El detenido William Lautaro Alarcón tenía 31 años. Su cuerpo fue hallado sin vida, estaba ahorcado, colgado con una sábana en el interior de una celda del pabellón para "resguardo de personas" de la Unidad Penal 47 de José León Suárez.
El detenido estaba bajo la tutela del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 del Departamento Judicial de San Isidro, en la investigación por el deceso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de San Martín.
Según el parte informativo del SPB, el encargado de turno alcaide (E.G) Cristian Giménez, fue el que comunicó que aproximadamente a las 07:30 horas del martes pasado se encontraba realizando «el habitual recuento general de la población».
Y que al llegar al pabellón de «resguardo de personas», el encargado de ese lugar, el adjutor (E.G) Santiago Chierñiacoff, le comunicó que al abrir la celda número 8 encontró al detenido Benítez Alarcón ahorcado.
Su cuerpo colgaba en la puerta con una sábana atada al cuello y también dice que todo esto fue comunicado al jefe de turno, el prefecto (E.G) Pablo Olivari, «quien descolgó el cuerpo y empezó a practicarle maniobras de RCP».
La versión oficial sostiene que luego avisaron a la enfermera de sanidad y automáticamente les comunicó «que el detenido no tenía signos de vida». Sin embargo, sus pares de prisión en diálogo con Tiempo, aseguraron: «Los penitenciarios sabían que el pibe estaba mal y no le brindaron ningún tratamiento y mucho menos acompañamiento».
El parte dice que llevaron el cuerpo al sector de control de acceso al pabellón y pusieron el cuerpo bajo candado y en custodia del adjutor (E.G) Juan Cáceres, quien a la misma vez cuidaba la celda en la que encontraron al Benítez Alarcón.
También señala que al realizar el correspondiente control de las rejas -a las cuatro de la madrugada- y recuento de población, por las ventanillas de dicho sector, «el detenido se encontraba recostado en la cama usando su celular».
Las autoridades responsables del Complejo Penitenciario Conurbano Norte San Martín, donde funcionan las unidades 46, 47, 48 y la Alcaidía Departamental, son Darío Gastón Potes, Alejandro Martínez y Claudia Varano.
Según los testimonios de los denunciantes que este diario entrevistó: «Tienen protección institucional para hacer todo lo que están haciendo, violando todos los derechos de los detenidos y cometiendo graves delitos».
En estos penales, desde principios del año en curso vienen ocurriendo hechos gravísimos que fueron denunciados por parte de la población carcelaria, los presos que estudian y hasta el mismo personal penitenciario. Mujeres que acusan a sus jefes de persecución, hostigamiento y acoso sexual.
Días atrás, el juez Carlos Mariano González, titular del Juzgado de Garantías en lo Penal No 2 de San Martín, ordenó a los directores del complejo y a la Jefatura del SPB, la inmediata clausura de buzones (pabellón de castigo y aislamiento) de la Unidad Penal 46.
González también les indicó las siguientes medidas: Disponer la medida cautelar de prohibición de ingreso y permanencia de internos en el sector de buzones y en la celda dos del sector de admisión del penal. Y que antes de ejecutar alguna decisión sobre esos habitáculos deben primero consultar con él.
El magistrado argumentó que de ningún modo se puede vulnerar los derechos constitucionales de los detenidos y tampoco soslayar los que les otorgan la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También señaló el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Así mismo, requirió al director de la Unidad Penal 46 para que en forma coordinada y mancomunada con el jefe del Complejo Penitenciario Conurbano Norte San Martín ejecuten la orden que efectuó en término de una semana.
En ese plazo deben comenzar con los trabajos de reparación del sistema eléctrico, colocación de ventanas, reparación de la red cloacal, del sistema sanitario, griferías, termotanque, duchas, trabajos de pintura y reparación de puertas.
Fue todo lo que el magistrado pudo constatar durante su visita al lugar, que hizo en el marco de un habeas corpus presentado por un detenido que está bajo su tutela. Cuando llegó al lugar se dio cuenta que todos lo allí cautivos se encontraban con sus derechos vulnerados y en condiciones de detención agravadas.
En varias oportunidades las propias penitenciarias denunciaron a sus jefes por distintas cosas: acoso sexual, violencia, hostigamiento, persecución y por obstaculizarles el acceso a la educación superior en la Unidad Penal 48, entre otras.
