Lo hizo el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, quien pidió llevar a 12 años la pena con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Los abogados de la ex presidenta también reclamaron al máximo tribunal y pidieron la absolución de Cristina.
También la defensa de la ex presidenta presentó un recurso ante la Corte Suprema y reclamó la absolución al aducir que “no tuvo intervención, directa ni indirecta, en los procesos de licitación, ejecución, certificación y/o pago de las obras investigadas”, según sostuvieron sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.
“Según se probó fehacientemente en el juicio”, la ex presidenta “nunca impartió directivas para que terceros cometieran irregularidades en el marco de los expedientes administrativos investigados”, reclamó la defensa.
Ambas presentaciones fueron contra el fallo de la Sala IV del máximo tribunal penal federal del país, que había confirmado la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 tras el juicio de 2022.
El plazo para presentar apelaciones ante la Corte para todas las partes vence el viernes y luego la Cámara Federal de Casación resolverá si concede los recursos y envía el caso a la Corte. Si los rechaza sólo quedará como posibilidad ir en queja directa al máximo tribunal.
De todas formas, la condena a la ex presidenta no quedará firme hasta que se expida la Corte, que no tiene plazos para tomar una decisión.
El fiscal Villar pidió que la Corte revoque la absolución por asociación ilícita con el argumento de que esa decisión de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con la disidencia de Gustavo Hornos, se basó en «fundamentos aparentes y conclusiones dogmáticas» con «arbitrariedad».
Para el fiscal Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, Nelson Periotti y José López, e incluso el fallecido expresidente Néstor Kirchner, “instauraron y tomaron parte en una matriz de corrupción” en la que habrían dividido roles y que “fue sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años”.
En la construcción argumental de la apelación de Villar, el gobierno elegido democráticamente fue una banda criminal con un plan perfecto para robar los “millonarios fondos públicos”. El mismo argumento esgrimió en el juicio el fiscal Diego Luciani.
«Se agruparon para cometer delitos, prepararon las condiciones y los ejecutaron a lo largo de 12 años, a partir de distintos aportes realizados tanto desde el sector público como privado; (…) Estrecharon y mantuvieron de manera sostenida en el tiempo un acuerdo de voluntades para cometer diversos delitos, identificados algunos de éstos como defraudaciones», dijo la fiscalía.
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