(Des)integraciones

La cuestión de la integración regional ha sido central en los debates políticos, desde las independencias que surgieron en nuestro continente a principios del siglo XIX hasta nuestros días. Si un primer intento en dotar de una estructura confederal a las nuevas naciones data del Congreso de Panamá ideado por Simón Bolívar en 1826, el mismo ánimo encontramos en la creación de la Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) en 2008 y de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en 2010.

En esa perspectiva, el Presidente argentino Alberto Fernández entró en una polémica con el uruguayo Luis Lacalle Pou en la última reunión cumbre del Mercosur, acerca de la intención por el Uruguay de integrar el tratado transpacífico. Más allá de la incompatibilidad señalada por Argentina, Brasil y Paraguay acerca de tales acuerdos con entidades extra-Mercosur, Lacalle afirmó que Uruguay seguirá su propio camino. Pero, ¿qué es el Tratado Transpacífico?

El llamado “tratado transpacífico” fue anunciado en 2015, luego de varios años de negociaciones secretas. Los socios fundadores son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú Singapur y Vietnam. Veamos qué objetivos plantea.

El primero es eliminar o reducir las barreras arancelarias o no arancelarias sobre productos industriales, mientras que permanecen las restricciones no arancelarias (que son las que penalizan nuestras exportaciones agrícolas). Eso significa abrir las fronteras a los productos industriales de Estados Unidos y Japón, mientras continuaran cerrados los mercados para nuestros productos y quedarán intactas las subvenciones a la agricultura que practican los países desarrollados.

El tratado transpacífico también prohíbe “requisitos de desempeño”, tales como el “compre nacional” o la trasferencia de tecnología; establece el libre flujo de capitales; habilita el nombramiento de extranjeros al país en cualquier cargo; exige la apertura total del mercado interno, en particular en las compras gubernamentales.

En cuanto a la propiedad intelectual, el tratado abarca patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales, indicaciones geográficas, secretos comerciales y salvaguarda de los productos farmacéuticos. En caso de diferendos, se establecerán paneles de expertos en comercio internacional (en el estilo del CIADI), quedan excluidos los tribunales nacionales y las represalias comerciales quedan autorizadas en caso de incumplimiento.

Todo esto será supervisado por un Comisión Transpacífica, compuesta por ministros o funcionarios de alto nivel de los países firmantes, que “reconocen la importancia de confiar en las fuerzas de mercado”.

Queda claro que esta iniciativa busca contrarrestar el proyecto de integración liderado por China, que conocemos como “la Ruta y Franja de la Seda”. Rememora las políticas de “contenimiento” o de “cordón sanitario” propias de la guerra fría. La posición uruguaya no parece muy consistente, más allá de lo gravoso del tratado porpuesto, habida cuenta que también quiere firmar un tratado de libre comercio… con China. No es el único “tratado desigual” que cunde por el mundo. En la Argentina y en Brasil, por ejemplo, el tratado Mercosur – Unión Europea reúne bastantes partidarios. Ese tratado es similar al transpacífico, pero “con un poco de amor francés”, por cierto. Tenía razón el patriota irlandés John Philpot Curan (1750-1817), cuando afirmó que “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”. «