También está el caso de la oficial subprefecto Carolina Naveira, trabajadora social, quien denunció al director Alejandro Martínez por hostigamiento, persecución, acoso laboral y sumó al que era el subdirector administrativo Ángel Massei. No obstante, este último fue premiado por la Jefatura del SPB; ahora es el director del penal 48 y tiene mayor poder sobre Naveira.
La oficial, además explicó que estos penitenciarios de alta jerarquía son amigos de otro subdirector que la perseguía y que ella denunció el año pasado, Diego Antonio López. La subprefecto entiende que está pagando las consecuencias por las denuncias que hizo «ante el hostigamiento y la persecución que hasta la actualidad sigo sufriendo», denunció.
También hay otras penitenciarias universitarias que denunciaron a sus jefes por hechos gravísimos. Sin embargo la violencia cayó sobre ellas y no sobre sus agresores. Ellas son llamadas por sus jefes, «las preseras», porque estudian con los detenidos y detenidas en la sede CUSAM, que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) instaló en el penal 48 a finales de 2008.
La comisión directiva del Centro de Estudiante Universitario «Azucena Villaflor» viene denunciando y reclamando el inmediato reintegro de todos los estudiantes que fueron trasladados arbitrariamente y sus carreras de grado están interrumpidas. «No pueden hacer eso, porque constituye un delito federal», apuntaron.
Ya realizaron denuncias con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), también lo hicieron ante los Juzgados de Ejecución Penal de San Martín y San Isidro. Uno de los habeas corpus fue dirigido al presidente del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos, Carlos Ángel Natiello.
Cabe destacar que este diario tuvo acceso a la respuesta institucional que la Jefatura del SPB dio a pesar de la cantidad de delitos denunciados y que muchos de ellos fueron comprobados. Sin embargo, todo lo resuelto es contradictorio al reclamo estudiantil. «Sabemos que lo están haciendo para disciplinarnos», señalaron.
El principal denunciado, Alejandro Martínez, que era el director de la 48, ahora asumió como secretario de todo el Complejo. Por lo cual, su poder de hacer y deshacer ha crecido en gran manera por la decisión institucional adoptada.
Por otro lado, el jefe Omar Gauna y el subjefe Javier Alegre, ambos del penal 48, resultaron intactos ante todas las denuncias y conservan sus puestos de trabajo, siendo que el reclamo de los estudiantes fue: «Que los sacaran y traigan a oficiales honestos que cumplan el rol de funcionarios como corresponde».
Los detenidos en el Complejo Penitenciario Conurbano Norte en diálogo con este diario denunciaron que están hacinados. «Son celdas para seis personas y somos 10 en algunas de ellas y en otras hay entre 15 y 17 presos todos amontonados. Estamos así desde principio de año», denunciaron.
También contaron que muchos de ellos no tienen colchones, que duermen en el piso. Y se quejan de que se produjo una importante cantidad de traslados arbitrarios e injustificados para disciplinar a quienes se atreven a denunciar «todos estos delitos que están legitimados por las autoridades provinciales que apañan a los penitenciarios».
En el memorándum de la Jefatura del SPB se puede ver completo en el siguiente archivo adjunto. Muestra en forma clara y precisa lo que denuncian los universitarios.
La gran mayoría de las muertes en contexto de encierro ocurren por la falta de atención médica. Así lo indican todos los informes elaborados por los organismos de Derechos Humanos que recorren las cárceles.
Cabe destacar que la Comisión Provincial por la Memoria muchas veces ha presentado habeas corpus tras haber encontrado a grupos presos en condiciones de detención agravadas. Y hasta en peligro de muerte, por riesgos de derrumbes e instalaciones de electricidad precarias, entre otras.
Por lo cuál, la Justicia ordenó repetidas veces, en distintos casos y en distintos penales, que el órgano político responsable, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, brinde una respuesta ante las distintas situaciones violatorias de derechos y no lo hizo. La estrategia jurídica siempre es la misma, «el recurso de apelación» de lo resuelto por los jueces.
Así el habeas corpus va a la instancia de apelaciones. Mientras tanto, los distintos grupos de detenidos en situaciones terribles continuaban durante meses con todos sus derechos vulnerados. Entonces quedó al descubierto que los propios funcionarios ministeriales omiten graves delitos que cometen los penitenciarios.
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