Despuntan los despidos en la industria y los empresarios buscan compensaciones

Una de las principales plantas metalúrgicas del país, Acindar, anunció la suspensión de 700 empleados en su principal planta ubicada en la emblemática Villa Constitución. Granja Tres Arroyos, principal productora de pollos del país, tramitó un proceso preventivo de crisis en la Secretaría de Trabajo argumentando un fuerte parate en la producción. Con ese trámite, la empresa pretende reducir salarios o, en su defecto, avanzar en el despido de 700 operarios de un total de 7 mil que se desempeñan en las siete plantas que la empresa opera en el país.

La aceitera Dánica busca avanzar con el cierre de su planta en Lavallol dejando en la calle a alrededor de 150 trabajadores a los que busca indemnizar con el 50% de lo que corresponde por ley. La tradicional perfumista Avon anunció el cierre de su planta distribuidora en Pacheco despidiendo a más de 250 trabajadores.

La situación de zozobra habilita maniobras antisindicales como las que buscaron implementar las patronales de Praxair que, en nombre de una crisis incomprobable, buscó despedir a diez trabajadores de un total de 50 entre los que se encuentran los representantes sindicales. Lo mismo la química Fademi, de Zárate, que produce baterías y aprovechó la situación para despedir a 36 trabajadores en huelga para incorporar otros en su reemplazo. La justicia bloqueó la maniobra pero es un síntoma de lo que ocurre en la industria.

Un modelo anti industrial

El último informe de utilización de capacidad instalada de la industria del Indec indica que el sector manufacturero opera al 63,2% de su potencial. Si bien se trata de un porcentaje superior al piso del 54,6% de enero todavía está dos puntos por detrás de lo que ocurría en octubre de 2023 y del promedio del 65% para ese mes desde 2016.

Datos oficiales (SIPA) indican que, desde noviembre de 2023, se destruyeron 32 mil empleos en el sector manufacturero que representan el 2,7% de los puestos originales. Es un porcentaje solo superado por la Construcción y la Hotelería. Esos empleos destruidos representan el 18% del total de los 172 mil puestos de trabajo registrados que se perdieron en el sector privado desde que asumió el nuevo gobierno.

A la hora de indagar en los motivos surge, en primer lugar, el derrumbe de la actividad y especialmente del consumo que, según la Came, a noviembre de 2024 acumula una caída del 12,2%. Pero la preocupación de los grandes industriales está en lo que denominan “costo argentino” y que está determinado en primer lugar por la política de tipo de cambio alto que, a pesar del retroceso del poder adquisitivo, llevó el salario promedio de los trabajadores registrados medido en dólares desde poco más de U$S 574 en enero de este año hasta más de mil dólares en agosto. La política de apertura comercial también resulta una amenaza aunque, fuentes del sector, aseguran que la falta de dólares y la recesión todavía no permitieron que se desplieguen las importaciones en todo su potencial y amenaza.

No todo es lo mismo

Con todo, el impacto resulta heterogéneo. Un estudio publicado en diciembre por el Centro de Estudios de la UIA (CEU) da cuenta de una destrucción de 29.246 mil puestos de trabajo en la industria entre septiembre de 2023 y el mismo mes de este año pero con fuerte incidencia en determinados sectores de uso de mano de obra intensiva como textiles y calzados que explican más de 8500 del total y representan el 7% de los sectoriales. La metalmecánica destruyó 8395 puestos, un 3,6%.  Otros sectores con fuerte incidencia son el de madera y papel (-3316), el automotriz (-2485) y el químico que destruyó más de 1.500 puestos. Del otro lado, el sector de alimentos generó más de 4 mil puestos de trabajo.

¿Cambio de tendencia?

Desde la principal entidad industrial del país, si bien reconocen el parate y la pérdida de puestos de trabajo, al mismo tiempo creen que “podría haber sido peor”. En rigor, aseguran que la crisis del empleo en el sector manufacturero ni se acercó a lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, gustan destacar que no hubo ningún mes donde se destruyeran más de 5 mil puestos cuando en el macrismo hubo varios en los que la pérdida de puestos del sector superaba los 10 mil.

Pero además, de la cuarta encuesta anual que realiza la UIA surge que, en noviembre, por primera vez en el año son más los empresarios que aseguran haber incrementado sus dotaciones que aquellos que las redujeron en lo que, aseguran, es un cambio de tendencia y una desaceleración de las cesantías.

La caída del empleo registrada, aseguran en confidencialidad, no se corresponde con la merma de la actividad porque la reactivación industrial posterior a la pandemia no fue acompañada con un incremento de puestos de trabajo acorde sino que se afrontó con una suba de la productividad por trabajador y, en todo caso, mediante horas extras y empleo estacional.

Con todo, reconocen que “las empresas están viendo un escenario complicado para 2025 desde el punto de vista de la competitividad por costos y la apertura importadora”. Además, alertan sobre “este nuevo cisne negro en Brasil (por la devaluación del real) que es clave para la industria argentina que tiene una integración muy fuerte tanto por importaciones como por exportaciones”.

Marcelo Fernández de la CGERA señaló a Tiempo que “las pymes no son despedidores seriales. Eso hacen las grandes empresas. Tomamos esas decisiones sólo cuando estamos por cerrar”. El dirigente explicó que el impacto de la recesión se verifica en “sólo en restricción de turnos y suspensiones”. Con todo, coincidió en que “todavía no se ve masivamente como en momentos de crisis grave”. Para el dirigente “si el año que viene continúa esta situación, es preocupante”.

Reclamos patronales

A la hora de determinar la raíz del problema, la entidad fabril por excelencia prefiere no cuestionar el tipo de cambio. Es que, reconocen, “la estabilidad de los precios crea credibilidad y confianza”. Por eso prefieren apuntalar la competitividad por la vía de las reformas estructurales. En línea con la agenda oficial apunta a la impositiva y la laboral. Sin embargo, sí cuestionan la política del gobierno en lo que hace al gasto público orientado a la inversión en infraestructura que, además de traccionar sectores clave como la construcción y su cadena de valor, ofrecen una mejora en la competitividad por la vía de la baja de los costos. 

Para Marcelo Fernández, “la solución de las pymes viene por el consumo. Si siguen aumentando los costos no vamos a ser competitivos y vamos a perder puestos de trabajo y empresas. El poder adquisitivo se va en alimentos y servicios. No todos los sectores productivos están vinculados a los que están creciendo, como el gas, el petróleo o el agro. ¿Cómo hacemos para que cadenas de valor que están comprometidas puedan reactivarse? Eso queremos discutir”. «