En las páginas 10 y 11, Adrián Murano corre el velo sobre un tema de extrema gravedad institucional que ante la abrumadora cotidianeidad de los tarifazos, los precios en suba, la desocupación en alza, se teje entre bambalinas del poder. En los despachos de funcionarios del Ministerio de Defensa avanza un proyecto más que polémico con el fin de reformar la Ley de Seguridad Interior, lo que habilitaría a las Fuerzas Armadas a actuar en el territorio nacional, por ejemplo, contra delitos transnacionales como el narcotráfico.
Un proyecto que se cocina en secreto en este contexto político, donde venimos de la celebración del Bicentenario en Tucumán en la que se les dio centralidad a los militares que con Aldo Rico a la cabeza embadurnaron sus caras de betún para alzarse contra una incipiente democracia. A esa postal verde oliva se debe añadir otra imagen que se repitió mes a mes desde la asunción del actual gobierno: la de trabajadores con las marcas de balas de goma en sus cuerpos producto de la saña represiva. Esta semana ocurrió en Jujuy contra los obreros del Ingenio Ledesma y sus familias. Una provincia gobernada por el radical-macrista Gerardo Morales en la que la dirigente social Milagros Sala lleva más de seis meses presa condición a la que el poder jujeño sumó días atrás a Raúl Noro, marido de la líder de Tupac Amaru, y en la que aún goza de impunidad Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio, acusado por el secuestro de cientos de trabajadores, en la Noche del Apagón de la que se cumplirán 40 años el 20 de julio.
En ese marco, de tarifazos a la mandíbula, con un descontento social creciente que se reflejó en el ruidazo el jueves último contra el gobierno nacional, detrás de escena el macrismo avanza con la reforma de la Ley de Seguridad Interior. Y con otro dato significativo: la Correpi alertó que en las últimas semanas viene recibiendo una denuncia por abuso policial cada seis horas cuando hasta 2015 eran dos o tres por semana.
Y algo más: la causa por el feroz ataque contra la redacción de Tiempo Argentino pasará al fuero federal. La jueza contravencional porteña María Julia Correa se declaró incompetente y reconoció que el ataque de Mariano Martínez Rojas y sus matones tuvo la intención de impedir la continuidad del diario; por ende, fue un ataque a la libertad de expresión.
Por eso, más allá del apoyo manifiesto a los trabajadores de casi todo el arco político (de Héctor Recalde y Carlos Heller a Néstor Pritrola y Myriam Bregman, de Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto Lago a Pablo Ferreyra y Remo Carlotto, por citar sólo algunos a modo de referencia), habrá que seguir con atención el devenir judicial, porque la dilación de Justicia también es impunidad.
A dos semanas de la irrupción de la patota contra Tiempo y Radio América, no hay detenidos
