Desde la ONU, México lidera la lucha contra el tráfico de armas

El primer día de noviembre México asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Dos semanas después intentó valerse de su nueva posición diplomática, pidiéndole a la comunidad internacional que se esfuerce por mejorar los mecanismos existentes para monitorear y prevenir el creciente tráfico de armas de fuego. “Nuestra demanda –explicó el canciller Marcelo Ebrard– se sustenta en la violencia que alimenta el fenómeno de la venta ilegal en varias regiones del mundo. Lo digo desde México, donde tenemos el triste honor de cargar con una tasa de homicidios de 29 por cada 100 mil habitantes, según lo atestiguó la ATF (Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego) de Estados Unidos”.

Días antes, en el mismo escenario de la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había detallado pacientemente lo que los diplomáticos de los restantes 14 países que integran el Consejo se esforzaban disimuladamente por aparentar que se trataba de algo nuevo para ellos. Se sacó las ganas, igual, de recordarles que a escala mundial cada día mueren 500 personas y otras 2000 resultan heridas por el uso de armas de fuego accionadas por civiles. En América Latina las cifras anuales son mayores que en zonas que padecen un conflicto armado. En el 75% de los homicidios aparece un arma de esta naturaleza.

Ebrard y AMLO tuvieron la sinceridad de decir que se conforman si los gobiernos impulsan entre su sector privado, ciertas medidas de autorregulación conforme a sus leyes nacionales. Lo dijeron aun admitiendo que la idea del autocontrol es de una ingenuidad extrema. La demanda diplomática sigue a otra iniciada en agosto pasado contra los 11 mayores fabricantes de armas del mundo. En esa ocasión plantearon en los tribunales de Justicia de Massachusetts la adopción de medidas tales como monitoreo y rastreo de armas, controles fronterizos para evitar el contrabando y seguimientos por parte de las empresas para vigilar sus cadenas de venta, a fin de evitar el comercio ilícito de sus productos (trazabilidad).

Al vencer el plazo para la presentación de la contrademanda en Massachusetts, las fábricas acusadas –comandadas por Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett– accionaron contra México y, duchas en el lobby, lo acusaron de querer llevar a Estados Unidos a “caer en la trampa del juego y los valores diplomáticos (mexicanos). Quieren imponer sus políticas de control, violando el derecho constitucional a tener y portar armas (en Estados Unidos)”. Apelando al lenguaje en boga, que tantas satisfacciones le ha dado a la ultraderecha occidental, hablan de “choque de valores” y dicen que México atenta contra las libertades (de vacunarse, de escupir en el piso, de portar armas al sur del Río Bravo).

Aunque en plena pandemia los grandes fabricantes de armas de guerra han experimentado récords de venta (ver aparte), las once fábricas denunciadas y demandadas, parte del mismo complejo industrial que muestra tan hermosos números, con ceos y accionistas que se entrecruzan en sus directorios, denuncian ante los jueces de Massachusetts, parece broma, que México intenta llevar a la quiebra –“a la bancarrota” dicen– a las fábricas de Estados Unidos. Siguiendo el discurso ultra liberal les explican a los jueces que “México no sólo amenaza las libertades constitucionales de Estados Unidos, sino el cuidadoso equilibrio de regulaciones de armas de fuego establecido por el Congreso y las legislaciones estaduales”.

Todo eso se dice para desligar responsabilidades. En respuesta, Ebrard –que el jueves 9 fue designado por la Asociación para el Control de Armas de Estados Unidos (ACA) para recibir la distinción a la Personalidad del Año–, recordó ante el Consejo de la ONU: “1) La periodista Miroslava Breach fue asesinada en 2017 con una pistola Emiliano Zapata fabricada por Colt por encargo de un jefe narco; 2) el secretario de Seguridad Omar García Harfuch sobrevivió en 2020 a 414 disparos provenientes de un arsenal norteamericano; 3) en el ‘Culiacanazo’ de 2019 el Cartel de Sinaloa exhibió su extraordinario poder de fuego usando armas fabricadas en Estados Unidos” (el Culiacanazo es uno de los episodios más sombríos de la última década, cuando un fallido operativo militar llevó a un enfrentamiento de varias horas, a plena luz del día, con 300 sicarios de esa banda de narcotraficantes).

Tras la demanda de agosto y una persistente campaña mantenida en los meses siguientes, desde Estados Unidos, el gran y único acusado del tráfico de armas originado allí y dirigido a los poderosos carteles mexicanos de la droga, la Casa Blanca y el Departamento de Estado habían mantenido un irritante silencio. Esta vez sin embargo, y suena más a una ironía de escasa calidad que a una voz de alarma, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, se apareció de pronto en Jalisco, uno de los escenarios calientes, para asegurar que la visión de Joe Biden es similar a la de AMLO, “es decir, que quienes deberían tener las armas son los militares y no los civiles enmascarados”. Después, sólo hubo silencio.

Balances brillantes                                                                                                                 

En plena crisis sanitaria y económica, sin devastadoras guerras en curso, en estos tiempos de cinturones ajustados, los grandes fabricantes de armas y la parafernalia complementaria para mejor matar, volvieron a tener, sin embargo, un año con balances brillantes. En 2020, los cien grupos más poderosos del sector ni se enteraron de los desbarajustes provocados por el Covid-19 y, por sexto año consecutivo, registraron un voluminoso aumento de sus ventas. Según el prestigioso Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), facturaron colocaciones por un total de 531 mil millones de dólares, de los cuales más del 55% correspondieron a empresas de Estados Unidos.

Ese monto representa un aumento del 1,3% en las ventas de armas y servicios vinculados al ámbito militar, y adquiere una dimensión extraordinaria cuando se contempla que, en ese mismo período, la economía mundial cayó en algo más del 3%, exactamente el 3,2%. Se trata de un abismo que va del 3,2% negativo al 1,3% positivo. Las colocaciones de las fábricas de la muerte están en alza sostenida desde el año 2015. Acumulan desde entonces un aumento del 17%,  un total para el sexenio sólo comparable al estimado global de lo que se moviliza en torno al tráfico de personas o el negocio de las drogas.

Según el SIPRI, la fortaleza de las grandes empresas, especialmente las norteamericanas, se explica por la generosa política de apoyo presupuestario (créditos y exenciones impositivas) que ante la pandemia les prodigaron los gobiernos del republicano Donald Trump y especialmente del demócrata Joe Biden. Hay un segundo factor, nada menor, que ayuda a abaratar los costos de los fabricantes de Estados Unidos (del sector armamentístico y otros): la mano de obra abundante y barata que les ofrecen las cárceles privadas (0,23 de dólar por hora, lo que hace un jornal diario de menos de 2 dólares), cuya efectividad ha sido ya largamente probada.

Con excepción de las empresas de Rusia (-6,5%) y de Francia (-7,7%), que vieron caer sus ventas, las otras potencias constataron un aumento de los ingresos de sus grupos durante el año pasado. Otra vez fueron los cinco gigantes estadounidenses los que volvieron a copar los primeros puestos a nivel mundial: Lockheed-Martin (aviones de combate, misiles) se quedó con el primer lugar con ventas por 58.200 millones de dólares, seguida por Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics. Según una fuente del SIPRI citada por la agencia AFP, en Lockeed-Martin estiman que “en 2021 las empresas del sector tendremos alguna dificultad”.