Detenidas denuncian agravamientos en las condiciones de acceso a la salud tras nueva ola de Covid-19

Mujeres y mujeres trans presas en el Complejo Penitenciario IV de Ezeiza denuncian agravamientos en las condiciones materiales de detención. Aseguran que ante la nueva ola de Covid-19 llevan casi un mes sin agua potable, muchas están infectadas, tienen problemas de comunicación telefónica, no pueden acceder a atención médica, sufren retrasos en el cobro de salarios y además el Servicio Penitenciario Federal (SPF) las hostiga por sus reclamos.   

“Estamos sin agua potable desde el 25 de diciembre del año pasado”, denunció una de las detenidas que pidió no dar su nombre por temor a represalias. También explicó que el pozo de agua no sirve más y contó que “en el penal nos dan bidones pero no alcanzan para cubrir nuestras necesidades básicas y beber”. Hace dos días está trabajando una empresa que intenta dar una solución. “Creo que están haciendo una perforación nueva”, agregó.

Las detenidas solicitan una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes y los organismos de control para que intervengan en el asunto, “pero hasta el momento no se concretó”.

“Desde el 28 de diciembre estamos sin teléfonos. Dicen que se robaron los cables de la central ubicada en la ciudad de Monte Grande, acá hay más de treinta pabellones y la mayoría están sin el servicio de comunicación, andan solo cinco en toda la cárcel”, aseguró la fuente. Y detalló que habitualmente tienen tiempo para hablar por teléfono “de 8 de la mañana hasta la 12 de la noche y ahora con este problema nos dieron una extensión de 6:30 a 01:30, pero solo podemos llamar, no podemos recibir llamadas”. La mujer señaló que pidieron que “nos provean de tarjetas telefónicas pero no lo hacen. Como respuesta nos volvieron a dar las videollamadas que teníamos cuando empezó el aislamiento social”.

Otro problema que la mujer expuso a este diario es sobre salarios adeudados, “recibimos la mitad del sueldo. El 22 de diciembre cobramos el aguinaldo, los primeros días de enero la mitad del sueldo de diciembre”, puntualizó. Y aclaró que les dijeron que ocurrió porque el ente de cooperación técnica y financiera (ENCOPE) del SPF que las contrata “hizo un cierre anual presupuestario el 10 de diciembre. Por eso nos pagaron los días que trabajamos hasta el 10, y lo que resta los cobraremos en febrero junto con lo de enero”.

“Lo concreto es que no tenemos dinero para comprar bidones de agua y tarjetas para hablar por teléfono. Muchas de nosotras desde acá adentro enviamos plata a nuestros hijos y otros familiares. Por eso hace una semana hicimos una ‘huelga de brazos caídos’ y no salimos a trabajar. Los penitenciarios nos amenazan para que no digamos nada”.

Es por todo ello que exigen una mesa de diálogo con las autoridades penitenciarias, la interventora del SPF, organismos de control como la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Comité Contra la Tortura, “también invitamos al Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI) y a la Organización Política y Feminista ‘Yo No Fui’. También a quienes quieran participar y ayudarnos a encontrar una solución a estos problemas”, cerró la detenida.   

Los resultados

 “Nuestras compañeras que están detenidas nos enviaron una carta contando la terrible situación que están viviendo”, contó Lidia Pérez, referente nacional de la rama de personas liberadas del Movimiento Evita.  Agregó que automáticamente “nos comunicamos con el SPF y nos dijeron que ellos se habían comunicado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Allí decidieron llamar a una empresa para que haga un pozo nuevo, calculamos que a fin de mes estará terminado”.

“Nosotras hicimos un enlace con las pibas del Centro Universitario de Ezeiza (CUE) para que se cumpla lo que están pidiendo”, aseveró Pérez. Respecto a los sueldos adeudados les respondieron que es consecuencia de la “administración de ENCOPE y que en febrero les pagarán”. En cuanto a la comunicación explicó que están reclamando “a Telefónica pero aún no nos responden”.

“Apoyamos a las pibas en el pedido de una mesa de diálogo permanente para tratar los problemas cotidianos de acceso a la salud que tienen en Ezeiza y en muchos otros penales tanto de la órbita federal como provincial”, remarcó Pérez.  Y finalizó contando que a pesar de todo lo que pasa están muy contentas “porque desde el sector de personas liberadas -por medio de la organización y el trabajo- podemos ayudar a quienes están en las cárceles. Pero lo más importante, es que las personas creen, se sienten representadas y acompañadas”.