Alberto Adrián María Gentili fue designado por el procurador general Eduardo Casal y hasta 2008 fue parte de la UFI especializada en drogas, cuando renunció tras quedar relacionado con abogados de narcotraficantes. También fue el fiscal que reemplazó a Nisman tras su muerte.
Se trata de Alberto Adrián María Gentili, actual titular de la Fiscalía número dos ante los Tribunales Orales Federales de San Martín, “quien ya tuvo a su cargo varias unidades de este Ministerio Público Fiscal”, según consignó Casal en su resolución.
Gentili reemplazará a Héctor Andrés Heim, quien acaba de jurar como juez federal de Pehuajó y dejó su cargo en la PROCUVIN, que ocupaba desde diciembre de 2017.
Gentili es el fiscal que había quedado reemplazando a Nisman cuando se fue de vacaciones en enero de 2015 a Europa e interrumpió el viaje para regresar sorpresivamente para presentar la denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA. Esa causa fue desestimada en cuatro ocasiones, la última de ellas en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal número ocho, que sobreseyó a todos los imputados. Varios de ellos habían estado presos por orden del difunto juez Claudio Bonadio. La causa fue reabierta por un fallo de la Cámara de Casación firmado por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, en fechas concomitantes con sendas reuniones que mantuvieron con el ex presidente Mauricio Macri, tanto en la Casa Rosada cuanto en la Quinta de Olivos.
Tras la muerte de Nisman, la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, mantuvo a Gentili al frente de la UFI AMIA por un corto tiempo y posteriormente designó a un grupo de fiscales para que se hicieran cargo de la ya por entonces muy demorada investigación.
“Considero que el señor Fiscal General Gentili reúne las condiciones necesarias para cumplir esa función. Por lo tanto, en ejercicio de las atribuciones previstas, resuelvo designar a partir del 7 de julio de 2022 a Alberto Adrián María Gentili a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN)”, indica la Resolución 148/2022.
Anteriormente, Gentili se había desempeñado en la UFIDRO, a la que renunció en 2008, después de que el periodista Horacio Verbitsky publicara una serie de artículos en los que mencionaba sus supuestos vínculos con abogados que defendían a narcotraficantes.
La fiscal Mónica Cuñarro, quien había estado al frente de la UFIDRO y formó parte de un equipo de trabajo que –por ejemplo- consiguió avanzar sobre los precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas y descubrió y encarceló a las bandas de narcotraficantes peruanos que dominaban el tráfico en villas de la Capital Federal y del conurbano, lo denunció por “nepotismo”, pero la causa naufragó gracias a que el ex fiscal Germán Moldes desistió de una apelación.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también formularon una denuncia en contra de Gentili, en ese caso por su supuesta tolerancia a la realización de tareas de inteligencia injustificadas sobre organizaciones políticas y sociales. La causa tramitó en el juzgado de Claudio Bonadio y nunca avanzó.
Gentili desembarcará en una PROCUVIN que viene desgajándose desde fines de 2017. Hasta ese entonces, tenía una prolífica intervención en expedientes que salpicaban a fuerzas de seguridad involucradas en casos de abusos y gatillo fácil. Hoy, sus propios trabajadores reconocen que el perfil es mucho más bajo.
En los últimos tiempos dejaron de realizarse inspecciones a comisarías de la Policía de la Ciudad y la procuraduría especializada relegó su rol en casos como el homicidio de Lucas Cabello (ocurrido en noviembre de 2015 en el barrio de La Boca y por el que fue condenado a 16 años de cárcel el policía de la ex Metropolitana Ricardo Ayala), los tormentos a dos jóvenes de La Poderosa (por el que seis prefectos fueron condenados a penas de hasta diez años de cárcel por golpizas y simulacros de fusilamiento contra Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, dos jóvenes que viven en la villa 21-24) y en el caso del joven futbolista de Barracas Central (en el que 16 integrantes de la Policía de la Ciudad están en camino a juicio oral por homicidio agravado y encubrimiento del fusilamiento ocurrido en noviembre del año pasado).
Hasta 2017 la PROCUVIN realizaba un relevamiento de niveles de judicialización de prácticas de violencia y abuso policial, mediante la evaluación del ingreso de denuncias penales por los delitos de vejaciones, apremios ilegales y tortura. También existía un relevamiento sobre prácticas de violencia policial sobre el grupo especialmente vulnerable de niños, niñas y adolescentes, que en 2017 contabilizó 250 denuncias. Ninguna de esas tareas se continuó.
Tampoco se publicaron más datos desde fines de 2017 sobre “muertes en contexto de intervención policial”.
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