Destituido por el ARA San Juan, le ganó un millonario juicio al Estado

El ex capitán de navío de la Armada Argentina Claudio Javier Villamide, destituido en marzo pasado por un tribunal militar por su responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan, le ganó un millonario juicio al Estado por diferencias salariales percibidas incluso después de la tragedia de noviembre de 2017. Así lo revelaron fuentes judiciales, que precisaron que Villamide encabezó un grupo de  militares que formularon el reclamo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal el 12 de marzo de 2019, casi 15  meses después del hundimiento y cuando su conducta ya estaba siendo evaluada por un tribunal militar y por otro federal.

 Villamide obtuvo un fallo favorable por 1.026.146,69 pesos, producto de la liquidación de haberes de acuerdo con un decreto, el 1.305/12, que estableció los sueldos y la modalidad de las fuerzas armadas durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esa norma ya había sido cuestionada anteriormente y la Corte Suprema determinó que “los suplementos creados por el Decreto 1305/12 y sus modificatorios no reúnen en la práctica ninguna de las características para ser considerados suplementos particulares, sino que comportan lisa y llanamente un aumento en la remuneración de la generalidad del personal militar en actividad”.

El ex Capitán todavía estaba en actividad: sólo el 22 de marzo pasado fue destituido por un  Consejo de Guerra, tras ser considerado “negligente en su accionar al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo, al no haber ordenado ni recomendado expresamente al Comandante del ARA San Juan la conveniencia de permanecer en superficie por un período limitado, manteniendo una comunicación a intervalos hasta definir un modo de acción que permitiese una navegación segura de regreso a puerto”.

En ese proceso, Villamide fue defendido por el abogado Juan Pablo Vigliero, quien asiste a la ex número dos de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Silvia Majdalani, y anteriormente representó a la querella de las hijas del fiscal Alberto Nisman en la investigación sobre su muerte. Villamide estaba a cargo de la fuerza de Submarinos cuando ocurrió la tragedia y fue destituido “no adoptar medidas en el ámbito de su Comando para convocar en forma urgente a su Estado Mayor y a otros especialistas a efectos de analizar exhaustivamente la situación y profundizar en la búsqueda de la mejor solución”.

Mientras las dos investigaciones, la militar y la penal, estaban en curso, Villamide encabezó un grupo de marinos que reclamaron por los reajustes salariales: Ana María Almada, Carlos Julián Miganne, Ariel Omar Oviedo, German Eduardo Da Re, Valeria Mariel Risso y Luis Néstor Ferraris. Todos obtuvieron el mismo resultado judicial, aunque sus liquidaciones fueron sensiblemente inferiores a las de Villamide, quien por su jerarquía militar fue acreedor a una suma mayor.

La liquidación final incluye el mes en el que se hundió el ARA San Juan, ya que el período reclamado se inició –según documentación del expediente- en marzo de 2017. En noviembre de 2017, cuando desapareció el submarino, el fallo estableció para Villamide una liquidación adicional de 24.748,14 pesos. El fallo de primera instancia, firmado por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials en setiembre de 2019, fue confirmado por la Cámara en julio de 2020, en un fallo de los jueces Clara Do Pico y Rodolfo Facio. Allí se inició el proceso de liquidación, es decir el pago por parte del Estado Nacional –a través del Ministerio de Defensa- del importe correspondiente a las diferencias salariales.

La abogada del Estado María Montserrat Licastro Aguilera presentó la liquidación, que le fue informada a Villamide el 8 de febrero de 2021, cuando el proceso militar por su responsabilidad por el ARA San Juan estaba en etapa de definición. Tres días más tarde, Villamide aceptó la liquidación, a través de un escrito presentado por su abogado en ese expediente, Daniel Chourrout. El juzgado dispuso entonces la apertura de una cuenta en el Banco Nación para depositar allí los fondos de la sentencia.