Desde mayo despidieron a tres trabajadoras de la salud en San Miguel

El municipio de San Miguel despidió esta semana a dos trabajadoras que formaban parte de la Secretaría de Salud y Bienestar Familiar, en nuevo avance contra los derechos de la salud sexual y reproductiva.

Se trata de la trabajadora social Cecilia Ayala que desde hace tres años formaba parte del Centro de Salud Dra. Marta Antoniazzi y de la obstétrica Carina Luchetti, que llevaba catorce años de trabajo en el Centro de Salud Cándido Castelo. Estos dos despidos se suman al que había sucedido en mayo cuando la separaron de su cargo a la trabajadora social Silvana Rodríguez que trabajaba en el centro de salud Barrio Mitre.

Las tres personas formaban parte del primer nivel de atención. En el caso de Rodríguez, su despido fue en mayo, luego de haber sufrido varios meses de persecución. “Pensé que iba a ser la única y resulta que fui la primera”, dice Rodríguez. “Empezaron a perseguirme el año cuando se enteraron que articulé una interrupción legal del embarazo a una mujer con causal de violación. Finalmente, este año llegó el despido”, cuenta.

Los despidos de esta semana tuvieron más que endebles. El 23 de agosto, el subsecretario de salud Diego Lambert le informó que le daba la baja porque la senadora nacional Belén Tapia había realizado una recorrida por el centro de salud y observado la presencia de un cartel que era incoherente con la política del municipio. Se trataba de un cartel que decía “Ni una menos, vivas nos queremos” que había realizado un grupo mujeres en situación de violencia en el centro que está dentro del establecimiento de salud donde trabajaba Ayala. El mismo doctor le explicó por qué el despido de la mujer y le ofreció una carta de recomendación para que consiga otro empleo.

“Creemos que se trata de una persecución, el argumento explícito es el cartel. No podemos creer que alguien diga eso en serio. Además, Cecilia es una reconocida militante femenina”, agregó Rodríguez.

En el caso de Carina Luchetti, fue acusada de haber “desobedecido” a su director, el doctor Alejandro Pittaro. El médico es el jefe del Programa Materno Infantil del Primer Nivel de Atención  y lleva adelante la Consejería Guadalupe que tiene como objetivo “promover la prevención de muertes de bebé”, es decir, evitar que las mujeres aborten aún en los casos en los que les corresponden legalmente. “Carina denunció estos casos varias veces como violencia obstétrica y a muchos los derivó al Hospital Carlotto”, cuenta Rodríguez. “En la presentación de la Consejería Guadalupe el mismo doctor Pittaro informó que a Moreno habían llegado 67 interrupciones de San Miguel porque cuando se identifica la situación se derivan los casos. Pero es una red nuestra no una política municipal. Nosotros queremos respetar el derecho de las mujeres y el protocolo nacional que es el derecho de las mujeres”, agrega.

Alrededor de treinta organizaciones sociales denunciaron la situación a través de un comunicado y adhirieron a la marcha que se realizó el viernes por la tarde al municipio de San Miguel. “Denunciamos persecución ideológica y los despidos que el intendente Jaime Méndez, con el aval político de Joaquín de La Torre, ministro de gobierno de María Eugenia Vidal, está llevando a cabo con las trabajadoras de la salud, que garantizan los derechos sexuales, reproductivos y no  reproductivos de la población de San Miguel, el distrito con mayor cantidad de casos de sífilis en toda la provincia de Buenos Aires y que no distribuye preservativos para frenar esta enfermedad por razones religiosas que nada tienen que ver con la ciencia ni con la ley. Respetamos todas las creencias pero no por ello la política pública debe ser hundirnos en la ignorancia y las enfermedades de transmisión sexual.”, expresa el comunicado.