Después de veinte meses, detienen a dos jefes policiales por el caso de una mujer que apareció ahorcada en una comisaría

Pasaron veinte meses hasta que la justicia de San Luis detuvo a dos jefes policiales por la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida en la comisaria de Santa Rosa de Conlara, luego de ser encerrada por incumplir la cuarentena estricta del 2020. La mujer apareció ahorcada en la celda y lo que en principio intentó presentarse como un suicidio fue desbaratado por pericias que probaron un estrangulamiento. Sin embargo, los acusados no responderán por el homicidio: solo fueron procesados por delitos menores que tienen una perspectiva de pena que no supera los seis años. “Estamos disconformes porque esto fue un asesinato”, advierte la familia.

De acuerdo a la resolución de esta semana del Juzgado de Instrucción Penal, Correccional y Contravencional de la Tercera Circunscripción Judicial del Departamento Junín, el comisario Marcos Dionisio Ontiveros y el exjefe de comisaría Reynaldo Heraldo Clavero fueron procesados por «aplicación de severidades a un detenido siendo funcionario policial en concurso real con el delito de incomunicación indebida del detenido, ambos en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público». Los jefes policiales cumplirán diez días de prisión preventiva en la Alcaidía de Concarán y luego serán trasladados a una cárcel provincial.

También fueron procesadas las agentes María Eugenia Argüello, por «incumplimiento a los deberes del oficio en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario» y Johana Paola Torres por «incumplimiento a los deberes propios del oficio». Al tratarse de delitos leves, las mujeres seguirán en libertad.

“El alivio que sentí es mínimo. Después de tanto reclamar, pareció que al fin la justicia nos escuchó, pero a medias porque el juez no nos aceptó el pedido de cambio de caratula a homicidio agravado y solo los procesó por delitos menores. Está demostrado que estos sinvergüenzas mataron a mi hermana, pero por vestir uniformes tienen más privilegios”, se queja Celeste Morales, quien se presentó como particular damnificado en la causa.

“A la familia le preocupa que la justicia haya autorizado que los detenidos estén diez días en una alcaidía. Pretendemos que la prisión preventiva se haga efectiva de inmediato en una cárcel común”, señala Santiago Calderón Salomón, representante legal de los Morales junto al abogado Federico Putelli.

“Tanto nosotros –continúa– como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también es querellante en la causa, pedimos que se amplíe la indagatoria de los policías a homicidio agravado porque las pericias concluyeron que se trató de un homicidio, pero el juez no nos dio lugar al cambio de caratula. Esperamos poder revertirlo en el juicio”.

“Nuestra lucha es por una justicia real”

El 5 de abril de 2020, Florencia, de 39 años, salió temprano de su casa, en Santa Rosa de Conlara, para hacer algunas compras. Alrededor de las 9.30, en el cruce de Santa Rosa de Lima y Rivadavia, unos policías la detuvieron por incumplir la disposición del gobierno puntano de circular en la calle según la terminación del número de DNI instaurada por la pandemia de Covid-19. La mujer terminó en la comisaria N°25 donde, según la versión oficial de entonces, forcejeó con algunos agentes hasta su traslado al hospital de la zona. Florencia volvió a la comisaría, donde más tarde apareció ahorcada. El suicidio fue la única explicación de los policías. La familia nunca creyó la versión oficial y en septiembre pasado la ciencia les dio la razón:  una pericia determinó que la víctima había sido estrangulara.

Florencia era madre soltera de tres hijos y también tenía la custodia de una nieta. Había sido víctima de violencia de género y estaba con tratamiento médico para superar el trauma.

“Vamos a seguir pidiendo justicia –promete Celeste– y que pague quien tenga que pagar. Nuestra lucha es por una justicia real y una condena ejemplar. Estamos disconformes porque esto fue un asesinato, no un delito menor. Con este procesamiento, la justicia le falta el respeto, no solo a la familia, también a la sociedad que ya está cansada y quiere respuestas”.