados a la órbita de la Capital Federal. Suponen que se trató de un anuncio con fines electorales, pues en la elección de la Asociación de Magistrados, que se celebra este jueves, el traspaso es un tema medular: sólo la Lista Celeste, cercana al ala K del Poder Judicial, se pronunció enfáticamente en contra del traslado. El resto mantuvo una actitud de cautela, porque por un lado el sector más conservador de los jueces no quiere enfrentarse con el actual gobierno y busca una fórmula consensuada, pero aceptando el traspaso.

Esa conducta resultó “piantavotos”. Y por eso le buscaron una salida dialéctica en la que contribuyó Garavano: anunciar que el tema no se tratará este año y que será “analizado” en 2017.

Nada nuevo hay en ese anuncio. El convenio de traspaso tiene fecha de firma para el 30 de noviembre entre el presidente, Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el principal interesado en recibir a los hasta ahora “jueces nacionales”. Para la puesta en marcha formal del traspaso, previamente debe ser aprobado por el Congreso Nacional y por la Legislatura porteña. No hay tiempo material para tratarlo ahora y no será incluido en sesiones extraordinarias. Ergo, no será este año. Nada nuevo.

La conducta del Ministerio de Justicia en materia de reforma judicial es errática y así lo entienden los jueces. Por un lado, avanza con la ley de Flagrancia, que entrará a regir el 1° de diciembre próximo. Esa modalidad, que nadie sabe cómo funcionará en los hechos, se da de patadas con la idea del traspaso.

La ecuación es simple: si se multiplican los juicios y se reduce el número de jueces, el sistema colapsa. Un durísimo documento de los camaristas penales advirtió recientemente que la mayoría de las causas que ya están en trámite podrían terminar prescribiendo por el paso del tiempo. Entonces, bajo la pretendida intención de acelerar los tiempos judiciales, el efecto que se conseguiría sería exactamente el opuesto: el fin de las causas sin condenados y consagrando la impunidad.

Los jueces (los penales en un rol preponderante) empujaron a Macri a la presidencia de la Nación. Más porque detestaban al kirchnerismo que por convicción sobre el líder del PRO. Pero esa adhesión al actual gobierno parece haber chocado contra una pared infranqueable para cualquier signo ideológico que esté instalado en la Casa Rosada: cuando un político toca a la corporación judicial, los amores efímeros se acaban y muestran la cada más real del Poder Judicial, la que se defiende a sí misma.